lunes, 27 de agosto de 2012

RIVAS EN REVISTA EL GUARDIÁN 24/08/2012

24/08/2012 Revista El Guardián - Nota - Información General - Pag. 16 

EXPROPIADA Y DECLARADA DE INTERES PUBLICO 
Ahora Ciccone es la imprenta para todos 

El kirchnerismo logró una amplia mayoría en las dos cámaras del Congreso y logró la aprobación de la iniciativa que la Presidenta enviara sólo dos semanas atrás al Parlamento. La oposición quedó dividida ante el proyecto. 
Escribe Luciana Blanco

El oficialismo celebró la recuperación total de la capacidad del Estado para imprimir billetes.
En tiempo récord y con una votación contundente, el Gobierno logró la expropiación de la Compañía de Valores Sudamericana (ex Ciccone Calcográfica) luego de que el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo fuera aprobado por la Cámara de Diputados el miércoles 22.
El trámite fue breve. El martes 7 de agosto Cristina Fernández de Kirchner ordenó la intervención de la empresa impresora de billetes. El ministro de Economía, Hernán Lorenzino, y la presidenta de la Casa de la Moneda, Katya Daura, quedaron inmediatamente al mando de la compañía. Al mismo tiempo, la Presidenta envió al Congreso un proyecto de ley declarando de interés público y sujeta a expropiación a la ex Ciccone. "La empresa posee el único establecimiento del país con capacidad suficiente para el proceso de impresión de billetes, imprescindible para la circulación monetaria", rezaba el proyecto. Quince días después, la Cámara de Diputados transformó la iniciativa en ley. Ya había sido aprobada por el Senado, donde la votación concluyó con un contundente 44 a 20, a favor de la expropiación.
El kirchnerismo logró en el Senado la aprobación del proyecto con el apoyo del cordobés Luis Juez y los peronistas disidentes Juan Carlos Romero y Sonia Escudero.
Carlos Reutemann y Carlos Menem brillaron por su ausencia. La UCR en pleno votó en contra, acompañada por una parte del FAP, formada por Rubén Giustiniani, Norma Morandini y Jaime Linares. En Diputados, la bancada oficialista estuvo acompañada por los representantes de Proyecto Sur, encabezados por Pino Solanas que ya había presentado un proyecto de expropiación, al igual que el senador Juez, los cinco del Frente Cívico del cordobés, y el sector encabezado por Felipe Solá.
La polémica en ambas cámaras giró en torno de la causa judicial en la que se investiga quiénes son los verdaderos dueños de la empresa y qué relación tiene con ella el vicepresidente Amado Boudou. Senadores y diputados opositores apuntaron sus cañones al presidente del Senado a la hora de pronunciar sus discursos, y pusieron en duda las intenciones del oficialismo al decidir la expropiación. "Nada tiene que ver esto con una cuestión de soberanía nacional", dijo el diputado Ricardo Alfonsín. "¿Alguien imaginó alguna vez que íbamos a estar votando la expropiación de una empresa sin saber quiénes son los dueños?", había preguntado el radical Luis Naidenoff en el Senado.
Desde el oficialismo defendieron la iniciativa.
"Es el derecho de cualquier gobierno a administrar políticas fiscales y políticas monetarias en contra del ciclo económico.
Ese es el sentido de la declaración de utilidad pública de la empresa", abrió la sesión en la Cámara baja el kirchnerista Roberto Feletti. "Pis un paso más para hacia la profundización de nuestra autonomía", afirmó Jorge Rivas.
La expropiación casi no tendrá costo alguno para el Estado, ya que al monto determinado por el Tribunal de Tasaciones de la Nación se le debe descontar las deudas que la empresa mantiene con el fisco y que, según trascendió, sería cercano a los 250 millones de pesos.