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Domingo, 29 de Junio de 2014

Nivel de empleo: calidad vs. cantidad
Por Darío Martínez

d.martinez@revistaperiscopio.com.ar

Al margen de los datos cuantitativos, es necesario plantear el debate en torno al modelo de desarrollo económico, social y político que se pretende para el país y de esa forma prestar atención sobre la calidad de las actividades de producción de bienes y servicios.

A principios de mayo, el Ministro de Trabajo afirmaba: "Hasta el momento el nivel de empleo registrado en las empresas privadas no resultó afectado por los cambios transitorios en la coyuntura económica"."En marzo el empleo formal mantuvo una dinámica estable, sin que se verificaran incrementos en las desvinculaciones de personal, ni en el volumen de despidos", agregaba la máxima autoridad del Ministerio, basándose en la Encuesta de Indicadores Laborales (EIL). Respecto a las suspensiones en algunas terminales automotrices, vinculadas al menor volumen de ventas a Brasil, el ministro sostenía: "La suspensión es una dinámica habitual incorporada por la industria automotriz. Es coyuntural, no es una situación masiva, tal como lo demuestra la encuesta".

Por otro lado, la última encuesta de SEL Consultores sobre gestión de recursos humanos muestra que no sólo las empresas de comercio están renuentes a contratar personal. Según ese estudio, que se lleva a cabo entre 150 empresas líderes de distintos sectores económicos, en la actualidad apenas el 19% de las firmas prevé aumentar su dotación de personal en los próximos meses, mientras que un año atrás el 28% proyectaba hacerlo. A la vez, actualmente el 15% de las empresas prevén reducir su nómina en los próximos meses, mientras que un año atrás el 9% de las firmas planeaba hacer recortes. "Con el blanqueamiento de la inflación oficial, las empresas se han visto obligadas a otorgar aumentos salariales del 25% al 31%, y eso también las ha obligado a aumentar las suspensiones y despidos. El aumento que se da por un lado se tiene que compensar por otro", manifestaron desde la consultora.

Un reciente informe de la Fundación Pensar, ligada al macrismo, destaca que "la baja del desempleo entre 2011 y 2013 no representa tanto un crecimiento genuino de puestos de ocupación, sino que más bien se debe al abandono de la búsqueda laboral". Y agrega que la tasa de actividad (que refleja el peso de la Población Económicamente Activa (PEA) en la población total) en la Argentina "es significativamente menor que el promedio de América latina".

El ex ministro de Economía, Roberto Lavagna, advirtió que el desempleo "ya se ubica entre el 11 y 12 por ciento" y aseguró que "en todos los sectores hay un proceso de achicamiento". "El Gobierno no reacciona, al contrario, busca aumentar la presión fiscal", alertó.

En un intento por morigerar el impacto que la menor actividad está teniendo sobre el empleo, el equipo económico del gobierno nacional anunció un plan que busca brindar facilidades de pago de deudas y obligaciones impositivas para aquellas empresas que se comprometan a no despedir a trabajadores. Kicillof insistió en que las medidas no respondían a un deterioro de la situación actual, sino que "venían siendo evaluadas desde agosto del año pasado, a pedido de cámaras empresarias".

El 22 de mayo, la Cámara de Diputados convirtió en ley el proyecto de promoción del trabajo registrado y prevención del fraude laboral por 227 votos positivos contra tres votos negativos. El proyecto legislativo contempla la reducción de contribuciones patronales para microempresas, medidas de fortalecimiento en la fiscalización y capacidad de inspección del Estado nacional y la creación de un registro donde se incluirá a las empresas que violen la legislación laboral. Desde el Poder Ejecutivo Nacional aseguraron que con esta batería de instrumentos se apuesta a regularizar a 300 mil trabajadores durante el primer año de vigencia y a 650 mil en dos años, lo que permitiría reducir la tasa de informalidad de 33,5% a 28%. Los empleadores que tengan más de 80 trabajadores quedarán afuera del régimen especial de contribuciones patronales previsto en la normativa. El costo fiscal de la baja de las contribuciones patronales sería de $ 4100 millones, que podría ser financiado a partir del mismo proceso de "blanqueo" de las fuentes de trabajo, que pasarían a aportar al sistema de contribuciones sociales.

