Un punto final al espíritu corporativo del Poder Judicial
El diputado nacional por la Confederación Socialista Argentina destaca el impacto positivo que los proyectos elevados por el gobierno nacional al Congreso tendrá en la convivencia democrática.
Escribe Jorge Rivas (*)
Exactamente dos meses atrás, cuando Cristina Fernández de Kirchner instaló en el centro de la escena política la necesidad de democratizar el Poder Judicial, sostuvimos en una columna que ese Poder era el único que se reproducía a sí mismo sin participación de la voluntad popular, el de espíritu más corporativo, el más cerrado sobre sí mismo. Las reformas que la Presidenta acaba de proponer para su tratamiento en el Congreso pulverizan por fin esa arcaica excepcionalidad, que empobrecía a nuestra democracia.
Si los proyectos resultan sancionados, en efecto, los miembros del Consejo de la Magistratura serán elegidos por el sufragio popular, el acceso a un empleo en la Justicia se obtendrá solo mediante un concurso amplio y abierto en el que los jueces no integrarán los jurados, la marcha de los expedientes judiciales será de conocimiento público. Las que acabamos de citar, como se sabe, no son las únicas reformas que proyecta el Ejecutivo, pero son suficientes para reconocer en la iniciativa presidencial el propósito democratizador a que nos referíamos.
Por supuesto que esa democratización, esa más amplia participación ciudadana, el reemplazo de la "palanca" por el conocimiento y la competencia en el acceso a los cargos contribuyen simétricamente a debilitar la permeabilidad a los intereses de minorías poderosas, otro de los rasgos indeseables que han caracterizado a no pocos sectores del Poder Judicial en nuestro país.
Habrá, ya hay, quienes atribuyan el afán reformista a una mera ambición de "controlar la a la Justicia", a la voluntad presunta de subordinarla a los deseos y necesidades del poder político, y hasta a la intención de "instalar una verdadera dictadura". Pero la verdad es que tales barbaridades se contestan solas con la mera lectura de los proyectos, y que, por otra parte, la oposición nos tiene acostumbrados a sus dislates, más dictados por la impotencia que por la reflexión.
Por nuestra parte, damos la bienvenida a los proyectos reformadores, en la seguridad de que constituyen otro paso en la difícil tarea de mejorar y profundizar un sistema democrático que lejos de haber sido recuperado hace treinta años, fue apenas inaugurado en ese momento. Esa democracia nueva, no podía ser de otra manera, dadas las circunstancias históricas, fue incompleta, imperfecta, atravesada por carencias profundas.Vivimos, entonces un proceso de democratización progresivo, que va superando de a una las antiguas carencias. De eso se tratan, enhorabuena, estas reformas.
(*) Jorge Rivas es diputado nacional por la Confederación Socialista Argentina
Exactamente dos meses atrás, cuando Cristina Fernández de Kirchner instaló en el centro de la escena política la necesidad de democratizar el Poder Judicial, sostuvimos en una columna que ese Poder era el único que se reproducía a sí mismo sin participación de la voluntad popular, el de espíritu más corporativo, el más cerrado sobre sí mismo. Las reformas que la Presidenta acaba de proponer para su tratamiento en el Congreso pulverizan por fin esa arcaica excepcionalidad, que empobrecía a nuestra democracia.
Si los proyectos resultan sancionados, en efecto, los miembros del Consejo de la Magistratura serán elegidos por el sufragio popular, el acceso a un empleo en la Justicia se obtendrá solo mediante un concurso amplio y abierto en el que los jueces no integrarán los jurados, la marcha de los expedientes judiciales será de conocimiento público. Las que acabamos de citar, como se sabe, no son las únicas reformas que proyecta el Ejecutivo, pero son suficientes para reconocer en la iniciativa presidencial el propósito democratizador a que nos referíamos.
Por supuesto que esa democratización, esa más amplia participación ciudadana, el reemplazo de la "palanca" por el conocimiento y la competencia en el acceso a los cargos contribuyen simétricamente a debilitar la permeabilidad a los intereses de minorías poderosas, otro de los rasgos indeseables que han caracterizado a no pocos sectores del Poder Judicial en nuestro país.
Habrá, ya hay, quienes atribuyan el afán reformista a una mera ambición de "controlar la a la Justicia", a la voluntad presunta de subordinarla a los deseos y necesidades del poder político, y hasta a la intención de "instalar una verdadera dictadura". Pero la verdad es que tales barbaridades se contestan solas con la mera lectura de los proyectos, y que, por otra parte, la oposición nos tiene acostumbrados a sus dislates, más dictados por la impotencia que por la reflexión.
Por nuestra parte, damos la bienvenida a los proyectos reformadores, en la seguridad de que constituyen otro paso en la difícil tarea de mejorar y profundizar un sistema democrático que lejos de haber sido recuperado hace treinta años, fue apenas inaugurado en ese momento. Esa democracia nueva, no podía ser de otra manera, dadas las circunstancias históricas, fue incompleta, imperfecta, atravesada por carencias profundas.Vivimos, entonces un proceso de democratización progresivo, que va superando de a una las antiguas carencias. De eso se tratan, enhorabuena, estas reformas.
(*) Jorge Rivas es diputado nacional por la Confederación Socialista Argentina
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