SOCIALISMO PLATENSE TRABAJARÁ EN EL PRESUPUESTO
PARTICIPATIVO DE LA CAPITAL PROVINCIAL
La Asamblea del Partido Socialista de La Plata resolvió anoche aceptar la invitación del intendente Pablo Bruera de asumir la dirección operativa del Presupuesto Participativo, que fuera anunciada públicamente en el acto realizado por el gobierno municipal el jueves 21 en el Pasaje Dardo Rocha.
El secretario general del socialismo platense, Carlos A. Sortino, señaló que “concebir el Presupuesto Participativo como una forma de democracia directa y como el primer paso hacia la superación de la democracia representativa formal, es uno de los ejes del mensaje político que los candidatos del Partido Socialista de La Plata, elegidos por sus afiliados, pusimos a consideración del pueblo en la última campaña electoral, cumpliendo con el mandato de su Asamblea Municipal. Es desde esta coincidencia programática que pusimos a examen de la Asamblea partidaria aquella invitación y que elaboramos un programa que pondremos a consideración del intendente”.
Carlos A. Sortino
Secretario General
Partido Socialista
La Plata
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Página 12 - Sociedad - Pág. 12
Un laboratorio al archivo
La creación de un laboratorio estatal de producción de medicamentos en el ámbito porteño quedó definitivamente archivada, tras una decisión de la misma Legislatura que la había aprobado. La Comisión de Salud archivó la insistencia en la ley sancionada por el cuerpo y vetada por el jefe de Gobierno, Mauricio Macri. Los integrantes de la comisión lo resolvieron pese a la defensa del texto realizada por el legislador porteño Raúl Puy (Partido Socialista). “Queremos darles más fuerza a los laboratorios de los talleres protegidos”, indicó.
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EL KIRCHNERISMO LOGRO APROBAR LA LEY QUE DEBERA REORDENAR EL SISTEMA FERROVIARIO. CRITICAS DE LA OPOSICION
Con De Vido de maquinista y el bloque encarrilado
La nueva ley dispone la creación de dos agencias del Estado para operar y controlar el sistema ferroviario. La oposición votó en contra y cuestionó la injerencia del Ministerio de Planificación.
Por Werner Pertot
El kirchnerismo consiguió aprobar una ley para reordenar el sistema ferroviario, con la que creó dos sociedades del Estado bajo la órbita del Ministerio de Planificación, conducido por Julio De Vido. Estas agencias estatales tendrán a su cargo la operación y el control del funcionamiento de los ferrocarriles. Luego de dos intentos de sancionar la norma, que fracasaron por diferencias internas en el oficialismo, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner intervino para reordenar su bloque y conseguir que se aprobara la iniciativa. En una sesión ríspida, al bloque mayoritario le llovieron críticas por derecha y por izquierda. La oposición cuestionó la suma de atribuciones para De Vido y para el secretario de Transporte, Ricardo Jaime. También denunció que algunos de los empresarios del sector contribuyeron con la campaña de Cristina Kirchner.
La ley fue una respuesta a los incidentes que hubo en mayo del año pasado en la línea ex Roca de Constitución y las críticas que se levantaron contra los concesionarios. La iniciativa transfiere de la CNRT al Ministerio de Planificación el control de los trenes y crea dos sociedades del Estado: la Administración Ferroviaria y la Operadora Ferroviaria, que convivirá con las actuales concesionarias y empresas privadas que administran los trenes de carga.
Luego de que lo aprobara el Senado en julio del año pasado, el proyecto llegó dos veces al recinto de la Cámara baja, pero en ambas fracasó por disidencias internas del kirchnerismo. Se negó a votarla una parte de los aliados, incluidos los radicales K y el bloque que encabeza Ariel Basteiro. Desde ese bloque surgieron algunas críticas y sugerencias de modificaciones, que diferían de las que hace la oposición: planteaban que la ley daba competencias demasiado amplias y que incluso dejaba abierta la posibilidad para que se vendan los bienes de los ferrocarriles. También cuestionaron que no se abriera el debate y se les exigiera aprobar el proyecto sin plantear disidencias. “Este es un proyecto que nos pide (Ricardo) Jaime. Y cuando él nos pide algo, todos sospechamos”, reconocieron a Página/12 en los despachos K.