El nuevo proyecto aprobado en el Congreso trajo consigo posturas de todo tipo. Alfredo De Angeli (PRO) llegó a justificar el trabajo infantil (ilegal) como una "cuestión cultural del campo". Margarita Stolbizer (FAP-UNEN) argumentó: "La creación de empleo productivo y formal en el sector privado no depende de leyes laborales ni disminución de aportes a la seguridad social, sino que obedece a condiciones macroeconómicas. En muchos casos la informalidad en las pymes es una salida frente a la presión fiscal más alta del mundo". El único macrista en oponerse fue Sturzenegger, quien reclamó "bajar los impuestos al trabajo para tener mayor formalidad". "Este proyecto es una manzana envenenada", agregó el ex presidente del Banco Ciudad. El bloque Unidad Popular, liderado por Claudio Lozano, había anticipado su voto negativo, pero terminó optando por la abstención. "La propuesta no es bajar los costos laborales y desfinanciar la seguridad social, sino asociar el blanqueo a la productividad y el cambio técnico con un tratamiento preferencial en materia impositiva, tecnológica, comercial, crediticia, dirigido a pymes", propuso Lozano. Mientras que Jorge Rivas expresaba: "Hay empleadores que abusan de su posición dominante. Hay patrones que tienen trabajadores informales porque son patrones evasores. Para muchos empresarios la ganancia del capital vale más que el derecho de los trabajadores. El proyecto del Poder Ejecutivo es realista, al ofrecer estímulos económicos para los empleadores y sanciones para quienes no cumplan las leyes laborales", concluyó el reciente diputado del FVP (proveniente del Socialismo).

Opinión

Abordar el análisis sobre las definiciones, causas y consecuencias de la informalidad, implica realizar un breve repaso histórico desde de los años sesenta hasta la actualidad, y de esta forma contextualizar las interpretaciones de este fenómeno socioeconómico heterogéneo y complejo.

El eje central de la discusión en la década de 1960 consistía en cuestionar por qué parte de la población activa de los países capitalistas periféricos se encontraba excluida de las ventajas del desarrollo económico. Surgieron dos visiones al respecto: 1) la sociedad se divide en dos sectores: tradicional y moderno. La causa de la marginalidad era colocada en determinadas características (valores, tradiciones, cultura de la pobreza) que poseen los individuos que no se han integrado a la modernización y al progreso. Por tanto, se consideraba necesario y factible actuar sobre los valores de los individuos catalogados como marginales, para transformarlos y lograr construir una sociedad que se encaminara hacia el progreso; 2) desde una perspectiva marxista, se argumentaba que algunas actividades centrales en momentos pasados (el trabajo exclusivamente manual, por ejemplo) luego fueron transformadas en actividades marginales. La población trabajadora que desarrollaba actividades económicamente marginales era considerada población excedente en el proceso de acumulación.

¿Cuál era la visión en la década de 1970? Surgió la perspectiva del sector informal urbano, en principio como una categoría empírica caracterizada de fácil acceso, con operación en pequeña escala, de capital reducido y propio, con uso intensivo de la mano de obra, y participación en mercados no regulados y competitivos. Era evidente que, durante el proceso de industrialización–urbanización, la modernización del sector agrario expulsaba grandes contingentes de población pobre que migraba a las ciudades. La dimensión informal era entendida como aquellos espacios que eran dejados de lado por las grandes empresas del sector formal debido a su reducida capacidad de acumulación. En esta etapa, el contrato por tiempo indeterminado comenzó a perder su hegemonía.

En la década de 1980, la visión "neo-marxista" sostenía que los asalariados de grandes empresas contratados bajo relaciones precarias también son parte del sector informal, como también lo son aquellas actividades de la producción moderna que desarrolla fuera de los controles estatales, sintetizando este concepto en trabajadores y actividades productivas no registradas según la legislación vigente. Por otro lado, para la corriente "neo-liberal" las actividades informales surgen por una excesiva regulación del Estado, que oprime y traba el libre desarrollo del mercado. En consecuencia, la nueva perspectiva liberal de aquella época proponía disminuir la excesiva burocracia estatal y así lograr reducir o eliminar la informalidad laboral.

La heterogeneidad laboral debida a la mayor participación del empleo del sector servicios generó clasificaciones relativamente más específicas en la década de 1990. La primera de ellas puede sintetizarse del siguiente modo: 1) trabajadores ocupados a tiempo completo (8 hs o más) o ocupados voluntariamente en empleos de jornada reducida, 2) ocupados involuntariamente en empleos de jornada reducida, denominados subocupados voluntarios. Otra clasificación también tuvo lugar en aquellos años: 1) asalariados registrados a los cuales se les efectúa el descuento jubilatorio y gozan de la cobertura del sistema de seguridad social, 2) asalariados no registrados que no gozan de aquellos beneficios.

Durante la década de 1990, el mercado de trabajo ajustaba por cantidades, lo cual es expresado en el incremento del desempleo, y ante la imposibilidad de ajustar precios, se redujeron los costos laborales mediante la contratación de trabajadores en condiciones precarias. El lento crecimiento del empleo afectó en mayor medida a los trabajadores de baja calificación, sumado al crecimiento de puestos asalariados precarios en el marco de la corriente flexibilizadora del mercado de trabajo, dado que no solo era dificultoso conseguir empleo sino que se permanecía menos tiempo en el puesto, y por ende, la vulnerabilidad era mayor. A pesar de que continuó incrementándose el nivel de educación formal de la fuerza laboral, la discontinuidad de muchas actividades productivas, especialmente industriales, llevó a una pérdida de capital humano específico. El gran ajuste en los noventa, tanto a nivel local como a nivel mundial, reflejó un cambio de paradigma respecto a la organización del trabajo y al comercio. El empleo industrial daba paso al empleo del sector servicios: la intención de reducir costos para aumentar la competitividad produjo que las grandes empresas que sobrevivieron a este cambio estructural opten por tercerizar determinadas actividades y aumentar la inversión en bienes de capital y no en trabajo humano, provocando así el desempleo. Obviamente, la paridad cambiaria incentivó el aumento de importaciones en perjuicio de la producción local de bienes y en detrimento del empleo local dado el aumento del costo laboral medido en dólares. Es decir, cerraron las empresas que no pudieron acomodarse a este esquema de competencia y apertura comercial, y como consecuencia aumentó el desempleo y la precarización de las relaciones del trabajo.

