viernes, 30 de mayo de 2014
AHORA > JORGE RIVAS EN LA CARPA VILLERA (OBELISCO) > 40 DÍAS SIN SOLUCIONES DE MACRI
martes, 27 de mayo de 2014
RIVAS LE CONTESTÓ AL DIARIO EL PAÍS DE MADRID POR CALIFICARLO DE "EX SOCIALISTA"
Jorge Rivas - Diputado Socialista
Bloque Frente para la Victoria
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http://economia.elpais.com/economia/2014/05/22/actualidad/1400779533_347299.html
Argentina aprueba una ley para luchar contra el trabajo informal
Un tercio de los empleados no tiene protección social
La norma quitará subvenciones a las empresas con trabajadores irregulares
ALEJANDRO REBOSSIO
Buenos Aires 22 MAY 2014
En la Unión Europea, las tasas de paro de Latinoamérica pueden despertar envidia o sorpresa. En la UE es del 10,5%, con Grecia en el 26,7% y España en el 25,3%. En Latinoamérica, la media de 2013 fue del 6,5%, con un solo país, Colombia (11,1%), por encima del 10%. Pero lo que afecta al empleo en el continente es la informalidad, sin contribuciones patronales a los sistemas sanitario y de pensiones, sin respeto a las condiciones laborales mínimas establecidas por ley. A ese flagelo es al que apunta la ley contra el trabajo en negro que aprobó este miércoles el Congreso de Argentina, con el voto favorable del kirchnerismo y de la mayoría de la oposición, que, no obstante, puso en duda su eficacia.
En Argentina, el 33,5% de los empleados no cotiza a la Seguridad Social. En el conjunto de Latinoamérica, el 58% de los trabajadores de empresas de menos de cinco contratados padece la misma situación. También ocurre en el 15% de las empresas con más de cinco trabajadores y con el 65% de las empleadas domésticas. Incluso el 7% de los empleados del propio Estado carece de aportes a los sistemas de sanidad o de pensiones.
La nueva ley de Argentina quiere incentivar la contratación en blanco de los trabajadores de empresas de hasta 80 empleados mediante la reducción de contribuciones patronales durante dos años. Las rebajas son mayores para las compañías pequeñas. Además, se estableció que el Gobierno federal pueda realizar inspecciones laborales en las provincias, que hasta ahora mantenían esa facultad exclusiva para ellas. En varias ocasiones, los Gobiernos provinciales se han mostrado poco proclives a denunciar a empresas cercanas al poder local. Por último, la norma establece que las compañías que lleven a cabo infracciones laborales no podrán beneficiarse de los planes de subvenciones del Estado nacional o de créditos de bancos públicos.
"Los empleados en negro son trabajadores en estado de suma vulnerabilidad porque tienen remuneraciones inferiores, no tienen obra social (cobertura médica), no tienen inmediatez en la cobertura de un accidente o enfermedad profesional. Cuando aprobemos este proyecto, vamos a dar un paso cualitativamente al futuro", dijo en el debate de la ley el diputado kirchnerista Héctor Recalde. La ley fue aprobada en la Cámara de Diputados por 227 votos a favor y tres en contra, de dos trotskistas y un conservador. Otros cuatro diputados de izquierda se abstuvieron.
"La creación de empleo productivo y formal en el sector privado no depende de leyes laborales ni disminución de aportes a la seguridad social, sino que obedece a condiciones macroeconómicas", dijo la diputada Margarita Stolbizer, del progresista Frente Amplio Unen. La economía argentina se estancó en el primer trimestre de 2014. El desempleo aumentó al 7,1%, después del 6,4% del último periodo de 2013, aunque se encuentra por debajo del 7,9% de los primeros tres meses del año pasado.
Después de la devaluación del peso de enero, la inflación subió al 33% anual. En febrero y marzo, el peso se estabilizó, pero en abril ha vuelto a perder valor aunque de manera pausada. "Este proyecto (contra el trabajo informal) no generará más empleo; será tan sólo una aspirina para un enfermo con fiebre muy alta", dijo el diputado José Luis Riccardo, también del Frente Amplio Unen. Distinta fue la opinión del kirchnerista y exsocialista Jorge Rivas: "Hay empleadores que abusan de su posición dominante. Hay patrones que tienen trabajadores informales porque son evasores (defraudadores). Para muchos empresarios, la ganancia del capital vale más que el derecho de los trabajadores. El proyecto del Ejecutivo es realista, al ofrecer estímulos económicos para los empleadores y sanciones para quienes no cumplan las leyes laborales". El objetivo marcado está claro: reducir el trabajo informal del 33,5% al 28% en 2016.
lunes, 26 de mayo de 2014
SOCIALISTA JORGE RIVAS A 11 AÑOS DE LA MUERTE DE ALFREDO BRAVO
domingo, 25 de mayo de 2014
"NO HAY REVOLUCIÓN SIN PUEBLO" - EL DIPUTADO JORGE RIVAS CELEBRÓ EL DISCURSO PRESIDENCIAL DEL 25 DE MAYO
Buenos Aires, 25 de mayo de 2014
Jorge Rivas subrayó una frase de la Presidenta
"No hay revolución sin pueblo"
"La Presidenta dijo hoy una frase que no solo me parece una verdad enorme, sino que debería hacer reflexionar profundamente a buena parte de la izquierda nativa: no hay revolución sin pueblo", señaló el diputado socialista Jorge Rivas, integrante del bloque del FPV, con referencia a un tramo del discurso que pronunció por la tarde Cristina Fernández de Kirchner.