Desde el entorno de la Presidenta hubo conversaciones intensas durante todo febrero para lograr que se votara el proyecto tal como estaba. Finalmente, rindieron sus frutos: buena parte de los que se negaban a aprobarla levantaron la mano ayer. Entre ellos, estuvieron el socialista Ariel Basteiro, Patricia Vaca Narvaja y Victoria Donda. El radical Daniel Katz, en cambio, pegó el faltazo y hubo dos abstenciones: el santiagueño Rafael López y la diputada mapuche Rosa Chiquichano. La ley se aprobó, finalmente, con 152 votos a favor y 73 en contra.
Contribuciones
Entre los opositores, el jefe del bloque del ARI Autónomo, Eduardo Macaluse, optó por una enumeración de los contribuyentes de la campaña de la Presidenta: “Angelo Calcaterra (primo de Franco Macri) a quien Cristina Kirchner le adjudicó mediante el decreto 96/2008 la construcción del tren bala, contribuyó a su campaña con 398.948 pesos”, denunció Macaluse, que también mencionó a “Néstor Otero, que contribuyó con 150 mil pesos, y mediante la resolución 1962 del Ministerio de Infraestructura le otorgaron la construcción de la nueva terminal de Mar del Plata”.
–Vaya redondeando, porque se ha excedido en su tiempo –le pidió más de una vez el presidente de la Cámara, Eduardo Fellner.
–Voy redondeando, incluso voy redondeando las cifras, porque son redondas –chanceó Macaluse– El empresario Daniel Milliacci, de la Cámara de Empresas Automotores, contribuyó con 10 mil pesos...
“Mientras se discutía esto, hoy con la lluvia el Sarmiento estaba paralizado por tener inundadas las vías”, comenzó Claudio Lozano, subido al mismo vagón. “Esta propuesta cuando llegó al Congreso tenía la virtud de permitir la intervención sobre los concesionarios. En el Senado, casualmente, se eliminó todo tipo de injerencia. Los empresarios con esto duermen profundamente tranquilos”, advirtió el diputado de la CTA, que cuestionó “la no revisión de los contratos, de los subsidios millonarios y la prioridad para el tren bala”. “Con las tres cuartas partes de la inversión para el tren bala podríamos recuperar 7 mil kilómetros de transporte de pasajeros”, sostuvo Lozano.
La oposición también cuestionó que, al ser sociedades del Estado, ambos entes no pasarán por los controles que se impone a la administración financiera. “Las dos empresas quedan bajo la órbita de De Vido y sin control porque Planificación administra, opera y se controla a sí misma. Este sistema puede producir un desmanejo profundo del sistema ferroviario, porque el ministerio es juez y parte”, remarcó el jefe del bloque de la Coalición Cívica, Adrián Pérez. “No es razonable ni transparente tener la operación y el control del sistema ferroviario en las mismas manos”, coincidió el diputado de PRO, Federico Pinedo. El radicalismo presentó un proyecto propio, firmado por Alejandro Nievas, que también consideró que De Vido “asumirá las facultades de la Uniren”, en referencia a la Unidad de Renegociación del Estado.
A cargo de la defensa de la ley, estuvo la presidenta de la comisión de Transportes, Beatriz Daher, que destacó que ambas empresas tendrán “todos los controles internos y externos”, tanto de la Sigen como de la AGN. En tanto, Basteiro sostuvo que Planificación es “el ministerio lógico” bajo cuya órbita deben estar ambas empresas.
Ambito Financiero - Economía
Creó el gobierno dos empresas estatales para manejar trenes
La Cámara de Diputados convirtió ayer en ley el proyecto que establece la reorganización del sistema ferroviario a través de la creación de dos nuevas empresas del Estado destinadas a «controlar y coordinar los servicios de trenes», en un caso, y operar ramales, en el otro.
El gobierno tuvo que enfrentar un duro debate antes que los diputados kirchneristas y sus aliados lograran destrabar un proyecto que ya había sido aprobado en el Senado, pero había quedado congelado en la Cámara baja durante todo el año pasado.
Con 152 votos a favor y 73 en contra, el oficialismo aprobó la iniciativa, cuestionada por los bloques opositores, que rechazaron la «libertad» de decisión y los «escasos controles» que se realizarán sobre esas empresas que estarán bajo el comando de Julio De Vido.
La ley crea una nueva administracióndel sistema de trenes,que tendrá a su cargo «la infraestructura ferroviaria actual, la que se construya en el futuro, su mantenimiento y la gestión de los sistemas de control de circulación de formaciones». Es decir, el poder absoluto sobre todo el negocio ferroviario en el país.
