La Capital - Rosario - Nota - Política
Binner aún confía en un acuerdo
El gobernador Hermes Binner reiteró la necesidad de "evitar los enfrentamientos" entre los distintos sectores y de avanzar en la construcción de acuerdos para resolver los problemas, porque "sin consenso la Argentina no sale adelante", aseguró.
Binner vertió estos conceptos durante el acto de conmemoración del 120º aniversario de la fundación de la localidad de Sanford, donde estuvo acompañado por la presidenta de la comuna local, Rosa Mengoni.
Luego del acto, y en diálogo con la prensa, el gobernador se refirió a la situación del agro. "Confiamos en que va a haber un acuerdo entre los argentinos para poder salir adelante, para aprovechar estos momentos de tanta riqueza, esperanza y posibilidades de realización", dijo Binner.
Diario Popular - Nota - Política - Pag. 2
Volverían a los piquetes
El vicepresidente de la Sociedad Rural (SRA), Hugo Luis Biolcati, aseguró ayer que las entidades rurales aún no recibieron llamados por parte del gobierno y advirtió que si se sienten “franeleados” volverán a las medidas de fuerza.
“Si nos están franeleando vamos a levantarnos de la mesa y diremos: ‘muchachos estos nos están franeleando, levantemos los 30 días que no vale la pena’”, aseveró Biolcati.
Las entidades se habían comprometido la semana pasada a suspender el paro por 30 días; un plazo que consideraron adecuado para dialogar con el gobierno e intentar superar las diferencias.
Sensación de trascendidos
Sin embargo, en este primer fin de semana sin paro, ya se realizó un acto en la localidad bonaerense de Azul, con fuertes críticas al gobierno, a medida que se sumaron las voces que comienzan a dudar sobre el acuerdo.
“Yo voy a proponer que si el lunes no llamaron llamemos formalmente primero, públicamente después y sino hay que avisarle a la gente no nos atienden”, indicó Biolcati, en diálogo con América TV.
Explicó que “ya han pasado dos días, jueves y viernes, y lo único que tenemos es una lectura por los medios una sensación de trascendidos”.
Según el ruralista, con el paro agropecuario “se está defendiendo un sistema republicano y federal”, porque “no hay autonomía en las provincias”.
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El debate sobre el conflicto agrario
En el medio del campo
Con diferentes enfoques, cuatro reflexiones abordan el rol de los medios de comunicación en la cobertura del lockout rural, la relación de los cacerolazos con las protestas de 2001-2002 y la necesidad de construir alianzas políticas sólidas.
Opinión
Hilar fino
Por Washington Uranga *
Lejos de haberse superado, la crisis planteada por el lockout de los productores agropecuarios se encuentra todavía en pleno desarrollo, no sólo en aquellos aspectos económicos que aparecen como los más relevantes a primera vista, sino sobre todo en lo que tiene que ver con los procesos sociales y políticos que desató y cuyos resultados aún no se pueden evaluar. Sería ingenuo y errado desde el punto de vista del análisis tomar por válidas y definitivas las alineaciones precarias que se produjeron, en un sentido y en otro, cuando la crisis alcanzó su pico máximo. Mal harían, unos y otros, en sumar como propias las fuerzas que se encolumnaron detrás de sí, porque a simple vista se puede observar que varias de esas adhesiones, si bien sirvieron para definir posiciones en el momento, están preñadas de fragilidad.
El Gobierno debería tomar en cuenta que muchos apoyos recibidos se amontonaron en defensa de la democracia y ante el temor que genera ver crecer del otro lado a un enemigo alimentado por muchos que añoran un pasado poco feliz. Pero no podrá contar incondicionalmente con esas fuerzas. A los productores, en particular los más pequeños, les convendría reflexionar sobre sus sociedades –así sean coyunturales– con aquellos que históricamente han sido no sólo sus patrones, sino sus explotadores. Respecto de los sectores de clase media, unos y otros deberían percibir que sus apoyos nunca son consistentes. Están atados a intereses de muy corto plazo, a la situación de sus bolsillos y a humores generados por cuestiones a veces circunstanciales o de estilo. Aunque no puedan despreciarse, las razones ideológicas pesan menos en la clase media. O, si puede decirse de otra manera, hay en estos sectores una ideología oportunista muy cercana a la inmediatez y a una mirada egoísta sobre el bienestar.
