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Miercoles, 2 de Julio de 2014
Río Cuarto, segunda en el ranking nacional de trabajo informal
Ubicada en el corazón de la "pampa gringa", en la provincia de mayor riqueza agrícola, la ciudad de Río Cuarto presenta uno de los mayores índices de desigualdad social.
IRINA SANTESTEBAN
Mientras el gobernador de Córdoba, José Manuel de la Sota, sigue con su campaña presidencial recorriendo los programas televisivos en Buenos Aires y dando consejos al gobierno nacional sobre cómo afrontar el problema de la deuda, no puede ocultar los problemas sociales que padecen muchos cordobeses, a pesar que viven en una de las provincias más ricas del país.
El parate en la industria automotriz, que intenta ser contrarrestado a nivel nacional con planes como el Procreauto y en la provincia mediterránea con planes especiales a bajo interés de Bancor, el Banco de Córdoba, sigue produciendo las miles de suspensiones y hasta despidos en el sector. No sólo en las automotrices, sino en las decenas de autopartistas que son proveedoras de aquéllas.
Otro de los problemas que afectan a la provincia, en particular a la ciudad de Río Cuarto, es el trabajo no registrado, que priva al empleado que lo padece de aportes previsionales y cobertura de obra social. Obviamente, este tipo de empleo conlleva un grado mayor de explotación, y de sumisión del trabajador hacia el empleador, quien se aprovecha de la situación desfavorable de su dependiente, y además evade al fisco al no abonar las contribuciones patronales, ni los aportes a la obra social o al sindicato del sector.
Ley contra trabajo informal.
La ley que se aprobó el año pasado contra el trabajo informal por iniciativa del gobierno kirchnerista y el apoyo de la mayoría de la oposición tiene como objetivo reducir esta problemática al 28% en 2016.
La nueva norma busca incentivar la contratación en blanco de los trabajadores de aquellas empresas que tienen hasta 80 empleados, mediante una reducción de contribuciones patronales durante dos años, siendo mayores las rebajas para las compañías pequeñas.
Para el diputado nacional Jorge Rivas, uno de los defensores de la ley: "Hay empleadores que abusan de su posición dominante. Para muchos empresarios, la ganancia del capital vale más que el derecho de los trabajadores". Para el legislador la ley aprobada "es realista, al ofrecer estímulos económicos para empleadores y sanciones para quienes no cumplan".
OIT y el trabajo informal.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT), ponderó los "esfuerzos" de Argentina por reducir el empleo informal y ampliar la cobertura social de sus trabajadores. Además destacó el impacto de la Asignación Universal por Hijo en "la reducción del número de hogares con niños en extrema pobreza".
En su reciente informe, "El Trabajo en el Mundo 2014: el Desarrollo a través del Empleo", ese organismo internacional destacó a la Argentina entre los países "que han abordado la informalidad a través de medidas pragmáticas, combinando la reforma fiscal, la protección social y la agilización en el proceso de registro para las empresas".
Según esta publicación, eso se ha logrado "facilitando el diálogo entre empleadores y trabajadores, reforzando las leyes laborales, así como aplicando una protección social bien diseñada con objeto de garantizar una distribución de los ingresos más equilibrada en los países en desarrollo".
"Países como Argentina, Brasil, y más recientemente, Túnez, cuentan con experiencias muy positivas al respecto", afirmó la OIT, al tiempo que remarcó que "varios países latinoamericanos han realizado en la última década grandes esfuerzos para incluir a los trabajadores informales, con mayor protección social".
"En Argentina, el aumento del empleo formal a partir de 2003 ha permitido a muchas familias acceder al sistema de seguridad social", precisó.
Además, señaló que "la mayor parte de los países latinoamericanos, como Argentina, Brasil, Costa Rica, Ecuador y Uruguay, tienen esquemas que cubren a los pobres con discapacidad, en algunos casos como parte de asignaciones condicionadas, además de los que tienen derecho a la seguridad social contributiva".
