"Señor presidente:
Ya varias señoras y señores diputados que me precedieron en el uso de la palabra, con autoridad en el conocimiento del derecho laboral, se han referido a las cuestiones técnicas que contiene la norma que estamos por sancionar. Por eso voy a aprovechar estos breves minutos para referirme a la cuestión conceptual y de contexto político en el que tratamos el proyecto de ley que tenemos en nuestras bancas. En ese sentido, me es imposible abstraerme del dato de que desde el 2003 se han creado seis millones de puestos de trabajo, y de que en el tercer trimestre del 2013 el índice de desempleo ha descendido hasta el 6,8 %, el más bajo en los últimos 25 años.
Sin embargo, los pasos que se dan en el sentido del progreso social no solo llaman la atención acerca del alivio que se ha logrado para determinados sufrimientos colectivos. También suelen poner delante de los ojos los pasos que aún no se han dado, o los que no han sido suficientes. En otros términos, ante el desolador espectáculo de la desocupación masiva que ofrecía la Argentina en el 2003, la urgencia por la generación de trabajo pudo hacer pasar a un segundo plano la preocupación por la calidad de ese trabajo. Pero si se hace retroceder a la desocupación, sucede lo contrario. Eso es lo que pasa en nuestro país, a pesar de que también en ese aspecto haya habido avances.
Cuando un trabajador o trabajadora tiene un empleo no registrado, un empleo informal, o sea, cuando una persona sufre fraude laboral, en su caso individual la historia ha retrocedido doscientos años. Para esa persona en particular no han existido nunca las uniones de trabajadores de la primera Revolución Industrial, ni los modernos sindicatos, ni nada de la riquísima historia del movimiento obrero. No hay jornada de ocho horas, ni descanso semanal, ni vacaciones, ni obra social, ni jubilación, ni indemnización por despido. Y aunque ahora sean menos, todavía hay muchos miles de trabajadoras y de trabajadores en esa condición entre nosotros.
Sabemos que el trabajo informal no es un castigo divino, ni una plaga ajena a los conflictos que anidan en la sociedad. Hay trabajo informal porque hay empleadores que abusan de su posición de fuerza en la relación social con los asalariados. Hay trabajo informal porque hay patrones evasores. Hay trabajo informal porque para muchos empresarios la ganancia del capital vale más que los derechos de los trabajadores. Y porque es posible mantener trabajadores sin registrar y no sufrir ninguna sanción por ello.
El proyecto del Ejecutivo es realista. Ofrece estímulos económicos a los empleadores, mediante la reducción de los aportes patronales por sus trabajadores debidamente registrados, en una escala que favorece más a las empresas más débiles. Propone aumentar y mejorar el control estatal, y aplicar sanciones a las patronales que violen sus obligaciones laborales.
La Unión Industrial Argentina, por medio de su junta ejecutiva, ha señalado: "Si bien la UIA apoya la necesidad de avanzar en la disminución de la informalidad laboral, se plantearon cuestiones que pueden tener un impacto negativo en la generación de empleo, alimentando de esta manera la industria del juicio". Es decir que la patronal reacciona como siempre que ve peligrar alguno de sus privilegios: amenaza y se victimiza. Es una historia recurrente, cada vez que la clase trabajadora avanza por más derechos, pero que en esta oportunidad quede claro: votar de una u otra forma significa votar a favor o en contra del pueblo trabajador.
Por último señor presidente, adelanto mí voto afirmativo, y estoy convencido que con iniciativas políticas como éstas dejamos claro en los hechos, más allá del staff mediático de agoreros, que el gobierno nacional continúa firme en la dirección de mejorar las condiciones de vida de nuestro pueblo, en particular de nuestra clase trabajadora.
