"En primer lugar, quiero agradecer a los compañeros de la organización, por la invitación para poder estar aquí con ustedes.
La seguridad, en una sociedad democrática, es un derecho de todos. Un derecho que incluye un trabajo estable, una vivienda propia, educación y atención médica eficiente y gratuita, un futuro para los jóvenes, y, por supuesto, la tranquilidad para disfrutar de ese bienestar y del tiempo libre. Esa seguridad, que la sociedad argentina conoció en buena medida en épocas pasadas, ha sido poco menos que arrasada en los últimos cuarenta años.
Su versión en negativo, sin embargo, la inseguridad, parece referirse solamente al miedo a ser víctima de delitos contra la integridad física y la propiedad. Naturalmente, la protección por parte del Estado contra esos riesgos, inevitables, en mayor o menor proporción, en todas las sociedades, forma parte del derecho a la seguridad a que me refería antes. Pero no la agota en absoluto.
Los grandes medios de comunicación de masas sostienen en su discurso ese modelo de inseguridad, que agitan todo el tiempo, interesadamente. Los medios, y muchos dirigentes políticos, irresponsables y sin escrúpulos. Todos quieren sacar partido del miedo que ellos mismos generan. Algunos, superficiales oportunistas, con meros fines electorales. Otros, porque saben que los ciudadanos asustados están más propensos a delegar cada vez más facultades en aquellos que falazmente se ofrecen para protegerlos del mal.
Las estadísticas internacionales revelan con claridad que el problema del delito no es en nuestro país más grave que en la mayoría de los demás países de la región. Más aun, es menos grave. Pero no es la verdad lo que les importa a los propagandistas del miedo. De cualquier manera, hay que admitirlo, el problema existe, y el reclamo de vastos sectores de la sociedad es legítimo.
Lo que no es legítimo son las soluciones que propone el griterío de los actores que hemos señalado. Y tampoco es legítimo que finjan desconocer que si los factores que generan la expansión del delito son múltiples, el alto grado de desigualdad es reconocido como central por la totalidad de los criminólogos. Vale la pena decir que el concepto de desigualdad tampoco se agota en la pobreza, aunque la incluya. Se trata más bien de la dualización de la sociedad. En otras palabras, de la cruel convivencia entre la ostentación de lo que unos tienen de sobra, y la más elemental necesidad que padecen otros.
Lejos de dejarse amedrentar por la realidad, los activistas de la inseguridad pregonan, desde hace años, la necesidad de agravar las penas previstas por el Código Penal y el recorte de los derechos y garantías de las personas. En muchos casos lo han logrado, y han convertido a ese cuerpo legal en un muestrario de disparates, sin coherencia, sin una adecuada relación entre la gravedad de los ilícitos y su castigo penal. Ya está suficientemente demostrado, no obstante, que el aumento de las penas no actúa como disuasivo, y en cualquier caso la ley se aplica después de que se ha cometido el delito, así que el castigo no sirve para evitarlo.
Todo ello no significa, de todos modos, que el aumento arbitrario de las penas no cumpla ninguna función. Claro que la cumple. Cumple una función de control social de los que menos tienen por parte de los que tienen más. Hace muchos años Alfredo Palacios advertía que el Código Penal solo se les aplica a los pobres. Más recientemente, el ministro de la Corte Suprema Eugenio Zaffaroni ha dicho que cada sistema penal se dirige a determinado enemigo, y que el enemigo en la Argentina son los jóvenes pobres. A ellos se quiere controlar. Y en efecto, son jóvenes y pobres la mayor parte de quienes pueblan las cárceles.
También suele proponerse la mano dura de las fuerzas paradójicamente llamadas de Seguridad, y con ello se estimulan la violencia institucional, el abuso de poder, el gatillo fácil, los crímenes de represores armados contra ciudadanos y adolescentes indefensos. Crímenes que de ningún modo se justificarían si fueran cometidos contra culpables de graves delitos, pero que resultan particularmente horribles en la medida en que terminan con la vida de aquellos inocentes a los que las policías deberían precisamente proteger.
Los apóstoles de la mano dura, del meter bala a los delincuentes, quieren hacer retroceder la democracia hasta la negra época en la que esas fuerzas, militarizadas, participaban del gigantesco operativo de secuestro, tortura y desaparición del que fue víctima nuestro pueblo. Esa época, de la que tienen nostalgia algunos de los ideólogos del combate contra la inseguridad, fue precisamente la de mayor inseguridad en la historia del país, aun en la acepción limitada y arbitraria del término que se difunde por los medios.
De modo que no solo no se trata de aumentar las facultades y aun la discrecionalidad de las fuerzas policiales, sino, por el contrario, de subordinarlas realmente a los procedimientos democráticos. La reforma policial es una tarea, no por difícil menos necesaria, que nuestra democracia adeuda a la sociedad. En el estado en que se encuentran, no hay fuerza policial en el país que no forme parte del problema en lugar de formar parte de la solución. Las rebeliones del verano pasado exhibieron el espectáculo vergonzoso de corporaciones armadas que abandonaban impúdicamente sus obligaciones para plantear sus reclamos sectoriales con las armas en la mano, en un intolerable y peligroso acto de chantaje.
La reforma de las policías, está claro, debería formar parte de un plan integral de Seguridad que incluyera respuestas para el concepto de inseguridad restringido, sin dejar de apuntar a la cuestión de fondo. Un conjunto de políticas de Estado que tenga como ejes la inclusión y la drástica reducción de la desigualdad, tanto como la creación de los más amplios mecanismos de participación colectiva en la discusión acerca de los problemas y en la búsqueda de soluciones.
Por último, el debate sobre la seguridad y la inseguridad se ha convertido en algo demasiado sensible para la mayoría de la población y demasiado delicado en términos políticos para que aceptemos dejarlo exclusivamente en el ámbito de los medios masivos y de sus políticos favoritos. Es por eso que me parece muy importante, replicar estos encuentros de debate horizontal y plural en distintos rincones de nuestro país, para que entre todos, vayamos construyendo una verdadera seguridad democrática y popular, en la inteligencia de que, en buena medida, de ello dependerá la posibilidad de que vivamos en una sociedad más justa.
Nuevamente, muchas gracias"
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