Rica, pero desigual.
Los informes del Indec revelaron que, para el primer trimestre del año, el porcentaje de empleados riocuartenses en situación de informalidad laboral alcanza el 44,8 por ciento.
De esta forma, esta ciudad del sur de la provincia de Córdoba, situada a 220 kilómetros de la capital, se ubicó en el segundo lugar, a nivel nacional, de las localidades con mayor porcentaje de trabajo "en negro". Tucumán, con el 45,3 por ciento, es la que ocupa el primer lugar de este triste ranking.
Aunque es amplio el abanico de actividades económicas que tienen a sus empleados en la informalidad, los más perjudicados son los ladrilleros, la construcción y las trabajadoras domésticas.
Es paradójico que un sector como la construcción, con el "boom" edilicio, que ha cambiado la fisonomía de esta ciudad, antaño provinciana y ahora con enormes edificios y centros comerciales, sea uno de los que más trabajadores "en negro" emplee. Así se revelan las dos caras de una ciudad que por un lado muestra la pujanza económica, proveniente en gran parte de la producción agrícola, en especial la siembra y cosecha de soja para la exportación cuyas ganancias extraordinarias han sido invertidas, en muchos casos, en departamentos y emprendimientos inmobiliarios. Y por el otro, están los trabajadores de la construcción, con precariedad laboral e informalidad, además de los riesgos que ese trabajo tiene, sobre todo si se trata de la construcción de edificios en altura.
El servicio doméstico es otro sector con alta informalidad, a pesar de las campañas que desde el Ministerio de Trabajo se han realizado, para la regularización de la situación laboral de las empleadas de casas de familia. El Sindicato de Personal de Casas de Familia (Sinpecaf) afirma que sólo 1 de cada 5 trabajadoras está registrada.
Y en cuanto a los ladrilleros, desde el sindicato que los agrupa, la Unión Obrera Ladrillera de la República Argentina (Uolra), denunciaron que el porcentaje de informalidad en su sector, alcanza hasta el 95 por ciento.
Campo rico, peones pobres.
Aunque desde la Unión Argentina de Trabajadores Rurales (Uatre) sostienen que el trabajo informal ha disminuido notoriamente en Río Cuarto durante los últimos años, gracias a las inspecciones de las autoridades del Ministerio de Trabajo de la Nación y del propio sindicato, el sector de los trabajadores rurales sigue siendo uno de los que mayor empleados "en negro" registra. Y resulta paradójico que esa irregularidad laboral se dé, tal como sucede con los trabajadores de la construcción, en un sector que ha obtenido ganancias extraordinarias en los últimos años.
Una prueba de la situación que padecen los peones rurales, a manos de los dueños de ricas explotaciones rurales, es la reciente denuncia penal que tiene al presidente de la Sociedad Rural Argentina, Luis Miguel Etchevehere, como principal acusado. La causa que investiga el fiscal Samuel Rojkin, es por "reducción a la servidumbre", en contra de dos trabajadores, los hermanos Sergio y Antonio Cornejo, que trabajan en la estancia La Hoyita, propiedad de la familia Etchevehere, desde hace 38 años.
Estos humildes trabajadores vivieron siempre en condiciones casi infrahumanas, realizando todo tipo de trabajos, sin salario ni aportes ni obra social, sólo cobrando 450 pesos "en negro".
Hace un mes, la Sociedad Rural emitió un comunicado institucional para defender a su presidente y desmentir la denuncia penal. Pero frente a la difusión de la declaración de los hermanos Cornejo en la audiencia convocada por el fiscal Rojkin, ahora la entidad no hizo ninguna defensa de Etchevehere.