Activos
Pero además, tomará a su cargo en un lapso de dos años el patrimonio ferroviario que se encuentre en jurisdicción del actual Organismo Nacional de Administración de Bienes. Esos activos que la nueva administración ferroviaria podrá vender incluyen miles de hectáreas y terrenos en lugares claves de las principales ciudades del país, incluida Buenos Aires.
Con la implementación se constituirá la Sociedad Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado, una entidad encargada de prestar «servicios de transporte ferroviario de cargas y de pasajeros, incluyendo el mantenimiento del material rodante».
Agustín Rossi fue el encargado de defender la ley: «La medida propone un avance que corregirá lo que se ha hecho mal y se darán mejores controles. No entiendo por qué descalifican el sistema; es una descalificación burda», dijo frente a una catarata de protestas y hasta amenazas de denuncias que llegaban desde la oposición.
Una de esas críticas se centra en el poder que se da a De Vido para controlar el nuevo sistema: «¿Dónde quieren que ubiquemos esta empresa estatal, en el Ministerio de Salud, en la Secretaría de Ambiente, en el Ministerio de Relaciones Exteriores?», dijo Rossi.
Desde la vereda de enfrente le respondió el jefe del ARI Autónomo, Eduardo Macaluse: «El Estado no controla a las empresas prestadoras del sector porque muchas de ellas contribuyeron con dinero en la campaña de Cristina Kirchner», dijo y recordó que la ley de financiamiento de los partidos políticos prohíbe que las empresas de servicios públicos privatizados aporten a las campañas electorales.
«Esto es la patria subsidiada, en la que, en realidad, las empresas concesionarias lo que tienen en las boleterías es una especie de alcancía donde todos los bobos que tenemos que viajar en el ferrocarril o en el subterráneo depositamos nuestra plata; ellos se la llevan y no ponen absolutamente nada porque las inversiones las hace el Estado», remató Macaluse. Desde el radicalismo, Alejandro Nieva afirmó que el plan «ni ordena ni protege el sistema ferroviario; por el contrario, es una iniciativa regresiva», dijo.
La jefa del bloque socialista, Laura Sesma, le acotó: «Esto es un cheque en blanco para el Ministerio de Planificación». Más duro estuvo el radical santafesino Pedro Morini: «Esta es una ley más, que reemplaza a la de privatizaciones de Menem y Cavallo, aunque, en este caso, las facultades y el poder son delegados al Ministerio de Planificación Federal, sin un marco regulatorio que permita, ante cualquier falencia, la participación de un organismo de control».
El proyecto de reordenamiento vial fue uno de los pocos fracasos que tuvo el gobierno en el Congreso el año pasado. Hasta tuvo la contra de algunos kirchneristas y en la última sesión de 2007, la oposición se puso de acuerdo y evitó que el tema fuera tratado en el recinto.
Por eso, como el kirchnerismo no había podido sancionar la ley durante las sesiones ordinarias del período anterior, Cristina de Kirchner decidió colocar el proyecto dentro del único debate extraordinario de Diputados.
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Los oficialistas son mayoría, pero no todos parecen serlo
En el kirchnerismo hay recelos de algunos de sus miembros
La de los peronistas y los radicales K podría definirse como esas relaciones que se generan en el trabajo y que suelen resumirse en la célebre frase: "No somos amigos; somos simplemente conocidos".
Sólo así se puede entender cómo a pesar de sostener la defensa del mismo proyecto político, en ambos lados persiste una fuerte sensación de desconfianza mutua.
En particular del lado de los peronistas, que todavía ven en sus circunstanciales aliados a quienes hasta no hace mucho tiempo eran sus rivales políticos. El detalle no es menor, ya que la ruptura de este delicado equilibrio podría complicar la cómoda mayoría que el kirchnerismo tiene en ambas cámaras parlamentarias.
Los recelos están a la vista. La relación del vicepresidente Julio Cobos es casi inexistente con el bloque kirchnerista de la Cámara alta, que lo ve, según confían algunos de sus integrantes, como un recién llegado que quiere hacer política con su condición de presidente del Senado.
Además, tampoco hay plena confianza en los dos radicales K que hay en el cuerpo, el rionegrino Pablo Verani y la correntina Dora Sánchez. Tanto es así que una senadora oficialista planteó la necesidad de aumentar la composición de las comisiones de los 15 miembros actuales a 17.