Muchas gracias"
Ya varias señoras y señores diputados que me precedieron en el uso de la palabra, con autoridad en el conocimiento del derecho laboral, se han referido a las cuestiones técnicas que contiene la norma que estamos por sancionar. Por eso voy a aprovechar estos breves minutos para referirme a la cuestión conceptual y de contexto político en el que tratamos el proyecto de ley que tenemos en nuestras bancas. En ese sentido, me es imposible abstraerme del dato de que desde el 2003 se han creado seis millones de puestos de trabajo, y de que en el tercer trimestre del 2013 el índice de desempleo ha descendido hasta el 6,8 %, el más bajo en los últimos 25 años.
Sin embargo, los pasos que se dan en el sentido del progreso social no solo llaman la atención acerca del alivio que se ha logrado para determinados sufrimientos colectivos. También suelen poner delante de los ojos los pasos que aún no se han dado, o los que no han sido suficientes. En otros términos, ante el desolador espectáculo de la desocupación masiva que ofrecía la Argentina en el 2003, la urgencia por la generación de trabajo pudo hacer pasar a un segundo plano la preocupación por la calidad de ese trabajo. Pero si se hace retroceder a la desocupación, sucede lo contrario. Eso es lo que pasa en nuestro país, a pesar de que también en ese aspecto haya habido avances.
Cuando un trabajador o trabajadora tiene un empleo no registrado, un empleo informal, o sea, cuando una persona sufre fraude laboral, en su caso individual la historia ha retrocedido doscientos años. Para esa persona en particular no han existido nunca las uniones de trabajadores de la primera Revolución Industrial, ni los modernos sindicatos, ni nada de la riquísima historia del movimiento obrero. No hay jornada de ocho horas, ni descanso semanal, ni vacaciones, ni obra social, ni jubilación, ni indemnización por despido. Y aunque ahora sean menos, todavía hay muchos miles de trabajadoras y de trabajadores en esa condición entre nosotros.
Sabemos que el trabajo informal no es un castigo divino, ni una plaga ajena a los conflictos que anidan en la sociedad. Hay trabajo informal porque hay empleadores que abusan de su posición de fuerza en la relación social con los asalariados. Hay trabajo informal porque hay patrones evasores. Hay trabajo informal porque para muchos empresarios la ganancia del capital vale más que los derechos de los trabajadores. Y porque es posible mantener trabajadores sin registrar y no sufrir ninguna sanción por ello.
El proyecto del Ejecutivo es realista. Ofrece estímulos económicos a los empleadores, mediante la reducción de los aportes patronales por sus trabajadores debidamente registrados, en una escala que favorece más a las empresas más débiles. Propone aumentar y mejorar el control estatal, y aplicar sanciones a las patronales que violen sus obligaciones laborales.
La Unión Industrial Argentina, por medio de su junta ejecutiva, ha señalado: "Si bien la UIA apoya la necesidad de avanzar en la disminución de la informalidad laboral, se plantearon cuestiones que pueden tener un impacto negativo en la generación de empleo, alimentando de esta manera la industria del juicio". Es decir que la patronal reacciona como siempre que ve peligrar alguno de sus privilegios: amenaza y se victimiza. Es una historia recurrente, cada vez que la clase trabajadora avanza por más derechos, pero que en esta oportunidad quede claro: votar de una u otra forma significa votar a favor o en contra del pueblo trabajador.
Por último señor presidente, adelanto mí voto afirmativo, y estoy convencido que con iniciativas políticas como éstas dejamos claro en los hechos, más allá del staff mediático de agoreros, que el gobierno nacional continúa firme en la dirección de mejorar las condiciones de vida de nuestro pueblo, en particular de nuestra clase trabajadora.
Muchas gracias"
Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
21/05/2014
1 comentario:
Claro y simple. Pero por sobre todo, decente y sincero, como no podía ser de otra manera proviniendo del legislador Rivas. Vos hacés honor a tu misión y a tu juramento en el Congreso con relación a tu pueblo y al respeto a nuestra querida Nación.
Saludos
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