"En efecto - prosiguió el legislador -, las fuerzas de izquierda tienen en nuestro país una larga historia de desencuentros con las mayorías populares que las ha llevado en más de una ocasión a ponerse del lado de las minorías, tal como sucede hoy con algunos sectores que se pretenden revolucionarios".
sábado, 24 de mayo de 2014
DIPUTADO JORGE RIVAS SOBRE MEDIOS Y DICTADURA MILITAR
*Adhesión a la charla "Medios y Dictadura", organizada por la Delegación Regional Bahía Blanca de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) y la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad
Nacional de la Plata.
viernes, 23 de mayo de 2014
DIARIO PÁGINA/12 - MENCIÓN A PROYECTO DE LEY DEL DIPUTADO JORGE RIVAS EN LA NOTA "LAS NUEVAS DISPUTAS CULTURALES"
Las nuevas disputas culturales
Por Anna Valeria Prato *
y María Soledad Segura ** Desde Córdoba
La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) no sólo sentó bases más democráticas para reconfigurar el sistema mediático, sino que su debate público colocó los derechos a la comunicación y a la cultura en un lugar central en la agenda social y gubernamental. Esto amplió las oportunidades políticas para que se conformaran y fortalecieran organizaciones sociales de otros sectores de la comunicación (como los gráficos e Internet) y de la cultura (músicos, bailarines, productores culturales comunitarios). La inédita participación social y los altos niveles de incidencia que la Coalición por una Radiodifusión Democrática logró tener en las políticas de comunicación del país de los últimos cinco años constituyeron fuente de inspiración para nuevos colectivos, que impulsan cambios en las reglas de juego de otras áreas de la producción cultural.
En particular, la LSCA estableció cuotas de música nacional e independiente a ser programada por las radios y destinó un porcentaje de la recaudación de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual al Instituto Nacional de Música.
Esto fue un logro de la Federación Argentina de Músicos Independientes y la Federación Independiente de Músicos de la Argentina, que se habían conformado en 2008 y que luego impulsaron la Ley de la Música, aprobada en 2013. Su proyecto había sido presentado en 2012 por el diputado del Frente para la Victoria Eric Calcagno.
En 2010 se reunió el Colectivo Pueblo Hace Cultura, y en 2012 promovió el proyecto de Ley de Apoyo a la Cultura Comunitaria, Autogestiva e Independiente. Este proyecto, luego de perder estado parlamentario, fue presentado nuevamente en 2013 por el diputado de Unidad Popular Claudio Lozano. Por su parte, la Asociación de Revistas Culturales Independientes de Argentina se constituyó en 2012 y presentó el proyecto de Ley de Promoción de la Producción Independiente y Autogestiva de Comunicación Cultural por Medios Gráficos y de Internet a través del diputado del Frente para la Victoria Jorge Rivas. En tanto, el pasado 29 de abril, el Movimiento por la Ley de Danza, que integra experiencias que se desarrollan desde 2008, volvió a presentar –después de que perdiera estado parlamentario– el proyecto de Ley de Danza, con el apoyo de diversos bloques.
Todas estas propuestas se basan en el paradigma de la comunicación y la cultura como derechos humanos, y como condición para la democracia y el desarrollo de los pueblos en el que se funda la LSCA, y se colocan en las antípodas del modelo mercantil de bienes y servicios culturales. Desde esta perspectiva se busca garantizar el acceso y la participación de actores que ocupan una posición marginal en la producción cultural: social-comunitarios, autogestivos, independientes, sin fines de lucro. Esta concepción implica también reivindicar el rol activo del Estado como garante de ese derecho para todos y todas y la consecuente necesidad de que fomente estas expresiones.
No obstante, lo novedoso no es sólo el fundamento de las propuestas, sino también sus procesos de construcción. Los debates y las definiciones de estos proyectos de ley se realizaron con amplia participación y movilización social en casi todo el país.
Esto conllevó necesarios cambios de roles tanto en el Estado como en la sociedad civil y la puesta en juego de nuevos sentidos sobre lo estatal, lo público y lo común. Estas organizaciones sociales procuran pasar de la desconfianza al Estado y la resistencia a sus políticas, a la propuesta, la negociación y los intentos de incidencia. Por su parte, agentes estatales ensayan nuevos modos de relacionarse con estos colectivos sociales: de la estrategia de cooptación mediante el financiamiento y de imposición de decisiones a la consulta, la apertura y la cooperación. Estos avances, sin embargo, no están exentos de conflictos, rupturas y retrocesos.