En ese cuadro todos los actores tendrán que hilar muy fino, pensar como en un partido de ajedrez (no sólo la jugada inmediata sino imaginar el tablero después de varias movidas). Porque éste es un juego de largo aliento.
Para ello no habría que confundir alineaciones momentáneas con alianzas. Teniendo en cuenta que las alianzas –aquellas que son sólidas, firmes y duraderas– sólo se pueden construir sobre la base de modelos y propuestas también sólidas, consistentes. Estas se logran a través de la generación de consensos basados en el diálogo, en el debate y en la construcción colectiva y no meramente con el reclamo de alineamientos incondicionales generados sobre la base del espanto por el enemigo común, potencial o real. En una sociedad compleja como esta en que vivimos hay distinto tipo de racionalidades políticas y sociales que, si bien no se excluyen y pueden sumarse, tienen horizontes similares pero disímiles, metodologías que se asemejan pero que no son iguales. Sobre estas diferencias es necesario trabajar para construir un proyecto que sea realmente inclusivo. Sobre esa base todos tendrán que evaluar los errores cometidos y no tapar las equivocaciones con el manto de los triunfos circunstanciales para olvidarlo todo, despreciar al aprendizaje y volver a cometer los mismos deslices. Entendiendo también que adhesiones no son opciones. Las adhesiones pueden fomentarse mediante presiones de todo tipo o por mecanismos mediáticos de seducción, en ambos casos promovidos o patrocinados desde distintas formas de poder.
Por esta vía se puede llegar a lograr que los puntos de vista, los criterios, los intereses y los argumentos de los sectores dominantes sean inoculados en el inconsciente popular a tal punto que las personas, los ciudadanos, incorporan actitudes como si fuesen propia voluntad. Sobran ejemplos sobre esto en el conflicto agropecuario. Por esta vía el ser humano se puede subordinar a intereses que le son extraños, hasta el punto de alienar a su propia persona, generando clientelismo y servilismo. Quienes son víctimas de estas manipulaciones no tienen conciencia de la instrumentalización de la que son objeto y hasta terminan agradeciendo a quienes los manipulan. En el proceso de construcción de verdadera ciudadanía en democracia es imprescindible generar opciones conscientes, comprometidas, voluntarias, positivas y no simples adhesiones circunstanciales y precarias. Porque las opciones personalizan y las adhesiones están más cerca de la despersonalización. Buscar adhesiones es una estrategia para dominar pacíficamente a la sociedad o a sectores de ella en función de los intereses propios. Promover las opciones es apostar a la libertad de las personas. Es profundizar la participación política y la democracia. Quien opta puede acordar y discrepar, puede asumir y respaldar los procedimientos pero también rechazarlos. La construcción de un futuro realmente diferente no se hace mediante la reiteración de mecanismos de adhesión, sino mediante la búsqueda de la opción creadora. Esto consolida no sólo los proyectos políticos, sino la democracia en sí. Pero también es mucho más difícil.
Opinión
El Verbo expropiado por el capital privado
Por León Rozitchner *
Se da como cierto que los medios de comunicación –cuarto poder se definen, orondos, a sí mismos– son un poder sagrado, inamovible y absoluto, cuando en realidad son el producto de una expropiación del espacio público convertido en privado. Se presentan como si fueran el fundamento del poder democrático siendo exactamente lo contrario: su acceso está vedado a las diversas corrientes de expresión de la ciudadanía. Forman parte de una estrategia neoliberal mundial –el capital financiero internacional– que compró el dominio de la “opinión pública” al expropiar los medios de ejercerla. Basta leer los diarios importantes del mundo: todos están defendiendo lo mismo diciendo lo mismo con las mismas palabras. Su propiedad en nuestro país es tan espuria como el origen de la propiedad de la tierra: aliados del terror y del genocidio. (No olvidemos: una exigencia del poder militar en su ultimátum a Alfonsín requería que la televisión en manos del Estado fuese privatizada: entregada a los grupos financieros en cuyo nombre dieron el golpe.) ¿Podemos hacernos los ingenuos y seguir ignorando que es necesario, para que democracia realmente haya, que los medios sean abiertos a todas las perspectivas de la ciudadanía? ¿Ocultarnos que el éter es un espacio material público que forma parte de la soberanía argentina, isomorfo con su geografía? Como si el golpe de los grandes dueños de la tierra, y los financistas que la convirtieron en fondo de inversión, no formara parte del plan desestabilizador de su estrategia política. ¿No exige entonces, por parte del poder político, nuevas “retenciones” sobre lo que han acaparado para dejarnos hambreados de saber, escuálidos de conocimientos, ignorantes sobre lo que estamos viviendo? Para poder dejarnos sin alimentos los media tuvieron previamente que dejarnos sin palabras. Para decirlo brevemente: el golpe de Estado mediático de los grandes dueños de la tierra habría sido imposible sin el poder de los grandes dueños de los media.