"Necesitamos asegurarnos las firmas propias para emitir dictamen, porque si un día deciden dejar de ser oficialistas pueden dejarnos sin mayoría en las comisiones", argumentó la legisladora.
La propuesta, en realidad, estuvo a punto de prosperar, pero finalmente fue detenida desde la Casa Rosada hasta mejor ocasión.
Aporte necesario
En la Cámara de Diputados el oficialismo tiene 128 diputados propios (casi el quórum, que es de 129), pero la asistencia perfecta es siempre muy difícil, razón por la cual el aporte de radicales y de provinciales K, más otras fuerzas de centroizquierda, es fundamental y cobra mayor trascendencia para asegurarse la sanción de cualquier ley.
Y, para colmo, en la bancada oficialista que conduce el rosarino Agustín Rossi tampoco hay plena confianza en que esos sectores responderán siempre y sin objeciones al llamado del Poder Ejecutivo.
Algo de eso ya ocurrió en diciembre último, cuando los miembros del bloque Encuentro Popular y Social (que reúne a la kirchnerista Vilma Ibarra, el socialista Ariel Basteiro, la nieta recuperada María Victoria Donda y la cordobesa de Libres del Sur Paula Merchan) se negaron a dar sus votos para habilitar el tratamiento sobre tablas del proyecto de ley de reordenamiento ferroviario (que trataba la Cámara de Diputados al cierre de esta edición).
Este caso desnuda, en realidad, la dura pelea interna que protagonizan desde hace varios años el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, y el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido.
Esos cuatro legisladores son "soldados" de Fernández en la Cámara baja y así lo demostraron al oponerse a acelerar el debate de un proyecto que De Vido reclama desde hace casi un año y que, por una razón u otra, se encuentra empantanado desde marzo en la Cámara baja. En definitiva, como dice el saber popular, "a seguro, se lo llevaron preso".
La Nación - Política - Pág. 6
Los opositores se preparan para una batalla desfavorable
El oficialismo, más fuerte en el Congreso
Convencida de que el pacto social quedará como una promesa, Cristina Kirchner que nunca se concretará, la oposición promete unir fuerzas para convertir los recintos de ambas cámaras parlamentarias en el escenario donde enfrentar y poner freno a un kirchnerismo cada vez más poderoso y alejado del diálogo político.
Las coincidencias se ven potenciadas por la casi unánime sensación de que la relación con el Poder Ejecutivo no cambiará y de que, con Cristina, el Congreso seguirá subordinado a los deseos de la Casa Rosada, tal como ocurrió con Néstor Kirchner.
Por eso no es extraño que muy pocos legisladores -con excepción de los oficialistas- se entusiasmen por lo que dirá mañana la Presidenta en su discurso ante la Asamblea Legislativa.
Como ya lo demostró cuando asumió el cargo, el discurso de la jefa del Estado se mantendrá en secreto hasta último momento, aunque se conocen algunos lineamientos de lo que dirá (sobre lo que se informa por separado).
En materia institucional, en la oposición casi nadie espera cambios con respecto a lo vivido con Néstor Kirchner. "No abrigo ninguna esperanza de que se pueda cambiar esta sujeción del Poder Legislativo al Poder Ejecutivo", afirmó Ernesto Sanz (Mendoza), jefe del bloque radical del Senado.
Su par de ARI Autónomo de la Cámara baja, Eduardo Macaluse, también fue lapidario. "Desde el punto de vista institucional, está clausurada la perspectiva de una mejora", dijo.
La única voz disonante entre tanto pesimismo fue la del senador socialista Rubén Giustiniani (Santa Fe). "Ella [por la Presidenta] fue legisladora, por lo que espero que no le reste protagonismo al Parlamento", opinó.
El jefe de los senadores kirchneristas, Miguel Angel Pichetto, respondió a las críticas sobre una supuesta subordinación del Congreso al Poder Ejecutivo, que calificó de "totalmente falsas", y recordó que, "en todo el mundo, los oficialismos parlamentarios acompañan las políticas del Gobierno".
"Esto es así en todos los países desarrollados. Por eso, esta acusación me parece que no tiene otro objetivo que devaluar la tarea del Congreso", agregó Pichetto.
Para su par de la Cámara baja, Agustín Rossi, también hay "una visión errónea de la oposición".
"El Congreso ha votado con absoluta autonomía; nosotros nunca pedimos una ley diciendo que si no se votaba se caía el país o que había que votarla porque la pedía el FMI", replicó.
