Señor Presidente:
El proyecto que tratamos hoy, y que ya obtuvo media sanción del Senado, es de vital importancia para el conjunto de nuestra sociedad. Se trata de una norma clave, tanto para la persecución de los delitos y su condena como también para el efectivo cumplimiento de las garantías constitucionales.
El Código Procesal Penal es el cuerpo de normas que regula los procedimientos que deben seguirse para garantizar una imparcial administración de justicia. Dispone cómo y quiénes deben investigar, acusar, y juzgar un delito, además de garantizar los derechos constitucionales de víctimas y acusados, hasta la condena o la absolución.
El proyecto de reforma que tenemos sobre nuestras bancas cambia el actual sistema inquisitivo por un modelo acusatorio, con el objeto de hacer más eficiente la persecución de los delitos y acortar los tiempos del proceso penal. Modifica las atribuciones de los jueces, les otorga nuevos roles a los fiscales, y establece la oralidad como característica central del proceso.
El proyecto parte de considerar que el Código vigente, al mantener al juez de instrucción a la cabeza de la investigación, le hace "asumir la distorsiva doble función de investigar y decidir respecto de los resultados de esa tarea". Y afirma, en consecuencia, que "dentro de ningún esquema moderno es racional habilitar un procedimiento tan contrario a la garantía de imparcialidad". Por eso el proyecto de reforma, si bien mantiene en el juez las facultades que le son propias, es decir que sigue siendo él quien adopta las resoluciones judiciales, y quien absuelve o condena, delega en cambio en el fiscal la conducción y la dirección de la investigación. De esta manera, deja instalado el sistema acusatorio.
Además, el nuevo Código incorpora los principios de oralidad, publicidad, y "desformalización" de las decisiones: es que ningún proceso podrá durar más de tres años, y todas las decisiones serán orales y emitidas en audiencias públicas. Pero quiero detenerme en otro principio que también incorpora el Código: el de celeridad, que no solo responde a la necesidad objetiva de tener un Código Procesal Penal ágil para asegurar una adecuada administración de justicia en un tiempo razonable. Al recoger este principio, el código se hace cargo de una demanda que emana no solo del mundo del Derecho, sino del conjunto de la sociedad.
Concretamente, el proyecto fija plazos más cortos que los vigentes hasta ahora para que una causa sea elevada a juicio oral. La instrucción de las causas no podrá durar más de un año, y el juicio oral deberá realizarse entre cinco y treinta días después de terminada la instrucción. Además, como reaseguro de cumplimiento, se prevén sanciones graves, tanto para fiscales como para jueces que no cumplan con los plazos perentorios exigidos.
Estas son las razones generales que me llevan a votar favorablemente la media sanción del Senado. No comparto la totalidad del articulado del nuevo Código, pero soy consciente de que los tiempos políticos nos exigen que rápidamente hagamos ley este proyecto, más allá de los matices. Más allá también de los que humildemente considero defectos de técnica legislativa, como es el caso del artículo treinta y cinco. No dudo de que más adelante lo vamos a poder enmendar mediante una ley de reforma.
Señor Presidente, en este bloque sabemos que el problema de la inseguridad no se resuelve con códigos, tal como sugieren irresponsablemente algunos ilusionistas opositores, más cerca de la magia que de la realidad. Pero también sabemos que tener códigos modernos, ágiles y rápidos, que aseguren una adecuada administración de justicia, y que contemplen la reparación a las víctimas, es una herramienta importante para dar respuesta al delito.
Lo que queda demostrado una vez más, con proyectos como el que estamos por aprobar, es que en nuestro país el monopolio de la iniciativa política lo sigue teniendo el oficialismo. La oposición, en sus distintas variantes, intenta de manera recurrente esconder detrás de un falso reglamentarismo su enorme impotencia para generar propuestas superadoras. Sordos al "murmullo de las masas", como diría Antonio Gramsci, prefieren montar espectáculos teatrales en los que los actores representan, con minuciosa fidelidad, un guión escrito por las grandes corporaciones.
Por último, este voto afirmativo obedece a la certeza de que el dictamen que estamos tratando ha cumplido con todas las formalidades que exige el trámite parlamentario, y a la seguridad de que vamos a sancionar una buena ley, que va a redundar en que tengamos una administración de Justicia más eficiente, más transparente, y más legítima.
Muchas gracias
Marcos Viancheto.
Prensa.
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