Todos discuten si fue o no fue un golpe. Lo importante, creo, es que el fantasma de un golpe de Estado, real o fantaseado, es lo que el poder de los medios necesita despertar para que nuevamente los habitantes se rindan a las fuerzas del mercado. Vuelven a suscitar otra vez el fantasma del terror represivo desde aquellos que estaban en el estrado gualeguaychino: la Sociedad Rural, Carbap, Coninagro, la nueva pequeña burguesía de la Federación Agraria y, como si faltara algo para cerrar esta pastoral política que ya había ubicado a la derecha a una mujer de izquierda, lo inesperado: un cura paisano desde este extraño púlpito implorando a una nueva figura sagrada, a la Virgen Gaucha, rezando todos juntos un Padre Nuestro –mientras le extraen a la Tierra Madre todos sus nutrientes hasta dejarla exhausta–. Eso sí: ningún “negro” trabajador en negro los acompañaba.
Este golpe de “los dueños de la tierra” –expresión acuñada por David Viñas– no habría sido posible sin el apoyo cómplice y monopólico de los media. El monopolio del poder mediático fue primero aliado de la dictadura genocida, junto con el poder económico y el religioso. Aliado que sirvió, y sigue sirviendo, para desactivar el espacio corporal y subjetivo de la ciudadanía: impedir que pueda tomar conciencia y cuerpo sobre la verdad de lo que nos pasa. Son el instrumento de la “dictadura del saber único” en el del dominio económico y político de la globalización financiera. Son los que han ido modelando la conciencia y el imaginario, las pocas valencias libres que el pavor del genocidio había dejado disponibles en los sujetos aterrados de la ciudadanía.
Los que valoramos a la palabra como ejercicio privilegiado de una actividad de intercambio social por excelencia, que se define como “el habla”, la “lengua” o “el pensamiento”, base de la humanización que define nuestro ser o no ser hombres, hemos sido despojados de su uso social y hemos sido excluidos del espacio público. Nos han limitado, ante el avance técnico de las comunicaciones, a ejercerla sólo en los ámbitos restringidos abiertos hace siglos por la galaxia Gutemberg: a los libros y a la revistas especializadas que sólo son legibles para un público minoritario. En pocas palabras: hemos sido expropiados y expulsados del espacio social publico, nos han despojado del derecho humano de la expresión escrita o hablada. Es como si todos debieran leer un único libro: el que ellos escriben. La verdad circula sólo por lo que ellos permiten que se exprese y sus empleados –periodistas se llaman– repiten o dicen lo que el patrón les manda: en los media ha triunfado la dictadura del propietariado.
El papel de los “intelectuales”. ¿Es posible que la universidad argentina, donde se elabora el saber “objetivo” y “científico” del conocimiento –el saber de los argentinos sobre nosotros mismos–, no tenga ni un canal de TV para difundir, en cada caso, un “saber” verdadero sobre cada circunstancia política, económica, técnica y social que es su función pedagógica innegable? ¿Debemos seguir aceptando que la función pedagógica para las grandes mayorías haya sido delegada en los grupos financieros que la organizan en provecho propio desde los media? Si rechazamos la privatización de la enseñanza por sectaria –que fue avanzando sobre todo luego de los golpes militares y económicos–, ¿podemos aceptar que el espacio público de la comunicación social siga expropiado por el capital privado?