✱ Licenciada en Psicología. Maestranda en Investigación e Intervención Psico-social de la UNC. Integrante de la Red de Productores Culturales de Sierras Chicas-Córdoba.
✱✱ Doctora en Ciencias Sociales. Magíster en Comunicación y Cultura Contemporánea. Docente de la Escuela de Ciencias de la Información de la UNC e investigadora asistente del Conicet.
Tirada: 15000 Difusión: 60000 |
VÍCTOR HUGO MORALES - SOBRE JORGE RIVAS Y UN PROYECTO PARA REGULAR LOS PIQUETES
Proyecto para regular los piquetes
Víctor Hugo Morales - Conductor
Proyecto contra la criminalización de la protesta social, fue presentado por primera vez en 1999 y perdió estado parlamentario y fue presentándose cada dos años. Propuestas del diputado Jorge Rivas y de Alicia Castro, la embajada con la que vamos a hablar.
Daniel López: Ese y otro proyecto se fueron acumulando y ayer comenzaron a debatirlos en comisión de Diputados que encabeza Diana Conti. Hablaron Néstor Pitrola, Federico Sturzenegger, están casi todos de acuerdo en dar amnistía a todos los procesados por cortar cosas, que son unas 4.000 personas, sólo un diputado del PRO estuvo en desacuerdo. Virgina Linares dijo que sería una manera de destrabar el debate.
PÁGINA/12 SOBRE LA EXPOSICIÓN DEL DIPUTADO JORGE RIVAS EN LA SESIÓN EN LA QUE SE APROBÓ LA LEY DE PROMOCIÓN DEL TRABAJO REGISTRADO
LA CAMARA BAJA APROBO LA LEY DE PROMOCION DEL TRABAJO REGISTRADO
Palo y zanahoria en busca del blanqueo
La votación en Diputados registró una amplia mayoría de 227 votos a favor, contra sólo tres en contra, dos del Frente de Izquierda y uno del PRO, y cuatro abstenciones. La iniciativa intenta generar la regularización de 650 mil trabajadores en dos años.
Por Sebastián Premici
La Cámara de Diputados convirtió en ley el proyecto de promoción del trabajo registrado y prevención del fraude laboral por 227 votos positivos contra tres votos negativos. El Frente para la Victoria consiguió el apoyo de la UCR, FAP-Unen, PRO, Frente Renovador y otros bloques minoritarios. Los que se manifestaron en contra fueron dos legisladores del Frente de Izquierda -Néstor Pitrola estuvo ausente- y Federico Sturzenegger, el único macrista en rechazar el proyecto. Las abstenciones fueron cuatro, tres del bloque de Unidad Popular y Alcira Argumedo (Proyecto Sur). La oposición realizó planteos críticos durante el debate en particular. En la jornada de ayer, que se extendió por doce horas, también se votó el aumento de los montos para las sanciones de aquellas compañías que infrinjan las normas laborales. El diputado Jorge Rivas pronunció un emotivo discurso.
El oficialismo convocó a una sesión especial, a pesar de que podía ser una sesión ordinaria, con el objetivo de impedir que la oposición plantease otros proyectos por fuera de los enviados por el Ejecutivo, como el aumento del mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias. Al término de la votación, los opositores intentaron realizar su sesión especial, que no llegó a reunir el quórum necesario, por lo que quedó en la nada.
"Los empleados en negro son trabajadores en un estado de suma vulnerabilidad porque tienen remuneraciones inferiores, no tienen obra social, no tienen una inmediatez en la cobertura de un accidente o enfermedad profesional. Cuando aprobemos este proyecto vamos a dar un paso cualitativamente al futuro", manifestó Héctor Recalde (FpV), titular de la Comisión de Legislación Laboral.
Desde 2003, la reducción del trabajo informal fue significativa. Pasó del 49,7 por ciento al 33,5 por ciento, es decir, 16,2 puntos porcentuales. Sin embargo, en los últimos años la reducción de la informalidad resultó más dificultosa, al igual que la mejora en los indicadores de desempleo, ubicado actualmente en el 7,1 por ciento. El proyecto sancionado ayer contempla la reducción de contribuciones patronales para microempresas, medidas de fortalecimiento en la fiscalización y capacidad de inspección del Estado nacional y la creación de un registro donde se incluirá a las empresas que violen la legislación laboral.
"Apostamos a que con esta batería de instrumentos podremos regularizar a 300 mil trabajadores durante el primer año de vigencia y a 650 mil en dos años, lo que permitirá reducir la tasa de informalidad de 33,5 a 28 por ciento", explicó Juliana Di Tullio, presidenta del bloque del FpV. El costo fiscal de la baja de las contribuciones patronales sería de 4100 millones de pesos, que podría ser financiado a partir del mismo proceso de "blanqueo" de las fuentes de trabajo, que pasarían a aportar al sistema de contribuciones sociales.
