Discurso del diputado nacional Jorge Rivas en el Congreso nacional, en el seminario Poder Legislativo y Derecho de personas con discapaciad, junto al diputado Miguel Recalde y a la legisladora porteña María José Lubertino.
"Primero, quiero agradecer a los organizadores por invitarme a estas jornadas.
Desde el inicio de mi actuación política asumí el compromiso de trabajar por la igualdad. Entiendo que ese es el valor más alto que podemos proponernos con respecto a la vida en sociedad. En los términos más amplios, podría sintetizarse ese ideal en la eliminación de las aberrantes diferencias de clase. Ellas garantizan a ciertas minorías una vida en la que todas sus necesidades pueden ser satisfechas, y a las mayorías, en cambio, les niegan a veces hasta la satisfacción de las más elementales de esas necesidades.
Esa mirada permite identificar sin demasiada dificultad cuáles son los núcleos hacia los que es necesario dirigir la tarea legislativa. Sin embargo, cuando se examinan con mayor detenimiento las complejas relaciones sociales, es posible advertir otras graves desigualdades. Ellas también están ligadas, las más de las veces, a los privilegios y a la opresión de clase, pero tienen razones específicas que pueden incluso cruzar transversalmente esa primera división de la sociedad.
Allí están, como ejemplo, las injusticias debidas al género, a la edad o a las orientaciones sexuales. En ese ámbito se deben incluir las numerosas limitaciones que tienen que enfrentar las personas que padecen alguna discapacidad física o intelectual. Unas limitaciones generadas por la organización de la vida en sociedad, que se superponen a las carencias inherentes a la discapacidad en sí misma, y las agravan, y vuelven aun más difícil la lucha de cada persona por mejorar las condiciones de la propia vida.
Es contra esas limitaciones que la voluntad de hacer justicia nos reclama que trabajemos desde nuestras posibilidades de operar sobre la realidad, aunque más no sea mediante los cambios en las normas que rigen a la sociedad. Ya el artículo 75 de la Constitución Nacional, en su inciso 23, establece entre las atribuciones del Congreso la de "legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato, en particular respecto de los niños, las mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad" . La ley 26.378, por otra parte, aprobó la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, sancionada en 2006 por las Naciones Unidas.
Esa Convención empieza por reafirmar "la universalidad, indivisibilidad, interdependencia e interrelación de todos los derechos humanos y libertades fundamentales, así como la necesidad de garantizar que las personas con discapacidad los ejerzan plenamente y sin discriminación". Y subraya que "la discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás". O sea, se trata de una situación dinámica que no se apoya meramente en una particularidad de la persona: también lo hace, como decíamos antes, en el modo en que la sociedad plantea facilidades o dificultades a esa persona para que pueda desplegar su actividad en el seno de ella.
Mucho se ha avanzado, en ese sentido, desde que, en 1981, en plena dictadura cívico militar, se sancionó la ley 22.431, con el título de "Sistema de protección integral de las personas discapacitadas". Esa norma garantizaba la atención médica, la educación y la seguridad social a las personas discapacitadas. Y la discapacidad era considerada como una situación prácticamente definitiva, imposible de revertir. Además, era el Estado el que determinaba la discapacidad y extendía un certificado oficial, apoyado en un diagnóstico médico. Se trataba, no podía ser de otra manera, tratándose de una ley de la dictadura, de una concepción autoritaria y discriminadora.
La idea de discapacidad, creemos hoy, más allá de la abstracción que hacemos para considerarla en conjunto, no debe hacer que olvidemos la diversidad de las personas que la tienen. En ese contexto, es imposible no percibir la importancia que para las personas con discapacidad revisten su propia autonomía y su independencia individual, incluida la libertad de tomar sus propias decisiones. De ahí que debamos garantizarles, como puntualiza la Convención, "la oportunidad de participar activamente en los procesos de adopción de decisiones sobre políticas y programas, incluidos los que les afectan directamente".
En nuestro país disponemos de algunos ejemplos concretos de esa necesaria acción del Estado, en el marco del notable proceso de ampliación de derechos que está en marcha desde hace algo más de una década. Esa expresión, ampliación de derechos, sintetiza con precisión la aspiración de que cada vez más personas puedan desplegar su existencia en mejores condiciones. En ese sentido actúa la ley 26816, sancionada recientemente a partir de un proyecto del Ejecutivo. Me refiero al Régimen Federal de Empleo Protegido para Personas con Discapacidad.
Los objetivos que plantea la norma son tan sencillos como, en mi opinión, inapelablemente justos. Según el texto legislativo, que establece el régimen que deberá regir a los llamados "talleres protegidos", se trata de "promover el desarrollo laboral de las personas con discapacidad, mejorando su empleabilidad y posibilitar la obtención, conservación y progreso en un empleo protegido y/o regular en el ámbito público o privado".
Por último y para terminar, la discapacidad, huelga decirlo, no puede privar a quien la tienen de ninguno de los derechos que las sociedades contemporáneas ya reconocen a todos sus miembros. La tarea legislativa puede y debe contribuir a que esos derechos se amplíen efectivamente a quienes los tienen recortados en la práctica cotidiana. Si logramos que así sea, habremos hecho un aporte más al avance en el largo y muy difícil camino hacia la Igualdad.