No se trata entonces sólo de salir a decir que la tierra forma parte de un todo más amplio que es la nación misma. Habría que decir también que el “espacio” de los media es propiedad de la nación, de esa misma tierra etérea por donde la comunicación circula, que también su soberanía nos fue expropiada por los sucesivos golpes militares y económicos. El golpe económico del campo se apoya en la supervivencia, sobre la estela del golpe militar del ’76: la amenaza del hambre se inscribe en la misma línea moral genocida que la amenaza de extermino de la vida. Y que si una buena parte de la ciudadanía está confundida y ya no entiende nada es porque esos mismos medios van cotidianamente ablandando y configurando el imaginario y la conciencia de la población argentina, que termina pensando contra sí misma.
Lo extraño es que recién, por primera vez desde los medios, la presidenta de la República –y porque accedió a ellos en un momento culminante– aparezca exponiendo masivamente un saber antes cautivo, y le comunique a toda la población una parte de la trama trenzada de los intereses turbios, hasta ese momento desconocida para la mayoría de los argentinos: ligar el genocidio militar con los media y con la economía. Intereses que están en juego nuevamente en este momento crucial en que el poder económico quiere sitiar al gobierno democrático para volver a despojarnos de lo poco ganado, y cuando todavía falta tanto. Y no es extraño que una ilustrada figura universitaria, prohijada por los media, le contestara para amonestarla: “No era el momento adecuado para que la presidenta de la República esbozara su tesis historiográfica sobre la complicidad de cualquier sector de la producción agraria con el golpe militar”. Está claro: la “verdad” no es para que la sepa la mersa, sólo debe quedar circunscripta a las “tesis” de la academia universitaria. Que aparezca difundida desde el discurso de la primera figura política en la democracia, y sea difundida por los medios... ése es el pecado. Y nos está dando el ejemplo de aquello que los escritores debemos rendir para acceder a los medios públicos: sólo si aceptamos que la verdad llamada académica quede, clandestina, dentro de los claustros. Si renunciamos a decirla en público.
Esperemos que el Verbo, propiedad privada de los media, no sirva sólo de responso para una conciencia nacional difunta.
* Filósofo.
Opinión
Lecciones sobre los medios
Por Santiago Diehl *
La cobertura que muchos medios gráficos y televisivos hicieron del conflicto entre el Gobierno y los productores rurales potenció la imagen de una pueblada “del campo” en las rutas y de “la gente” en las calles de Buenos Aires. Este tempranero gol en contra sorprendió al Gobierno y lo obligó a revisar sus tácticas comunicacionales. El partido recién empieza, sin embargo. Veamos.
La teoría liberal históricamente prescribió para los medios ciertas funciones, resumidas en la tríada entretener, informar y educar. Generalmente los medios de comunicación promueven esa visión que los muestra como actores neutrales en la esfera pública –ese mítico lugar en que nace la opinión pública–, e incluso como guardianes de la democracia ante los abusos de poder por parte de los gobiernos.
La misma denominación “medios de comunicación” lleva a confusión, como si éstos mediaran entre la “realidad” de los hechos y el público. Sin ir más lejos, la Asociación de Periodistas Argentinos (Adepa) argumentó estos días que noticias y opiniones periodísticas expuestas tienen el propósito de reflejar la realidad. Es notable la afirmación de que las opiniones y noticias periodísticas reflejan, cual espejo, la realidad. Esta no es, sin embargo, algo unidimensional. Por el contrario, se pueden distinguir al menos dos grados de “realidad”. Un primero, que recae en las propiedades físicas de las cosas. Y un segundo, constituido por la percepción e interpretación de cosas que van desde la relativa simplicidad de los objetos físicos hasta la complejidad de las relaciones humanas y sociales. La realidad humana es intrínsecamente una realidad de segundo orden.
Los medios de comunicación son en esencia –más aún en esta era de saturación informativa– dispositivos de selección y jerarquización de la información. Es decir, de editorialización de la realidad. Sin recaer en superadas visiones de los medios como aguja hipodérmica de contenidos que manipulan conciencias, las investigaciones de hoy sobre los efectos de los medios apuntan a probar sus efectos acumulativos en el largo plazo. Grandes multimedios, con capacidad de alcance a poblaciones enteras, locales, nacionales, regionales y hasta globales, detentan una capacidad de influencia tan grande que hoy ya se habla abiertamente de ellos como primer –y no ya cuarto– poder.