El pesimismo de la oposición también encuentra explicación en la adversa relación numérica en el Congreso. El kirchnerismo y sus aliados (radicales, socialistas y provinciales K, más otras expresiones menores) forman una abrumadora mayoría en ambas cámaras. De todas maneras, en el oficialismo aún subyace cierta desconfianza hacia sus socios no peronistas. "Nuestro rol será más bien testimonial y de control", opinó, resignado, el diputado macrista Federico Pinedo (Pro), para quien el Congreso será "absolutamente dependiente de lo que decida el oficialismo, que impone los temas cuando se le ocurre".
Por el momento, el Gobierno no ha definido una agenda parlamentaria más allá de los temas habilitados para las sesiones extraordinarias.
Algo en común
La oposición, en tanto, ya encontró un punto de encuentro: forzar al kirchnerismo a discutir una ley de movilidad jubilatoria, tal cual lo reclamó el año pasado la Corte Suprema, que el Gobierno evita para seguir manejando la oportunidad en la cual anunciar aumentos en los haberes previsionales.
"En temas institucionales no habrá límites para los acuerdos", afirmó el diputado Francisco Ferro (Coalición Cívica-Buenos Aires), aunque aclaró que "seguramente habrá diferencias de criterio con el macrismo".
Desde ese sector, Pinedo también se mostró dispuesto a unificar criterios. "Hay vocación por trabajar en conjunto con otras fuerzas opositoras, sobre todo en los temas de calidad institucional y reforma política", dijo.
En el Senado, un futuro eje opositor parece más cercano aún. "El gran desafío es tratar de hacer un trabajo de interbloque que estamos dispuestos a hacer con el Partido Socialista, ARI y la Coalición Cívica", se entusiasmó el radical Sanz.
El socialista Giustiniani le devolvió la gentileza: "Las coincidencias se dan de manera bastante natural y vamos a tratar de incorporar a la agenda legislativa temas que el oficialismo hoy se niega a discutir", afirmó.
Por Gustavo Ybarra
De la Redacción de LA NACION
La Nación - Política - Pág. 10
En Tierra del Fuego
Ríos, con un ojo en la Justicia y otro en la Casa Rosada
Ofensiva contra su antecesor, Cóccaro
"Me cansé. Alguien las tiene que pagar alguna vez", gritó Fabiana Ríos, hace unos 20 días, sin poder disimular su indignación.
La gobernadora de Tierra del Fuego repasó una y otras vez las carpetas que se apilaban en su despacho. Y junto a sus asesores de confianza tomó la decisión: denunciar en la justicia fueguina a su antecesor en el cargo, Hugo Cóccaro, a quien atribuye buena parte de la responsabilidad de la angustiante situación económica que vive la provincia más joven y austral del país.
Poco más de dos meses después de asumir el cargo, Ríos decidió embestir a fondo. Lo hace con dos herramientas a la vez: la impronta de denuncia heredada de su jefa política, Elisa Carrió, más el aval explícito de la Casa Rosada.
Dos causas puntuales complican a Cóccaro. El ministro de Gobierno fueguino, Guillermo Aramburu, pidió hace dos semanas a la Justicia que investigara la misteriosa desaparición de expedientes de deuda bancaria a nombre de la empresa Cóccaro Hermanos, por un valor de al menos 22 millones de pesos, a través de los cuales la constructora de la familia del gobernador pasaba a deber sólo un millón de pesos. Los expedientes reaparecieron de manera igualmente misteriosa.
Además, la gobernadora de ARI fue personalmente a la Justicia para acusar a Cóccaro y su antecesor, Jorge Colazo (hoy senador kirchnerista) por avalar y consentir el pase a planta permanente de 6000 empleados públicos y el pago de salarios de más de 15.000 pesos (el mismo sueldo de Ríos) a distintos agentes de la administración pública. "Nadie puede ganar más que yo", sostuvo la gobernadora, con lo que se ganó el odio de sindicalistas y dirigentes del PJ.
Además de estos dos pleitos, Ríos cuestionó duramente la emisión de letras del Tesoro fueguino por un valor de $ 70 millones pocos días antes de dejar el cargo y la licitación de pozos petroleros en favor de empresarios con simpatías kirchneristas.
Ni hablar del colapso que encontró en el sistema de salud, salarios astronómicos de los empleados públicos, comedores desabastecidos, las obras públicas sin control parlamentario y hasta una deuda telefónica de $ 1.200.000. "Le van a llover denuncias. Va a terminar preso", predijo a LA NACION un miembro del gabinete de Ríos.
