OPINIÓN
Tragedias y mezquindades
» Jorge Rivas | diputado nacional
Como se sabe, pocos días antes de su trágica muerte, el fiscal Alberto Nisman denunció temerariamente a la presidenta de la República, al canciller y a otras personas, de formar una asociación ilícita para desviar la investigación de la causa AMIA, con el objeto de encubrir a terroristas iraníes, supuestos autores del atentado del 18 de julio de 1994. La denuncia –se lo ha señalado reiteradamente, pero no está de más insistir– presentada en plena feria judicial, carente de prueba documental alguna, apoyada apenas en escuchas telefónicas de terceras personas y en pobres conjeturas geopolíticas, era de una endeblez tal que no se le habilitó la feria. No pretendo en estas líneas cuestionar la cuestionable tarea que Nisman desarrolló durante estos últimos años al frente de su unidad fiscal especial, ni enredarme en una misteriosa trama de servicios de inteligencia. Estoy convencido de que es el Poder Judicial el que debe encontrar respuestas válidas a los numerosos interrogantes que se plantean a partir de este presunto suicidio. En lo que sí quiero detenerme es en el escenario político montado por los medios hegemónicos con el objeto de erosionar al gobierno, antes y después del trágico acontecimiento. Antes, contribuyendo a crear un clima propicio para la presentación de una denuncia que más que un episodio judicial constituía una oscura operación política. Después, procurando, mediante sus más conspicuos operadores, de manera irresponsable y miserable, endilgarle al gobierno la responsabilidad por la muerte de Nisman. Si bien no es novedad que los medios a los que me refiero intentan a tiempo completo hacer aparecer al gobierno nacional como el causante de todos los males de nuestro país, el hecho de que no se detengan ante la muerte demuestra un nivel de desquicio que ya no parece conocer límites. Y un último párrafo merece buena parte de los dirigentes de la oposición, que exhibieron, según los casos, hipocresía, cinismo, o superficialidad, pero todos con la misma patética actitud de arañar algún mezquino rédito político para su sector. Hasta se pudo escuchar a Mauricio Macri disertando con afectada solemnidad sobre la necesidad de que los servicios de inteligencia solo respondan a los intereses de la Nación, como si no estuviera procesado él mismo por escuchas ilegales. En fin, ningún respeto ni para la tragedia personal, ni para la colectiva. Por mi parte, a través de esta nota quiero hacerles llegar mis condolencias a la familia y a los amigos de Alberto Nisman, mi renovada solidaridad a los de los caídos en el salvaje atentado contra la AMIA, y un firme reclamo a la justicia para que obtenga las respuestas que la sociedad argentina espera respecto de una y otra tragedia y ponga así fin a 20 años de impunidad.
Tirada: 5000 Difusión: 20000
Pago a Repsol. Fue el tema de la primera sesión del año, que se extendió durante 15 horas en Diputados. El oficialismo cerró el capítulo iniciado con la expropiación del 51 por ciento de YPF y logró ratificar el acuerdo para indemnizar a Repsol con 5.000 millones de dólares, luego de las negociaciones encaradas por la Casa Rosada desde 2012. La oposición objetó el monto y las condiciones del acuerdo, pero votó dividida.
Traspaso de la exESMA. El Frente para la Victoria logró sancionar, al cabo de un debate picante, la ley que autoriza el traspaso de la administración de la ex ESMA y de todos los ex centros clandestinos de detención ubicados en la Ciudad de Buenos Aires a la órbita del Estado Nacional. Así, el Congreso ratificó el convenio suscrito en enero con el Gobierno porteño.
Digesto Jurídico. Saldando una deuda histórica, el Congreso sancionó la normativa que reordena todo el sistema legal argentino y que estaba pendiente desde hace una década. El kirchnerismo sólo contó con apoyo de sus aliados. El Digesto dejó en pie apenas el 10 por ciento de las más de 30.000 leyes y decretos que estaban vigentes.
Moratoria previsional. Aprobada por unanimidad. La segunda etapa del Plan de Inclusión Previsional de 2005 está destinada a los autónomos y monotributistas que, habiendo cumplido la edad jubilatoria -o cumpliéndola en los dos años de vigencia de la norma-, no cuenten con los 30 años de aportes. Beneficiaría a más de 470 mil personas.
Ley de Abastecimiento. Con eje en la “inflación oligopólica” y los “abusos empresarios”, el kirchnerismo se alzó con la actualización de la ley de 1974 que habilita al Poder Ejecutivo a establecer márgenes de utilidad y precios de referencia para cualquier etapa del proceso económico. Además, permite aplicar sanciones a quienes remarquen artificial o injustificadamente los precios de una forma que no sea proporcional a los aumentos de los costos; o a quienes acaparen mercadería, se nieguen a la venta de productos, afecten el normal abastecimiento de una mercadería, o no entreguen facturas. La norma fue resistida por la oposición y los grandes empresarios, que anticiparon un debate judicial.
Pago Soberano. Apremiado por la necesidad de sortear el bloqueo al cobro de la deuda en Nueva York impuesto por el juez Thomas Griesa, la ley promovida por la Casa Rosada propuso a Argentina o Francia como lugar de pago alternativo para los bonistas. Sin embargo no hubo adherentes y la comisión bicameral para investigar el origen de los compromisos externos desde la dictadura todavía no se constituyó.
Código Civil y Comercial. Tras dos años de debate -con audiencias en todo el país-, los diputados kirchneristas aprobaron en soledad la modernización del Código Civil de 1869 y su unificación con la legislación comercial. La oposición impugnó la metodología de debate y se negó a participar de la sesión. Los cambios: agilización de los trámites de adopción, divorcio exprés, reconocimiento de nuevas formas de familias, reconocimiento de los “derechos personalísimos” y creación de sociedades unipersonales, entre otras cuestiones.
Ley de Hidrocarburos. Se actualizó la norma de 1968 para contemplar las nuevas formas de exploración y explotación de hidrocarburos y se concedieron nuevos beneficios para atraer inversiones extranjeras. La reforma fue pactada entre la Casa Rosada y los gobernadores de provincias petroleras tras largas negociaciones. El objetivo: la asociación de YPF con multinacionales para recuperar el autoabastecimiento energético.
Código Procesal Penal. La reforma comenzó a debatirse a principios de año con proyectos de diputados y senadores. Finalmente se aprobó una propuesta del Ejecutivo que reemplazó el sistema inquisitivo, donde el juez investiga junto al fiscal, por otro acusatorio, donde el magistrado se limita a juzgar. Asimismo se estableció la oralidad y plazos máximos para el proceso, juicios por flagrancia, así como el derecho de las víctimas a participar de la investigación. También habilitó a la Procuraduría a reasignar causas entre los fiscales y la designación de 1.400 fiscales y defensores públicos, lo que llevó a la oposición a denunciar un intento oficial de “colonizar” los tribunales.
Vanoli al BCRA. En soledad, el oficialismo avaló la designación de Alejandro Vanoli como titular del Banco Central, cargo que ejercía por decreto presidencial desde el 2 de octubre después de que Juan Carlos Fábrega renunciara ante las recriminaciones de la presidenta por la laxitud en los controles sobre el sistema financiero.
Parlamentarios del Mercosur. El oficialismo comenzó a debatir el proyecto en abril pero lo desempolvó al cierre del año, con singular premura. Lo aprobó Diputados el 16 de diciembre, en su última sesión del año, y el Senado tuvo que ser convocado para la insólita fecha del 29 de diciembre para convertirlo en ley.