No es de extrañar que en respuesta a este avance del poder de los medios de comunicación, tanto gobiernos como ciudadanos procuren la no intermediación. Los primeros, haciendo mejor uso de sus recursos –el criticado atril presidencial de los Kirchner– y de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, básicamente Internet y las formas de gobierno electrónico. Los segundos, escépticos, procurando acceso directo a la información a través de esos mismos instrumentos digitales, que les permiten llegar a una gran parte de ella, editarla y difundirla libremente.
El tratamiento de la información como mercancía, en perjuicio de hacerlo como un derecho, ha transformado a los medios de comunicación en empresas periodísticas, que como tales reflejan en su editorialización una realidad deformada por sus propios intereses político-ideológicos y económicos. Por eso se torna fundamental la perspectiva de la economía política de la comunicación y su pregunta por la propiedad de los medios.
Durante el conflicto por las retenciones entre el Gobierno nacional y los productores rurales, dos ejemplos de tal editorialización de la realidad fueron el encuadre del conflicto y de los bloqueos en las rutas como “paro histórico” y la legitimación de la espontaneidad de las movilizaciones de los caceroleros –“la gente”– por sobre la organización de las agrupaciones populares, sindicales y políticas.
Los gobiernos latinoamericanos electos democráticamente que, con una mirada desarrollista, inclusiva y regionalista, sucedieron a la ola neoliberal que en los ’90 sacudió al subcontinente, encuentran en los grandes multimedios concentrados y en los dueños de las empresas periodísticas huesos duros de roer en la lucha de sentido por la legitimación discursiva. La acusación de algunos medios y entidades periodísticas de “críticas al periodismo”, “críticas a la prensa” y “ataques y presiones a la prensa”, genéricamente descriptos –tal como reaparecieron estos días– pueden entenderse a la luz de esta perspectiva.
La politóloga Chantal Mouffe acuñó el concepto de agonismo pluralístico para referirse a la pugna de intereses que subyace a todo régimen democrático. Indudablemente, el rol de los medios en democracia contempla también un aspecto agonístico, por así llamarlo, que no puede ser soslayado. Por ese motivo, la necesidad de una nueva ley de radiodifusión, que estaría mejor llamada “de telecomunicaciones”, se hace cada vez más imperiosa.
Un gol de medio campo para ganar el partido sería que la nueva ley reconociera a la información como un derecho y contemplara este aspecto agonístico en la regulación de la propiedad de los medios, promoviendo nuevas formas de propiedad colectiva, fortaleciendo aún más el sistema público de medios y procurando con mayor ahínco la integración regional a partir de la formidable herramienta cultural que los medios masivos de comunicación constituyen.
* Psicólogo, master en Política y Comunicación.
Opinión
La historia se repite...
Por Ezequiel Adamovsky *
“Nuevo cacerolazo”: así titularon muchos medios la manifestación del 25 de marzo en apoyo al campo. Ciertamente, en estos días han reaparecido todos los elementos de lo que fue el 19 de diciembre de 2001: ruido de cacerolas, “piquetes” y hasta conatos de saqueo. Sin embargo, los actores que encarnaron estas formas de manifestación esta vez fueron otros. En los piquetes no hay desocupados, sino empresarios del sector de mayor rentabilidad en los últimos años; si bien no son “la oligarquía”, están lejos de pertenecer a sectores desfavorecidos. En la región pampeana se considera un productor “chico” al que explota hasta 200 hectáreas, una propiedad cuyo valor puede superar hoy el millón y medio de dólares. El sentido de su protesta es diametralmente opuesto al de los piqueteros de 2001: no reclaman por su supervivencia básica, sino por el derecho a apropiarse de la totalidad de la renta agraria sin importar las consecuencias para los demás.
Tampoco los caceroleros de estos días fueron los de 2001: su protesta se hizo escuchar en barrios de clase alta y apenas algunas pocas decenas en algún otro sitio. Entre los que llegaron desde Recoleta y Barrio Norte hasta la Plaza de Mayo eran muchos los que tenían algún interés directo en el campo –propietarios, empresarios del sector o estudiantes hijos de “chacareros”–; de allí el fervor con el que cantaban “el campo no se toca”. A ellos se sumaron otras personas descontentas por las políticas de derechos humanos del Gobierno o por sus rasgos “autoritarios”. Entre los reclamos de ese día ninguno aludió a la suerte de los humildes; al contrario, abundaron las manifestaciones de gorilismo y desprecio por “los negros”. Por contraposición, la explosión de 2001 se produjo después del anuncio del estado de sitio para reprimir los saqueos en zonas pobres. “Piquete y cacerola, la lucha es una sola”, coreado en las calles a comienzos de 2002, señalaba precisamente la solidaridad entre la clase media y los más humildes que hoy brilló por su ausencia.