Nuevamente, muchas gracias."
Desde el inicio de mi actuación política asumí el compromiso de trabajar por la igualdad. Entiendo que ese es el valor más alto que podemos proponernos con respecto a la vida en sociedad. En los términos más amplios, podría sintetizarse ese ideal en la eliminación de las aberrantes diferencias de clase. Ellas garantizan a ciertas minorías una vida en la que todas sus necesidades pueden ser satisfechas, y a las mayorías, en cambio, les niegan a veces hasta la satisfacción de las más elementales de esas necesidades.
Esa mirada permite identificar sin demasiada dificultad cuáles son los núcleos hacia los que es necesario dirigir la tarea legislativa. Sin embargo, cuando se examinan con mayor detenimiento las complejas relaciones sociales, es posible advertir otras graves desigualdades. Ellas también están ligadas, las más de las veces, a los privilegios y a la opresión de clase, pero tienen razones específicas que pueden incluso cruzar transversalmente esa primera división de la sociedad.
Allí están, como ejemplo, las injusticias debidas al género, a la edad o a las orientaciones sexuales. En ese ámbito se deben incluir las numerosas limitaciones que tienen que enfrentar las personas que padecen alguna discapacidad física o intelectual. Unas limitaciones generadas por la organización de la vida en sociedad, que se superponen a las carencias inherentes a la discapacidad en sí misma, y las agravan, y vuelven aun más difícil la lucha de cada persona por mejorar las condiciones de la propia vida.
Es contra esas limitaciones que la voluntad de hacer justicia nos reclama que trabajemos desde nuestras posibilidades de operar sobre la realidad, aunque más no sea mediante los cambios en las normas que rigen a la sociedad. Ya el artículo 75 de la Constitución Nacional, en su inciso 23, establece entre las atribuciones del Congreso la de "legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato, en particular respecto de los niños, las mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad" . La ley 26.378, por otra parte, aprobó la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, sancionada en 2006 por las Naciones Unidas.
Esa Convención empieza por reafirmar "la universalidad, indivisibilidad, interdependencia e interrelación de todos los derechos humanos y libertades fundamentales, así como la necesidad de garantizar que las personas con discapacidad los ejerzan plenamente y sin discriminación". Y subraya que "la discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás". O sea, se trata de una situación dinámica que no se apoya meramente en una particularidad de la persona: también lo hace, como decíamos antes, en el modo en que la sociedad plantea facilidades o dificultades a esa persona para que pueda desplegar su actividad en el seno de ella.
Mucho se ha avanzado, en ese sentido, desde que, en 1981, en plena dictadura cívico militar, se sancionó la ley 22.431, con el título de "Sistema de protección integral de las personas discapacitadas". Esa norma garantizaba la atención médica, la educación y la seguridad social a las personas discapacitadas. Y la discapacidad era considerada como una situación prácticamente definitiva, imposible de revertir. Además, era el Estado el que determinaba la discapacidad y extendía un certificado oficial, apoyado en un diagnóstico médico. Se trataba, no podía ser de otra manera, tratándose de una ley de la dictadura, de una concepción autoritaria y discriminadora.
La idea de discapacidad, creemos hoy, más allá de la abstracción que hacemos para considerarla en conjunto, no debe hacer que olvidemos la diversidad de las personas que la tienen. En ese contexto, es imposible no percibir la importancia que para las personas con discapacidad revisten su propia autonomía y su independencia individual, incluida la libertad de tomar sus propias decisiones. De ahí que debamos garantizarles, como puntualiza la Convención, "la oportunidad de participar activamente en los procesos de adopción de decisiones sobre políticas y programas, incluidos los que les afectan directamente".
En nuestro país disponemos de algunos ejemplos concretos de esa necesaria acción del Estado, en el marco del notable proceso de ampliación de derechos que está en marcha desde hace algo más de una década. Esa expresión, ampliación de derechos, sintetiza con precisión la aspiración de que cada vez más personas puedan desplegar su existencia en mejores condiciones. En ese sentido actúa la ley 26816, sancionada recientemente a partir de un proyecto del Ejecutivo. Me refiero al Régimen Federal de Empleo Protegido para Personas con Discapacidad.
Los objetivos que plantea la norma son tan sencillos como, en mi opinión, inapelablemente justos. Según el texto legislativo, que establece el régimen que deberá regir a los llamados "talleres protegidos", se trata de "promover el desarrollo laboral de las personas con discapacidad, mejorando su empleabilidad y posibilitar la obtención, conservación y progreso en un empleo protegido y/o regular en el ámbito público o privado".
Por último y para terminar, la discapacidad, huelga decirlo, no puede privar a quien la tienen de ninguno de los derechos que las sociedades contemporáneas ya reconocen a todos sus miembros. La tarea legislativa puede y debe contribuir a que esos derechos se amplíen efectivamente a quienes los tienen recortados en la práctica cotidiana. Si logramos que así sea, habremos hecho un aporte más al avance en el largo y muy difícil camino hacia la Igualdad.
Nuevamente, muchas gracias."
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