"No se puede hablar de esta ley sin vincularla con otras normas como el nuevo régimen del peón rural, el que beneficia a trabajadoras de casas particulares y la penalización del trabajo infantil", manifestó Carlos Heller (NE-FpV). Si bien no hubo un cruce entre ellos, el diputado Carlos Brown, del partido Fe conducido por Gerónimo "Momo" Venegas, cuestionó al Estado por "no hacer nada para regularizar a los peones rurales" y aclaró que "la Uatre fue la única organización que hizo algo por los peones".
El legislador, que también integra el Movimiento Productivo Argentino junto a Eduardo Duhalde, obvió mencionar las denuncias impulsadas desde el Renatea por el trabajo infantil en distintas producciones agropecuarias. Incluso, existe una demanda penal contra el ex presidente Ramón Puerta por el delito de trata laboral. Durante el debate en el Senado, Alfredo De Angeli (PRO) incluso llegó a justificar el trabajo infantil (ilegal) como una "cuestión cultural del campo".
"La creación de empleo productivo y formal en el sector privado no depende de leyes laborales ni disminución de aportes a la seguridad social, sino que obedece a condiciones macroeconómicas. En muchos casos la informalidad en las pymes es una salida frente a la presión fiscal más alta del mundo", argumentó Margarita Stolbizer (FAP-Unen).
El único macrista en oponerse fue Sturzenegger, quien reclamó "bajar los impuestos al trabajo para tener mayor formalidad". "Este proyecto es una manzana envenenada", agregó el ex presidente del Banco Ciudad. El bloque Unidad Popular, liderado por Claudio Lozano, había anticipado su voto negativo, pero terminó optando por la abstención. "La propuesta no es bajar los costos laborales y desfinanciar la seguridad social, sino asociar el blanqueo a la productividad y el cambio técnico con un tratamiento preferencial en materia impositiva, tecnológica, comercial, crediticia, dirigido a pymes", propuso Lozano.
A diferencia de lo que suele decir la oposición sobre las "votaciones a libro cerrado", durante el debate en el Senado la iniciativa fue modificada en varios artículos. Por ejemplo, se modificó la composición del Comité de Seguimiento de la aplicación de la norma, para una mejor articulación con las provincias. Los integrantes del comité serán elegidos por la AFIP, la Anses y los ministerios de Trabajo y Economía de cada jurisdicción.
"Hay empleadores que abusan de su posición dominante. Hay patrones que tienen trabajadores informales porque son patrones evasores. Para muchos empresarios la ganancia del capital vale más que el derecho de los trabajadores. El proyecto del Poder Ejecutivo es realista, al ofrecer estímulos económicos para los empleadores y sanciones para quienes no cumplan las leyes laborales", concluyó Jorge Rivas.
APOYO DE JORGE RIVAS AL PROYECTO DE PIETRAGALLA PARA PROHIBIR INDULTOS, AMNISTIAS Y CONMUTACION DE PENAS EN DELITOS DE LESA HUMANIDAD
23/05/2014 Télam - Cable de Noticias DIPUTADOS-DERECHOS HUMANOS PRESENTAN PROYECTO PARA PROHIBIR INDULTOS, AMNISTIAS Y CONMUTACION DE PENAS EN DELITOS DE LESA HUMANIDAD Buenos Aires, 23 de mayo (Télam). El diputado nacional Horacio Pietragalla (Frente para la Victoria) presentó hoy un proyecto de ley para que los delitos de genocidio, de lesa humanidad y crímenes de guerra no pueden ser objeto de amnistía, indulto o conmutación de pena, bajo sanción de nulidad absoluta e insanable del acto que así lo disponga. El proyecto, de solo dos artículos, habla de los delitos enumerados que se encuentran contemplados en los artículos 6, 7 y 8 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y en los tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional. Según explicó el autor, "la iniciativa tiene como antecedentes las propuestas presentadas por los diputados (mandato cumplido) Patricia Walsh, Gerardo Conte Grand y Marcela Rodríguez, que fueran dictaminadas por las Comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia en el año 2005. En diálogo con Télam, recordó que "la Constitución Nacional le otorga al Presidente de la Nación la facultad de `indultar o conmutar las penas por delitos sujetos a la jurisdicción federal, previo informe del tribunal correspondiente, excepto en los casos de acusación por la Cámara de Diputados`". "La Corte Suprema de Justicia en dos fallos entendió que incluso previo a la positivización de los tratados de Derechos Humanos a través de la Constitución en la reforma de 1994, la imprescriptibilidad y obligación de persecución de los delitos de lesa humanidad ya eran de obligación para el Estado Nacional en virtud del `Ius Cogens`, contemplado en el actual artículo 118 de la ley máxima", agregó. E interpretó: "Más allá de las excepciones explícitas que la propia Constitución establece para la facultad de indultar o conmutar penas, los tratados internacionales incorporados a la misma en 1994 y el derecho de gentes ya existente, también impiden la aplicación del indulto, la amnistía y la conmutación de penas a los autores o investigados por delitos de lesa humanidad". "Este proyecto de ley viene a reglamentar esa prohibición de la facultad de indultar a los autores de este tipo de delitos aberrantes, de conformidad también con lo interpretado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los