El diputado nacional Jorge Rivas, integrante del bloque del Frente para la Victoria y referente del Socialismo para la Victoria, expuso esta tarde en el Congreso Nacional sobre un proyecto que presentó ante la falta de hogares en nuestro país. Fue en el marco del "III Encuentro Federal Contra la Violencia Institucional" y como parte de "Habitar Argentina: Iniciativa multisectorial por el derecho a la tierra, la vivienda y el hábitat".
Discurso completo:
"Primero, quiero agradecer a los compañeros por la invitación, yo me voy a enfocar brevemente, en lo que supongo, es el motivo por lo que me invitaron a integrar este panel. Se trata de mi proyecto de ley que propone un plan de regulación dominial, como forma de dar respuesta de fondo a la profunda crisis habitacional que atraviesa nuestro país.
Con Alejandro "Pitu" Salvatierra
Alrededor de dieciséis millones de personas, lo que equivale a unos cuatro millones de familias, carecen de una vivienda digna en la Argentina. Además, según datos recientes, hay en la Argentina al menos 1.800 asentamientos urbanos en los que viven más de 500 mil familias, sin seguridad en la tenencia de la tierra y sin servicios básicos regulares. Se trata, en consecuencia, de personas que viven en terrenos sobre los que no tienen títulos legalmente válidos. El artículo 14 bis de nuestra Constitución Nacional, sin embargo, establece que el Estado debe garantizar a todos los ciudadanos, entre otros derechos, el de acceder a una vivienda digna.
No tenemos dudas acerca de que el actual gobierno nacional ha destinado y destina no sólo recursos materiales, sino una alta dosis de voluntad política a la solución de esta y de muchas otras carencias de las clases más desprotegidas. En ese contexto, quienes integramos "Habitar Argentina: Iniciativa multisectorial por el derecho a la tierra, la vivienda y el hábitat", nos propusimos aportar una herramienta más para avanzar en este problema específico. Habitar Argentina, me permito recordarles, es un espacio plural, en el que hemos confluido legisladores, académicos y organizaciones sociales.
El aporte al que me refería es un proyecto de ley que presentamos en el año 2013 en la Cámara de Diputados. Su primera disposición consiste en que se declare la Emergencia Habitacional de villas y asentamientos poblacionales. A partir de esa declaración, el proyecto propone que se ponga en marcha, en el ámbito del gobierno nacional, un programa destinado a promover la regularización dominial de asentamientos en todo el territorio del país.
El proyecto caracteriza a las villas como urbanizaciones informales, producto de ocupaciones de tierra urbana donde se han asentado familias provisoriamente, con un tramado irregular, con alta densidad de población y escaso o nulo espacio verde. Las viviendas han sido construidas con materiales precarios o de desecho, y la precaria infraestructura ha sido producida por los propios habitantes.
Los asentamientos, por su parte, se definen como barrios informales cuyos trazados urbanos tienden a ser regulares y planificados. En general, han sido organizados colectivamente sobre tierra degradada, o fuera de los parámetros urbanísticos normales. Las viviendas y la construcción tienden a ser definitivas, se han reservado espacios públicos para plazas y otros equipamientos, y se han ido incorporando paulatinamente redes de servicios públicos, con intervención de empresas privadas o del Estado. Sus ocupantes aspiran a la tierra, a convertirse en propietarios.
En las villas y asentamientos, el crecimiento vegetativo de la población, las migraciones internas, el desempleo crónico, y la precariedad laboral completan un escenario erizado de obstáculos difíciles de superar. Es a sus habitantes a quienes se postula como destinatarios de los beneficios de la ley que proponemos.
Como requisito previo a la regularización, los que aspiren a ella, deberán acreditar la posesión pública, pacífica y continua, durante al menos tres años, de los inmuebles o fracción de inmuebles de que se trate. Esos inmuebles, además, deberán tener como destino principal el de casa habitación única y permanente, o constituir una unidad productiva familiar.
La gestión y presencia del Estado en todo el territorio, mediante la articulación con las jurisdicciones provinciales y municipales, constituye un objetivo central de nuestra propuesta. Pero esa gestión, al mismo tiempo, tiene que garantizar y promover instancias, y herramientas de participación y gestión comunitaria durante las distintas fases del proceso de regularización. Es que los pobladores deben ser parte de la solución del problema, e intervenir activamente en el mejoramiento de su barrio.
Estamos convencidos, de que tanto la falta de información pública acerca de estos temas, como la carencia de los recursos e instrumentos necesarios, para enfrentar los procesos establecidos por el orden jurídico actual, privan a la población afectada de la posibilidad de acceder, por medio de la Justicia, a la propiedad de la tierra y de una vivienda digna. Por último, es por eso que el Estado, con políticas activas, es el que debe investigar, proponer, y aplicar soluciones a los problemas de los más débiles. Se trata, en fin, de dar un paso más en el camino hacia la eliminación de las desigualdades, una meta a la que quienes participamos del proyecto nacional, popular, y democrático no queremos renunciar.
Nuevamente, muchas gracias."
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