Durante el período posterior a la crisis de 2001, pudo observarse una mejora distributiva asociada a las políticas de ingresos del gobierno nacional y al mayor poder de negociación de los sindicatos en el aumento de la remuneración media, sobre todo durante 2003 y 2004, donde se otorgaron aumentos de suma fija y también se mejoró el salario mínimo. El avance en la matriz productiva (todavía insuficiente) permitió la creación de nuevas empresas, sobre todo PyMES, las cuales pudieron absorber trabajadores de distintas calificaciones.

Ahora bien, es relevante diferenciar si es voluntaria o no la decisión de insertarse laboralmente ya sea en un sector de actividad económica donde prima la informalidad o sector de mayor acumulación de riqueza pero bajo condiciones precarias de empleo. Algunos consideran que el empleo informal voluntario se origina debido a las ventajas de contar con mayor flexibilidad de horarios, y a las menores cargas impositivas tanto para al empleador como para el empleado. Otros argumentan que esto no es tan así cuando una persona no cuenta con habilidades y conocimientos necesarios para insertarse en el mundo laboral y cuando la legislación impositiva golpea fuertemente a empresas pequeñas y medianas.

Esta reseña histórica acotada, invita a analizar algunos datos cuantitativos respecto a la evolución de trabajadores formales e informales en los últimos años. En primer lugar, se expone las fluctuaciones de la tasa de desempleo desde mayo-1974 hasta enero-2014. Durante este período, el desempleo va en ascenso desde inicios de los ochenta, mientras que a mediados de los noventa muestra un gran salto (14% en promedio durante 1996-2001) hasta llegar al pico máximo en octubre de 2002 (20%). Luego de aquella grave situación, ha disminuido aproximadamente 13 puntos porcentuales hasta principios de 2014.

Al analizar la distribución de trabajadores informales, generalmente se utiliza la Encuesta Permanente de Hogares Continua (EPH-C), en la cual los hogares ingresan en la muestra por dos trimestres consecutivos, se retiran por dos trimestres consecutivos y luego, vuelven a ser entrevistados en dos trimestres consecutivos. En función a ese criterio, fue posible elaborar 11 paneles de datos anuales tomando la EPH del cuarto trimestre de cada año. Fueron seleccionados individuos en edad de insertarse activamente en el mercado de trabajo (entre 14 y 64 años), y se establecieron tres tipos (no es la única clasificación posible) de trabajadores informales: 1) asalariados (en empresas de cualquier tamaño) que no acceden a ninguno de los beneficios sociales vinculados al trabajo que releva la EPH-C; 2) cuentapropistas no profesionales; y 3) trabajadores sin remuneración (trabajadores familiares). En base a esta caracterización, en promedio, el 67,8% de los trabajadores informales es constituida por asalariados a los cuales no se les efectúa el descuento jubilatorio, seguidos por trabajadores autónomos que no han alcanzado estudios universitarios (30%), y en último lugar se ubican los trabajadores familiares (2,1%).

Al margen de los datos cuantitativos, es necesario plantear el debate en torno al modelo de desarrollo económico, social y político que se pretende para el país y de esa forma prestar atención sobre la calidad de las actividades de producción de bienes y servicios. Nuevamente estamos ante la discusión sobre el rol del Estado y del sector privado. Sin dudas, la informalidad es un obstáculo para el progreso, en la medida que siga generando condiciones marginales de trabajo en relación de dependencia, y que a su vez haga insostenible, debido a las cargas impositivas excesivas, las actividades de pequeños y medianos empresarios (y a los trabajadores de ellas) que apuestan a producir para el mercado local y a insertarse en determinados segmentos que permitan aumentar la calidad de sus productos y tal vez exportarlos. En sintonía con el artículo publicado en esta sección hace 2 meses, sigue siendo fundamental detectar qué actividades son las más débiles en las cadenas de valor y focalizar la política pública en el cambio técnico y en el financiamiento de las empresas que se encuentran en desventaja respecto a las relaciones de poder. La tarea no es sencilla, exige ir más allá de la medición de la informalidad laboral. Las negociaciones políticas siguen siendo esenciales para consensuar cuál es la tasa de ganancia "normal" en cada sector de actividad y cuál es la responsabilidad de cada actor, privado y público, en el proceso de formación de precios.







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