fallos `Mazzeo` y `Videla`, donde se declaró la inconstitucionalidad de los indultos a autores de delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar", expresó el diputado y nieto recuperado. Para Pietragalla, el objetivo que persigue el proyecto es el de "establecer por vía legal esta interpretación constitucional sobre la restricción de la facultad de indultar, amnistiar o conmutar penas en casos de delitos de lesa humanidad, de conformidad a lo ya fallado por la Corte Suprema para los casos concretos". "Esto es de suma importancia teniendo en cuenta que el Poder Judicial dicta fallos vinculantes para los casos concretos que llegan a su estudio, mientras que el Poder Legislativo sanciona leyes para la generalidad de los casos", remarcó. Y completó: "Una ley de estas características serviría como una reafirmación de las instituciones democráticas sobre la gravedad de los delitos de lesa humanidad y la obligación del juicio y castigo para sus responsables". Acompañan al autor en la firma del proyecto, sus compañeros de bloque, Verónica González, Walter Santillán, Andrés Larroque, Juan Cabandié, Eduardo "Wado" de Pedro, Mauricio Gómez Bull, Edgardo Depetri, Teresa García, Remo Carlotto, Mayra Mendoza, Jorge Rivas, Anabel Fernández Sagasti, Marcos Cleri y Luz Alonso. (Télam) lf-jab-rl |
jueves, 22 de mayo de 2014
AHORA >> DIPUTADO JORGE RIVAS EN ROSARIO (CON FOTOS) >> DISCURSO SOBRE "KIRCHNERISMO Y SOCIALISMO" DADO POR EL DIPUTADO JORGE RIVAS EN ROSARIO EL 22/05/2014 EN EL ESPACIO POLÍTICO Y CULTURAL "LA TOMA", TUCUMÁN AL 1300.
miércoles, 21 de mayo de 2014
TEXTO COMPLETO DEL DISCURSO DEL DIPUTADO JORGE RIVAS ADELANTANDO SU VOTO A FAVOR DEL PROYECTO DE LEY DE TRABAJO REGISTRADO
Ya varias señoras y señores diputados que me precedieron en el uso de la palabra, con autoridad en el conocimiento del derecho laboral, se han referido a las cuestiones técnicas que contiene la norma que estamos por sancionar. Por eso voy a aprovechar estos breves minutos para referirme a la cuestión conceptual y de contexto político en el que tratamos el proyecto de ley que tenemos en nuestras bancas. En ese sentido, me es imposible abstraerme del dato de que desde el 2003 se han creado seis millones de puestos de trabajo, y de que en el tercer trimestre del 2013 el índice de desempleo ha descendido hasta el 6,8 %, el más bajo en los últimos 25 años.
Sin embargo, los pasos que se dan en el sentido del progreso social no solo llaman la atención acerca del alivio que se ha logrado para determinados sufrimientos colectivos. También suelen poner delante de los ojos los pasos que aún no se han dado, o los que no han sido suficientes. En otros términos, ante el desolador espectáculo de la desocupación masiva que ofrecía la Argentina en el 2003, la urgencia por la generación de trabajo pudo hacer pasar a un segundo plano la preocupación por la calidad de ese trabajo. Pero si se hace retroceder a la desocupación, sucede lo contrario. Eso es lo que pasa en nuestro país, a pesar de que también en ese aspecto haya habido avances.
Cuando un trabajador o trabajadora tiene un empleo no registrado, un empleo informal, o sea, cuando una persona sufre fraude laboral, en su caso individual la historia ha retrocedido doscientos años. Para esa persona en particular no han existido nunca las uniones de trabajadores de la primera Revolución Industrial, ni los modernos sindicatos, ni nada de la riquísima historia del movimiento obrero. No hay jornada de ocho horas, ni descanso semanal, ni vacaciones, ni obra social, ni jubilación, ni indemnización por despido. Y aunque ahora sean menos, todavía hay muchos miles de trabajadoras y de trabajadores en esa condición entre nosotros.
Sabemos que el trabajo informal no es un castigo divino, ni una plaga ajena a los conflictos que anidan en la sociedad. Hay trabajo informal porque hay empleadores que abusan de su posición de fuerza en la relación social con los asalariados. Hay trabajo informal porque hay patrones evasores. Hay trabajo informal porque para muchos empresarios la ganancia del capital vale más que los derechos de los trabajadores. Y porque es posible mantener trabajadores sin registrar y no sufrir ninguna sanción por ello.
El proyecto del Ejecutivo es realista. Ofrece estímulos económicos a los empleadores, mediante la reducción de los aportes patronales por sus trabajadores debidamente registrados, en una escala que favorece más a las empresas más débiles. Propone aumentar y mejorar el control estatal, y aplicar sanciones a las patronales que violen sus obligaciones laborales.
La Unión Industrial Argentina, por medio de su junta ejecutiva, ha señalado: "Si bien la UIA apoya la necesidad de avanzar en la disminución de la informalidad laboral, se plantearon cuestiones que pueden tener un impacto negativo en la generación de empleo, alimentando de esta manera la industria del juicio". Es decir que la patronal reacciona como siempre que ve peligrar alguno de sus privilegios: amenaza y se victimiza. Es una historia recurrente, cada vez que la clase trabajadora avanza por más derechos, pero que en esta oportunidad quede claro: votar de una u otra forma significa votar a favor o en contra del pueblo trabajador.