Por otro lado, el 19 de diciembre de 2001 tomó a la izquierda por sorpresa, aunque luego se integró a la rebelión popular. Esta vez las cosas fueron tragicómicamente distintas. Algunos trasnochados maoístas y trotskistas se acercaron a apoyar a los caceroleros. Pero al verlos, éstos huyeron despavoridos pensando que se trataba de “piqueteros” que venían a atacarlos. Aclarado el malentendido, les dieron la bienvenida y algún manifestante incluso les requirió que “trajeran más gente” para protegerlos de las huestes de D’Elía (la única aparición de un “piquetero” de los de antaño, aunque esta vez con traje de oficialista). Hubo sólo una forma de acción que se salvó del destino de parodia: los conatos de saqueo. Aunque apenas insinuados, se trató, como en 2001, de una reacción defensiva de los excluidos frente al deterioro de su capacidad de acceder al consumo básico.
Marx dijo alguna vez que la historia suele repetirse, primero como tragedia y luego como farsa, y que lo segundo anuncia la clausura de un ciclo histórico. El reciente “cacerolazo” pudo haber sido el eco farsesco del de 2001. En una cosa ambos coincidieron: en la Plaza de Mayo se coreó “si éste no es el pueblo, el pueblo dónde está”. Pero en 2001 se manifestaba así el sentimiento de ser expresión del pueblo todo. ¿Podían tener esa ilusión los que esta vez se acercaron a la Plaza? Quienes hoy pretendieron presentarse como “el pueblo” no tenían posibilidad de no advertir que entre ellos no estaban esos “negros” contra los que tanto despotricaron. El cántico de 2001 era inclusivo; el de 2008 fue excluyente, porque pretendió quitarles a los menos favorecidos el derecho a reclamarse como el pueblo verdadero.
Puede que la reaparición farsesca del cacerolazo anuncie la clausura final del tiempo político abierto por la rebelión de 2001. La amplia movilización de clases medias y bajas colocó entonces a las elites económicas a la defensiva. Para restaurar la gobernabilidad, el Estado reclamó de las clases altas –y obtuvo– unas pocas concesiones en el manejo del excedente y la regulación de la economía. El temor al desborde social hizo que tal salida fuera aceptada como inevitable. Pero la reciente apropiación del espacio público por una protesta de empresarios (grandes junto a pequeños) y grupos políticamente afines anuncia que, para esos sectores, el tiempo de estar a la defensiva ha finalizado. La legitimidad que consiguió inicialmente el kirchnerismo se apoyó en promesas de cambio que con el tiempo se volvieron cada vez más modestas. La actual reacción patronal y de derecha le marca un límite al Gobierno que difícilmente sepa o quiera transgredir. El “país normal” está resultando ser demasiado “normal” como para convocar incluso a un moderado entusiasmo entre quienes en algún momento pensaron que el kirchnerismo traía una “nueva política”. Puede que la repetición de la historia como farsa nos esté indicando que habrá que buscar nuevos caminos para llegar a cambios verdaderos.
* Historiador, investigador del Conicet.
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Opinion
En quién confiar
Por Eduardo Aliverti
Ahora que el conflicto con “el campo” entró en lo que ese insuperado lugar común denomina como “tensa calma”, uno profundiza el esfuerzo de revisar su postura para ver si acaso no quedó preso de la dinámica de tanto decibel atronador.