Esta situación llevó a Ríos a solicitar apoyo del gobierno nacional. Además del publicitado envío de $ 50 millones, rubricado por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y la gobernadora, hubo apoyo político para la embestida judicial.
"Le dimos un apoyo total; no nos importa que Cóccaro haya sido kirchnerista", afirmaron a LA NACION desde la Casa Rosada funcionarios que participaron de las reuniones con la gobernadora. La política, aplicada por el ministro del Interior, Florencio Randazzo, fue diseñada por la propia Presidenta, que quiere "un año tranquilo" y buenos vínculos con los gobernadores opositores, como Hermes Binner, Mauricio Macri y Ríos.
Pesada herencia
Más allá de las denuncias contra su antecesor, Ríos tiene en sus manos un problema endémico: los altos gastos del Estado y la resistencia de un gremialismo intransigente, que aún monta una carpa en la puerta de la Casa de Gobierno en reclamo de mayores beneficios.
En la sureña provincia hay entre 15.000 y 18.000 empleados públicos. Los jueces más antiguos perciben hasta $ 30.000; hay 12 médicos especialistas que ganan $ 17.000, docentes que ganan $ 7000 por medio turno o psicólogos que perciben $ 8000 por su trabajo en hospitales públicos.
"Entran 10 pesos por mes, nueve de los cuales son por coparticipación, y se nos van 11 en sueldos", graficó a LA NACION el ministro de Trabajo, Javier Da Fonseca.
El pedido de ayuda al Gobierno era inevitable, por más que Ríos continuara fiel a Carrió, la más virulenta opositora al kirchnerismo. "No me van a hacer pelear con Lilita", repitió a sus íntimos.
Carrió la respalda con énfasis. "Fabiana hará un buen gobierno. Ha encontrado enormes dificultades, una provincia vaciada, pero hay garantía de un gobierno que no es corrupto. Con ese nivel de coparticipación y regalías, en seis meses va a salir adelante", dijo la ex diputada a LA NACION.
En el entorno de la fueguina, además, hablan del malestar que le provoca "tener que sacarse una foto por mes con Cristina o alguien del Gobierno" a cambio de los fondos que necesita como el agua para evitar el incendio.
Algo más tranquila luego de dos meses de angustia (se están pagando los sueldos de enero con fondos propios), Ríos está con un ojo puesto en las causas contra Cóccaro.
Por Jaime Rosemberg
De la Redacción de LA NACION
La Prensa - Política - Pág. 4
APOYO SOCIALISTA
El titular del Partido Socialista porteño, Roy Cortina, envió ayer una carta personal a los potenciales votantes en la Argentina, en las elecciones españolas del 9 de marzo próximo, respaldando la reelección del actual mandatario fosé Luis Rodríguez Zapatero. En tanto la titular -del bloque de diputados socialistas, Silvia Augsberger, junto a integrantes del Comité Ejecutivo nacional del PS se reunieron con la secretaria general del PSOE en la Argentina, María de los Angeles Ruiz Sánchez, para "transmitirle el apoyo" del partido a la candidatura de Rodríguez Zapatero.
La Nación - Información General - Pág. 16
La duplicidad de tareas del jefe de gobierno
La oposición reclama que Macri renuncie a la presidencia de Boca
Coincidieron en la exigencia el kirchnerismo, la Coalición Cívica y el socialismo
La oposición a Pro en la Capital reclamó ayer unánimemente que el jefe de gobierno, Mauricio Macri, renunciara a su cargo como presidente de Boca Juniors para poder cumplir con el mandato de los vecinos que lo votaron y evitar un posible conflicto de intereses.
Mientras que entre los abogados constitucionalistas consultados las opiniones difieren sobre si existe o no incompatibilidad legal para ejercer ambas funciones simultáneamente, el kirchnerismo, la Coalición Cívica, el socialismo y diputados porteños independientes coincidieron en que hay motivos prácticos y éticos que demandan al mandatario la exclusividad al frente de la administración de la ciudad.
Ante estos cuestionamientos, fuentes allegadas a Macri descartaron que el jefe de gobierno reste dedicación a su gestión en el Poder Ejecutivo local, ya que en el club deportivo solamente lidera un proceso electoral, que ejecuta un equipo ya designado.