Por último señor presidente, adelanto mí voto afirmativo, y estoy convencido que con iniciativas políticas como éstas dejamos claro en los hechos, más allá del staff mediático de agoreros, que el gobierno nacional continúa firme en la dirección de mejorar las condiciones de vida de nuestro pueblo, en particular de nuestra clase trabajadora.
Muchas gracias"
lunes, 19 de mayo de 2014
lunes, 12 de mayo de 2014
jueves, 8 de mayo de 2014
DIARIO PÁGINA/12 ► DIPUTADO JORGE RIVAS PROPONE HOMENAJE A ALFREDO BRAVO Y A LA APDH
Un proyecto sobre la APDH
El diputado socialista del Frente para la Victoria Jorge Rivas propuso que se rinda un homenaje a la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) "en reconocimiento a su incansable lucha por la justicia" al cumplirse el próximo 26 de mayo un nuevo aniversario de la muerte de Alfredo Bravo, uno de los fundadores de esa entidad. Por medio de un proyecto de resolución, Rivas pidió que la Cámara baja rinda un homenaje a esta entidad que tuvo un papel esencial para ayudar a las víctimas de la represión del terrorismo de Estado en la dictadura militar. "Nos parece pertinente que el homenaje se lleve a cabo el día en el que se cumplen once años de la muerte de Bravo, uno de los fundadores de la Asamblea, que nunca dejó de militar en ella", señaló el legislador.
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DISCURSO DEL DIPUTADO JORGE RIVAS EN EL ENCUENTRO FEDERAL POR UNA SEGURIDAD DEMOCRÁTICA Y POPULAR
"En primer lugar, quiero agradecer a los compañeros de la organización, por la invitación para poder estar aquí con ustedes.
La seguridad, en una sociedad democrática, es un derecho de todos. Un derecho que incluye un trabajo estable, una vivienda propia, educación y atención médica eficiente y gratuita, un futuro para los jóvenes, y, por supuesto, la tranquilidad para disfrutar de ese bienestar y del tiempo libre. Esa seguridad, que la sociedad argentina conoció en buena medida en épocas pasadas, ha sido poco menos que arrasada en los últimos cuarenta años.
Su versión en negativo, sin embargo, la inseguridad, parece referirse solamente al miedo a ser víctima de delitos contra la integridad física y la propiedad. Naturalmente, la protección por parte del Estado contra esos riesgos, inevitables, en mayor o menor proporción, en todas las sociedades, forma parte del derecho a la seguridad a que me refería antes. Pero no la agota en absoluto.
Los grandes medios de comunicación de masas sostienen en su discurso ese modelo de inseguridad, que agitan todo el tiempo, interesadamente. Los medios, y muchos dirigentes políticos, irresponsables y sin escrúpulos. Todos quieren sacar partido del miedo que ellos mismos generan. Algunos, superficiales oportunistas, con meros fines electorales. Otros, porque saben que los ciudadanos asustados están más propensos a delegar cada vez más facultades en aquellos que falazmente se ofrecen para protegerlos del mal.
Las estadísticas internacionales revelan con claridad que el problema del delito no es en nuestro país más grave que en la mayoría de los demás países de la región. Más aun, es menos grave. Pero no es la verdad lo que les importa a los propagandistas del miedo. De cualquier manera, hay que admitirlo, el problema existe, y el reclamo de vastos sectores de la sociedad es legítimo.
Lo que no es legítimo son las soluciones que propone el griterío de los actores que hemos señalado. Y tampoco es legítimo que finjan desconocer que si los factores que generan la expansión del delito son múltiples, el alto grado de desigualdad es reconocido como central por la totalidad de los criminólogos. Vale la pena decir que el concepto de desigualdad tampoco se agota en la pobreza, aunque la incluya. Se trata más bien de la dualización de la sociedad. En otras palabras, de la cruel convivencia entre la ostentación de lo que unos tienen de sobra, y la más elemental necesidad que padecen otros.
Lejos de dejarse amedrentar por la realidad, los activistas de la inseguridad pregonan, desde hace años, la necesidad de agravar las penas previstas por el Código Penal y el recorte de los derechos y garantías de las personas. En muchos casos lo han logrado, y han convertido a ese cuerpo legal en un muestrario de disparates, sin coherencia, sin una adecuada relación entre la gravedad de los ilícitos y su castigo penal. Ya está suficientemente demostrado, no obstante, que el aumento de las penas no actúa como disuasivo, y en cualquier caso la ley se aplica después de que se ha cometido el delito, así que el castigo no sirve para evitarlo.