Una primera constatación es que, como toda la vida en este país, lo que sube no baja. Y si baja, es hasta niveles que siempre quedan por encima de antes de la subida. Al cabo del putsch rural, alimentos y combustibles pegaron una disparada que, en el mejor de los casos, ya no dejará de ser estirón. Esa cuenta la pagan los sectores más desprotegidos de la sociedad. Y por mucho que los productores y rentistas agropecuarios se amparen en que precios y tarifas son empujados por cadenas de intermediación y empresas de servicios, ¿cómo rebatirán que su lockout fue el factor determinante para que los formadores inflacionarios hallen una excusa injustificable pero efectiva? ¿Qué dirán? ¿Que es justamente sobre esos actores donde debe operar el Gobierno para apropiarse de renta? ¿Lo cortés quita lo valiente? “Paro” del “campo”, inflación agregada y nueva pérdida del poder adquisitivo de los más humildes y de la clase media. ¿Quiere decir que los que desataron, retroalimentaron y apoyaron el lockout agrario concluyeron en favor de la inflación? Impresiona un tanto contestar que sí, pero hay que ponerse a sacar cuentas. Volverán a brillar los instintos más ventajeramente bajos de lo peor del sector comercial. Allí el Gobierno no interviene más que para acordar precios que tanto constituyen la fantasía de Kirchnerlandia, como sirven al objetivo de trazar un consenso con las patronales a fin de que la presión salarial sea manejable.
Algunos datos respecto de los intereses principales que se jugaron en la crisis con “el campo” fueron expuestos en este diario –o más bien recordados, porque no se trata de ningún misterio– por quien es reconocido como uno de los mayores expertos del país en economías regionales, Alejandro Roffman. Desde finales de los ‘80 abandonaron la actividad alrededor de 100 mil productores agropecuarios pequeños y medianos. De los que quedaron en total, muchos se dedicaron a cultivar soja en el verano, para luego hacer trigo, u otra actividad, en invierno. Más o menos 70 mil productores, sumados a apenas unos 2 mil que son los responsables del 80 por ciento de la producción de soja. ¿Qué hace el resto? Roffman cita la enorme gama de procesos de producción: actividad ganadera en todo el país, vacuna, ovina y porcina; frutas de pepita; frutas de carozo; uva; citrus; maíz y girasol; algodón; poroto; tabaco; yerba mate; té; avicultura; arroz; más la actividad hortícola, diseminada por todo el territorio. Esa lista, refuerza Roffman, subraya que el conflicto por el reparto de la ganancia y la renta empresarial de la soja abarca solamente al 20 por ciento de los productores. Es en nombre de sus intereses que se paró el país y, como bien concluye, “ningún sojero corre el peligro de quebrar ni de morirse de hambre, sino que pelea, por sí o por intermediarios, para que no se le rebane el fabuloso incremento de sus beneficios netos”.
Ninguna de estas u otras evidencias sirvió (¿ni servirá?) para frustrar de raíz la arremetida de un complejizado amontonamiento de actores sociales: grandes terratenientes, hoy con forma de grupos concentrados; pequeños-medianos productores, y rentistas, atizados por ver con la ñata contra el vidrio el reparto de una torta fabulosa; pulpos agroexportadores y proveedores de semillas que ni aparecieron en escena ni fueron señalados; y una murga ínfima de tilingaje urbano, en la que se aunaron genética gorila y frivolidad barullera, capaces, por la acción mediática, de construir imaginario de disconformismo profundo. Si esa congregación fue capaz de conmover al oficialismo y al país entero, el Gobierno no sólo debe cuestionarse sus “errores” de implementación económica. Debe replantearse muy seriamente su modo de construcción política, que en la primera prueba de fuerza de magnitud le significó carecer de aliados considerables y suficientes. Llenó la plaza con el aporte preeminente del aparato pejotista. Muy poco para enfrentarse con uno de los bloques de la derecha realmente existente, que no soporta ni siquiera este experimento de reformismo capitalista. Con una economía en crecimiento, la puja por la renta desata apetencias frente a las que es exiguo, y mediocre, continuar apoyados en un puñado de figuras. Este gobierno tiene muy pocos cuadros políticos, y si tiene más quedan sumergidos bajo el estilo autocrático de la pareja comandante. Defender la intervención del Estado en la economía para regular los desequilibrios sociales, apropiando una parte de la renta de la clase dominante, requiere de mucho más que apelar a los recursos de simbología peronista versus gorilaje apátrida.