Como se recordará, el martes último la Inspección General de Justicia (IGJ) declaró irregular e ineficaz la proclamación de Pedro Pompilio como presidente de Boca, lo relevó del cargo y decidió que retornara la comisión directiva que había partido en diciembre de 2007.
"Es insólito que un jefe de gobierno sea presidente de un club de fútbol. Que alguien nos explique a qué se va a dedicar: si a mejorar la calidad de vida del vecino o a vender plateas para socios", sostuvo el jefe del bloque kirchnerista de la Legislatura, Diego Kravetz.
"Hay una incompatibilidad ética: el 60% de los porteños lo votó para que gobierne el ciento por ciento del tiempo", dijo a LA NACION Kravetz, un dirigente alineado con el jefe de Gabinete nacional, Alberto Fernández.
En tanto, el presidente del bloque de la Coalición Cívica y ex jefe de gobierno, Enrique Olivera, expresó: "Debemos admitir que a Macri esto le cayó de arriba; es una imposición judicial. Pero, más allá del debate jurídico, debe prevalecer el sentido común. Y éste indica que el ejercicio de las dos tareas, la duplicidad, es insostenible por razones prácticas y por el posible conflicto de intereses. El jefe de gobierno debe terminar con esta situación lo antes posible".
Según el artículo 98 de la Constitución porteña, el jefe y el vicejefe de gobierno "no pueden ocupar otro cargo público ni ejercer profesión alguna, excepto la docencia" y "tienen las mismas incompatibilidades que los legisladores".
Estas incompatibilidades están descriptas en el artículo 73. Una de ellas, contenida en el inciso segundo, consiste en "ser propietario, directivo, gerente, patrocinante o desempeñar cualquier otra función rectora, de asesoramiento o el mandato de empresa que contrate con la ciudad o sus entes autárquicos o descentralizados".
El diputado porteño Martín Hourest (Igualdad Social), un economista de CTA de origen radical, integró la comisión redactora de la Constitución de la ciudad. "Yo no tengo duda de que es incompatible. Tal vez no hay una contratación pero, antes de cada espectáculo deportivo, la ciudad manda un inspector para garantizar que estén dadas las condiciones de seguridad correspondientes. O sea que Macri va a controlar a Macri", describió.
Y agregó: "El criterio de incompatibilidades se hizo para defender al ciudadano: el jefe de gobierno debe representarlo y romper todas las otras relaciones que puedan condicionarlo. Macri tiene que renunciar a Boca".
Desde el socialismo, habló el ex ministro de Descentralización porteño y presidente del Partido Socialista de la Capital, Roy Cortina. "En vez de preocuparse por la elección en Boca, Macri debería garantizar la elección de comunas", dijo el dirigente. Se refería al fracaso de una sesión extraordinaria, ayer, en la Legislatura para retocar los límites comunales, en la que el macrismo no dio quórum.
Fuentes de la Jefatura de Gobierno porteña rechazaron las críticas. "Macri lidera un proceso electoral para el que ya designó un equipo, que colaborará con los inspectores de la IGJ. Mientras tanto, está ciento por ciento abocado a la ciudad", sostuvieron.
Por Angeles Castro
De la Redacción de LA NACION
La Nación - Economía & Negocios - Pág. 1
EMPRESAS
Con generación propia
SANTA FE.- SanCor, con sede en Sunchales, 133 km al oeste de esta capital, le anunció al gobernador, Hermes Binner, su intención de construir una usina propia, aprovechando fuentes energéticas utilizadas en sus procesos industriales. Los excedentes podrían servir para alimentar el noroeste de la provincia, dijeron sus directivos. Oportunamente, SanCor trabajó un proyecto que utiliza una fuente de energía, como el vapor, que la compañía dispone en grandes cantidades dado que se desprende del proceso de deshidratación utilizado en la fabricación de leche en polvo.
La Razón - Mundo - Pág. 9
A diez dias de las elecciones en españa
Repudian a Rajoy por sus críticas a artistas
El líder y candidato del pp acusó a varias personalidades de estar sobornados por el psoe. Serrat salió a contestarle.
Madrid agencias
A diez días de las elecciones generales del 9 de marzo, varios artistas de España -entre ellos Joan Manuel Serrat- salieron a criticar públicamente al líder y candidato del Partido Popular (PP), Mariano Rajoy, quien los acusó de estar pagados por el oficialista PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero.