Todo ello no significa, de todos modos, que el aumento arbitrario de las penas no cumpla ninguna función. Claro que la cumple. Cumple una función de control social de los que menos tienen por parte de los que tienen más. Hace muchos años Alfredo Palacios advertía que el Código Penal solo se les aplica a los pobres. Más recientemente, el ministro de la Corte Suprema Eugenio Zaffaroni ha dicho que cada sistema penal se dirige a determinado enemigo, y que el enemigo en la Argentina son los jóvenes pobres. A ellos se quiere controlar. Y en efecto, son jóvenes y pobres la mayor parte de quienes pueblan las cárceles.
También suele proponerse la mano dura de las fuerzas paradójicamente llamadas de Seguridad, y con ello se estimulan la violencia institucional, el abuso de poder, el gatillo fácil, los crímenes de represores armados contra ciudadanos y adolescentes indefensos. Crímenes que de ningún modo se justificarían si fueran cometidos contra culpables de graves delitos, pero que resultan particularmente horribles en la medida en que terminan con la vida de aquellos inocentes a los que las policías deberían precisamente proteger.
Los apóstoles de la mano dura, del meter bala a los delincuentes, quieren hacer retroceder la democracia hasta la negra época en la que esas fuerzas, militarizadas, participaban del gigantesco operativo de secuestro, tortura y desaparición del que fue víctima nuestro pueblo. Esa época, de la que tienen nostalgia algunos de los ideólogos del combate contra la inseguridad, fue precisamente la de mayor inseguridad en la historia del país, aun en la acepción limitada y arbitraria del término que se difunde por los medios.
De modo que no solo no se trata de aumentar las facultades y aun la discrecionalidad de las fuerzas policiales, sino, por el contrario, de subordinarlas realmente a los procedimientos democráticos. La reforma policial es una tarea, no por difícil menos necesaria, que nuestra democracia adeuda a la sociedad. En el estado en que se encuentran, no hay fuerza policial en el país que no forme parte del problema en lugar de formar parte de la solución. Las rebeliones del verano pasado exhibieron el espectáculo vergonzoso de corporaciones armadas que abandonaban impúdicamente sus obligaciones para plantear sus reclamos sectoriales con las armas en la mano, en un intolerable y peligroso acto de chantaje.
La reforma de las policías, está claro, debería formar parte de un plan integral de Seguridad que incluyera respuestas para el concepto de inseguridad restringido, sin dejar de apuntar a la cuestión de fondo. Un conjunto de políticas de Estado que tenga como ejes la inclusión y la drástica reducción de la desigualdad, tanto como la creación de los más amplios mecanismos de participación colectiva en la discusión acerca de los problemas y en la búsqueda de soluciones.
Por último, el debate sobre la seguridad y la inseguridad se ha convertido en algo demasiado sensible para la mayoría de la población y demasiado delicado en términos políticos para que aceptemos dejarlo exclusivamente en el ámbito de los medios masivos y de sus políticos favoritos. Es por eso que me parece muy importante, replicar estos encuentros de debate horizontal y plural en distintos rincones de nuestro país, para que entre todos, vayamos construyendo una verdadera seguridad democrática y popular, en la inteligencia de que, en buena medida, de ello dependerá la posibilidad de que vivamos en una sociedad más justa.
Nuevamente, muchas gracias"
miércoles, 7 de mayo de 2014
UN PRIMERO DE MAYO CON MÁS DERECHOS - ESCRIBE JORGE RIVAS
CTA WEB ► DIPUTADO JORGE RIVAS EN JORNADA CONTRA LA VIOLENCIA INSTITUCIONAL EN EL SENADO
Debate en el Congreso: Seguridad Democrática
y Popular
Legisladores, ministros, jueces y referentes de agrupaciones sociales y entidades por los derechos humanos disertarán este jueves sobre el “programa de seguridad” del oficialismo.
Un amplio grupo de referentes políticos y sociales del kirchnerismo participarán este jueves del Encuentro Federal por una Seguridad Democrática y Popular, que se llevará a cabo a partir de las 10 en el Congreso de la Nación.
PARLAMENTARIO ► DIPUTADO JORGE RIVAS EN JORNADA CONTRA LA VIOLENCIA INSTITUCIONAL EN EL SENADO
Legisladores, ministros, jueces y referentes de agrupaciones sociales y entidades por los derechos humanos disertarán este jueves sobre el “programa de seguridad” del oficialismo.
El evento, organizado por la Campaña Nacional Contra la Violencia Institucional que dirige el diputado Leonardo Grosso, tendrá lugar en medio del debate público sobre la cuestión de la inseguridad, con las críticas del massismo a la reforma penal y los cortocircuitos que se generan en el propio oficialismo.
"Aspiramos a construir una voz plural con diversos sectores que pujan por una política de seguridad enmarcada en los principios de nuestro actual Estado de Derecho, que sea respetuosa de los derechos humanos, que funcione como una garantía más de la inclusión social y que siga reformulando el rol de las fuerzas de seguridad en el contexto democrático, con un profundo control civil", dice el texto de la convocatoria.
Como oradores de distintos paneles del encuentro ya confirmaron su presencia la ministra de Seguridad, Cecilia Rodríguez; el ministro de Defensa, Agustín Rossi; el secretario de Justicia, Julián Álvarez; el secretario de Derechos Humanos, Martín Fresneda; y el titular del Sedronar, Juan Carlos Molina.