Es probable que el lockout agrario haya comenzado a marcar o tensionar los límites ideológicos del kirchnerismo, en el sentido de cuáles son las fuerzas sociales a las que sería capaz de recurrir para consolidar su modelo reformista de Estado más o menos presente. Esas fuerzas no existen per se. Tiene que “inventarlas” desde una concepción mucho más horizontal en la forma de construir poder, sin por eso renunciar a lo imprescindible del liderazgo populista; apostar más y mejor al desarrollo de nuevos agentes productivos; animarse a salir del cascarón de aldea provinciana. No será revolucionario, dicho en ortodoxia ideológica, pero es lo que hay. Como apunta Ricardo Aronskind, economista y profesor de Ciencias Sociales, lo que está en discusión no es si con el kirchnerismo se vive bien, sino si podríamos pasar a vivir francamente peor. Sostener y agudizar el esquema de reparto estatista, como acaba de ser comprobado y al margen de las tropelías antipopulares en la distribución de la riqueza, supone la furia de la derecha argentina, que es una de las más salvajes. Y volviendo al comienzo, a la “tensa calma”, uno no ve que se haya equivocado en lo primordial, que es y seguirá siendo no equivocarse de enemigo.
Será difícil, vista la correlación de fuerzas y con los medios en contra, que la mayoría lo interprete firmemente de esa forma, si el sistema de construcción de poder pasa por la tontería indescriptible de agarrárselas con Sábat y confiar en los camiones de Moyano y los micros de los intendentes del conurbano.
Clarín - Nota - El Mundo - Pag. 22
OFENSIVA POR LA LEY DE CADUCIDAD EN URUGUAY
Contra Tabaré, el Frente hará campaña para derogar la amnistía
Lo decidió el Plenario de la coalición con el voto de las minorías. El presidente se opone.
MONTEVIDEO. ANSA Y DPA
Contra la opinión del presidente uruguayo, Tabaré Vázquez, el gobernante Frente Amplio resolvió participar de una campaña que impulsa la derogación de la ley que en 1986 dispuso amnistiar a quienes violaron derechos humanos durante la última dictadura militar en Uruguay (1973-85).
Según se informó ayer, la resolución fue adoptada en la noche del sábado por el plenario nacional de la coalición. Con 81 votos a favor, nueve en contra y 53 abstenciones, los sectores minoritarios del Frente impusieron la decisión de sumarse a una campaña de recolección de firmas para reclamar un plebiscito que considere la anulación de la Ley de Caducidad junto a las elecciones generales de 2009.
De ese modo se impuso la postura sostenida por el Partido Comunista uruguayo (PCU), el Nuevo Espacio, el partido por la Victoria del Pueblo (PVP), el Partido Obrero Revolucionario (POR), el Movimiento 20 de Mayo (20M) y la Corriente de Izquierda (CI). En cambio, quedaron en minoría los sectores considerados electoralmente mayoritarios dentro de la coalición, tales como el Movimiento de Participación Popular (MPP), el Partido Socialista (PS), la Asamblea Uruguay (AU), la Vertiente Artiguista (VA) y la Alianza Progresista (AP). Ello se debió a que delegados de base que responden al PS y al MPP votaron en contra de sus direcciones partidarias. "Esto nos va a generar grandes problemas. Nos estamos haciendo el haraquiri", advirtió un dirigente socialista, citado por el diario El País aludiendo a la determinación del plenario y las elecciones nacionales del año próximo. El presidente Vázquez se ha manifestado en contra de que el Frente Amplio o su gobierno promuevan la anulación de la amnistía.
Fuentes del socialismo rechazaron la posibilidad de que los sectores más radicales de la coalición pongan en riesgo las posibilidades del Frente en las presidenciales. Y pusieron en duda que puedan llegar a obtenerse las casi 300.000 firmas necesarias para forzar el plebiscito.
Durante las deliberaciones, varios dirigentes recordaron que Vázquez se comprometió a mantener la Ley de Caducidad. Aunque otros, más favorables a derogar la amnistía, subrayaron que el congreso del Frente –máximo órgano de conducción– ya había decidido el 16 de diciembre pasado adherirse a la campaña por la anulación de la amnistía.
La amnistía fue aprobada en 1986 durante el primer gobierno de Julio Sanguinetti (1985-1990) del conservador Partido Colorado. La ley 15.848 estableció que delitos cometidos por militares y policías durante la dictadura, incluidas violaciones a los derechos humanos, quedaran amnistiados salvo excepciones. En 1989, un plebiscito ratificó la amnistía. Pero ahora, sectores políticos adversos a la ley intentan sumar las casi 260 mil firmas que se necesitan para una nueva convocatoria plebiscitaria.