"Ya no cuela la campaña de miedo y demagogia que pretende llevar a cabo el gobierno con tres o cuatro caras conocidas a los que tiene bien untados (sobornados)", dijo Rajoy. El líder del PP le apuntó sobre todo a Serrat, a quien acusó de "haber insultado a 10 millones de votantes populares llamándolos estúpidos". Nano le respondió sin eufemismos: "Me preocupa que un tipo que se presenta a presidente diga que estoy untado por defender ideas diferentes a las suyas. No recuerdo algo así desde las épocas más tenebrosas del país". Serrat fue apoyado por Pedro Almodóvar y Javier Bardem, entre otros artistas e intelectuales. El agravio llegó incluso al último debate entre los dos candidatos, donde Zapatero acusó a Rajoy de descalificar a los "creadores universales de la cultura española".
El vocero parlamentario socialista Diego López Garrido rechazó la postura del PP y exigió que se "rectifiquen quienes han denigrado a los trabajadores de la cultura".
Las encuestas, a favor de Zapatero
La emisora Telecinco (del grupo Berlusconi) difundió una macroencuesta con 8 mil consultados en toda españa. según el sondeo, los socialistas obtendrían el 44,2% de los votos contra el 38,6% de los populares, una diferencia de 5,6%, la más elevada de estas últimas semanas. con este resultado, el PsOe lograría la mayoría de diputados.
La Nación - Exterior - Pág. 3
La campaña española
Zapatero estiró su ventaja tras el debate
Así lo indican dos nuevas encuestas
MADRID.- El Partido Socialista Español (PSOE) logró estirar su ventaja frente al Partido Popular (PP) de cara a las elecciones del próximo 9 de marzo, luego del primer debate televisado entre el presidente José Luis Rodríguez Zapatero y el líder opositor Mariano Rajoy, indicaron ayer dos sondeos.
En un sondeo del Gabinete de Estudios Sociales y Opinión Pública (Gesop), publicado en El Periódico y llevado a cabo el martes, un día después del primer debate, el gobernante PSOE obtuvo un apoyo del 42,5 por ciento, una ventaja de 5,5 puntos porcentuales respecto de su rival, que logró un 37 por ciento. En la anterior encuesta de Gesop, realizada entre el 11 y el 17 de febrero, la ventaja del oficialismo era de 3,5 puntos.
El estudio pone de manifiesto que el PSOE creció tras el debate de Zapatero y Rajoy, y también por el que sostuvieron el ministro de Economía español, Pedro Solbes, y el candidato opositor Manuel Pizarro.
Otro sondeo, realizado el 26 de febrero y publicado ayer en el diario Público , otorgó a los socialistas un 45,3 por ciento de los votos, frente al 38,7 por ciento del PP. De todas formas, el PSOE estaría aún lejos de obtener la mayoría absoluta de 176 escaños.
En los últimos días, la oposición ha centrado su mensaje en la desaceleración de la economía y en establecer mayores controles sobre la inmigración.
El último sondeo del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), realizado entre fines de enero y principios de febrero, dio al PSOE una ventaja de apenas 1,5 puntos porcentuales en intención de voto.
Un "imbécil"
Por otra parte, el ex presidente del gobierno español Felipe González agitó aún más la campaña electoral al calificar de "imbécil" a Rajoy, durante un mitin del PSOE en Málaga.
González manifestó que "sólo a un imbécil" se le ocurre decir de sí mismo que "soy más inteligente, más moderado y más no se qué que Zapatero". Con estas palabras, el ex gobernante socialista (1982-1996) se refirió a un reportaje publicado el domingo pasado por el diario El País, en el que Rajoy se describió como "más razonable, más moderado y más equilibrado" que el actual jefe de gobierno.
"No creía lo que veía. No creía que alguien pueda decir de sí mismo ‘soy más inteligente, más moderado y más no se qué que Zapatero , aunque fuera verdad... eso sólo se le ocurre decir a un imbécil", dijo González. Rajoy "insulta y menosprecia a Zapatero", algo para lo que tiene "buena escuela, porque el anterior decía ‘el milagro soy yo ", agregó González, en referencia al ex jefe de gobierno del PP José María Aznar.
No obstante, González también criticó al Ejecutivo de Zapatero, por haber cedido durante mucho tiempo la iniciativa a la derecha.
En respuesta a los ataques de González, el secretario general del PP, Angel Acebes, afirmó que la actitud del ex presidente del gobierno "es patética", ya que se ha reducido "a hacer el trabajo sucio de Zapatero".
Agencias Reuters y DPA