Los legisladores presentes serán el presidente de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez; el referente de La Cámpora, Andrés “Cuervo” Larroque y el secretario de Derechos Humanos de dicha organización, Horacio Pietragalla; el socialista K Jorge Rivas; además del propio Grosso, que representan a la JP Evita.
"La idea es generar un espacio de debate para hacer visible que tenemos un programa de seguridad que se viene aplicando", dijo Grosso a La Nación. "Lo mejor es abrir la discusión y no cerrarla, para evitar confundir a la sociedad, como hace Massa. Porque cada vez que se agitan los fantasmas de la demagogia punitiva, los resultados son más pibes muertos en manos de las fuerzas de seguridad, y nunca mayor seguridad", agregó en alusión al debate que se generó en torno a la reforma del Código Penal.
Los cortocircuitos incluyen al mismo oficialismo, donde permanente se escuchan críticas del kirchnerismo duro a la política de seguridad del gobernador Daniel Scioli. También en los últimos días se reactivó el tema tras el pedido del senador bonaerense Mario Ishii de evaluar la posibilidad de reactivar el Servicio Militar.
También expondrán el líder de la CTA oficialista, Hugo Yasky; la jefa de Tupac Amaru, Milagros Sala; la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto; el periodista Mario Wainfeld; y el titular de la ANSES, Diego Bossio.
El encuentro se hará este jueves 8 de mayo porque es el Día Nacional de la Lucha contra la Violencia Institucional. "Todo preso es político", "La policía dispara, la Justicia también", "Ni un pibe menos", son algunos de los paneles previstos.
En ellos también disertarán a procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, y los jueces de la Cámara de Casación Penal Alejandro Slokar y María Laura Garrigós de Rébori, titular de Justicia Legítima.
Otro panelista de renombre es el periodista Horacio Verbitsky, presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). De acuerdo con un informe de este organismo, entre 2000 y 2012 murieron 1893 personas en hechos de violencia institucional con participación de integrantes de fuerzas de seguridad.
"La seguridad no debe estar pensada desde la lógica del «enemigo», donde el respeto y ejercicio de los derechos humanos aparecen como obstáculos y queda limitada a un tema punitivo y represivo", dice la convocatoria al encuentro.
"ANIMAL POLÍTICO" ► ENTREVISTA AL DIPUTADO JORGE RIVAS EN LA REVISTA HAMARTIA
Fotos: Ernesto González
Entrevista al Diputado Nacional Jorge Rivas (publicada en la Nro22 )
“Animal político”
Jorge Rivas llegó a ser Diputado Nacional tras una larga militancia en el Partido Socialista, del que se alejó para sumarse al FPV. Tiene una silueta del Che en su escritorio, cita a Gramsci en sus análisis sobre el actual proceso político y menciona la necesidad imperiosa de un partido socialista alternativo, auténticamente popular. Un hombre que sabe lo que es hacer política.
Desde que asumió Néstor Kirchner en el 2003, el Partido Socialista tuvo un discurso opositor que se fue profundizando hasta el día de hoy. ¿Cómo fue su acercamiento al kirchnerismo y en qué momento político se dio?
Un balance serio de esa etapa, nos llevaría demasiado tiempo. Comparto que las coimas en el Senado fueron un dato fuerte para la degradación institucional del gobierno de la Alianza pero no fue la causa determinante de la crisis del 2001. Creo que fue la crisis de la que a mí me gusta llamar “democracia por sustitución”, que era aquella que vino a desplazar a la democracia delegativa. Es decir que el pueblo se saturó de votar a dirigentes políticos que prometían cumplir un programa en las campañas electorales, y luego hacer desde el gobierno todo lo contrario. En el ‘99 el pueblo había votado mayoritariamente, entre otras cosas, por un cambio en el rumbo económico y el gobierno de la Alianza, no sólo mantuvo el rumbo económico, sino que profundizó la política neoliberal. Es más, creo que el reingreso de Domingo Cavallo al Ministerio de Economía sí fue un factor determinante para aquella crisis.
Después de la agresión que sufriste tu vida se modificó. Desde la nueva realidad que te toca vivir, ¿la Argentina está pensada para una persona con discapacidad?
La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual prevé que un 33 % de los contenidos les corresponda a las productoras comunitarias. ¿Creés que cuando esto se logre será un contrapeso a las voces monopólicas?
Seguro que va a ser un contrapeso importante y además es una manera de preservar nuestras identidades culturales.
Más allá de la “Re, Re” de Cristina Kirchner que intentan instalar los medios, ¿vos creés que es importante avanzar en discutir una reforma constitucional que permita consolidar los logros alcanzados?
¿Cuáles pensás que son las medidas concretas que habría que tomar en estos dos meses?
Después de las elecciones legislativas de este año se abre la carrera para el 2015 y la continuidad de este proyecto. ¿Cómo imaginás un kirchnerismo sin Cristina como presidenta?
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