El parate en la industria automotriz, que intenta ser contrarrestado a nivel nacional con planes como el Procreauto y en la provincia mediterránea con planes especiales a bajo interés de Bancor, el Banco de Córdoba, sigue produciendo las miles de suspensiones y hasta despidos en el sector. No sólo en las automotrices, sino en las decenas de autopartistas que son proveedoras de aquéllas.
Otro de los problemas que afectan a la provincia, en particular a la ciudad de Río Cuarto, es el trabajo no registrado, que priva al empleado que lo padece de aportes previsionales y cobertura de obra social. Obviamente, este tipo de empleo conlleva un grado mayor de explotación, y de sumisión del trabajador hacia el empleador, quien se aprovecha de la situación desfavorable de su dependiente, y además evade al fisco al no abonar las contribuciones patronales, ni los aportes a la obra social o al sindicato del sector.
Ley contra trabajo informal.
La ley que se aprobó el año pasado contra el trabajo informal por iniciativa del gobierno kirchnerista y el apoyo de la mayoría de la oposición tiene como objetivo reducir esta problemática al 28% en 2016.
La nueva norma busca incentivar la contratación en blanco de los trabajadores de aquellas empresas que tienen hasta 80 empleados, mediante una reducción de contribuciones patronales durante dos años, siendo mayores las rebajas para las compañías pequeñas.
Para el diputado nacional Jorge Rivas, uno de los defensores de la ley: "Hay empleadores que abusan de su posición dominante. Para muchos empresarios, la ganancia del capital vale más que el derecho de los trabajadores". Para el legislador la ley aprobada "es realista, al ofrecer estímulos económicos para empleadores y sanciones para quienes no cumplan".
OIT y el trabajo informal.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT), ponderó los "esfuerzos" de Argentina por reducir el empleo informal y ampliar la cobertura social de sus trabajadores. Además destacó el impacto de la Asignación Universal por Hijo en "la reducción del número de hogares con niños en extrema pobreza".
En su reciente informe, "El Trabajo en el Mundo 2014: el Desarrollo a través del Empleo", ese organismo internacional destacó a la Argentina entre los países "que han abordado la informalidad a través de medidas pragmáticas, combinando la reforma fiscal, la protección social y la agilización en el proceso de registro para las empresas".
Según esta publicación, eso se ha logrado "facilitando el diálogo entre empleadores y trabajadores, reforzando las leyes laborales, así como aplicando una protección social bien diseñada con objeto de garantizar una distribución de los ingresos más equilibrada en los países en desarrollo".
"Países como Argentina, Brasil, y más recientemente, Túnez, cuentan con experiencias muy positivas al respecto", afirmó la OIT, al tiempo que remarcó que "varios países latinoamericanos han realizado en la última década grandes esfuerzos para incluir a los trabajadores informales, con mayor protección social".
"En Argentina, el aumento del empleo formal a partir de 2003 ha permitido a muchas familias acceder al sistema de seguridad social", precisó.
Además, señaló que "la mayor parte de los países latinoamericanos, como Argentina, Brasil, Costa Rica, Ecuador y Uruguay, tienen esquemas que cubren a los pobres con discapacidad, en algunos casos como parte de asignaciones condicionadas, además de los que tienen derecho a la seguridad social contributiva".
Rica, pero desigual.
Los informes del Indec revelaron que, para el primer trimestre del año, el porcentaje de empleados riocuartenses en situación de informalidad laboral alcanza el 44,8 por ciento.
De esta forma, esta ciudad del sur de la provincia de Córdoba, situada a 220 kilómetros de la capital, se ubicó en el segundo lugar, a nivel nacional, de las localidades con mayor porcentaje de trabajo "en negro". Tucumán, con el 45,3 por ciento, es la que ocupa el primer lugar de este triste ranking.
Aunque es amplio el abanico de actividades económicas que tienen a sus empleados en la informalidad, los más perjudicados son los ladrilleros, la construcción y las trabajadoras domésticas.
Es paradójico que un sector como la construcción, con el "boom" edilicio, que ha cambiado la fisonomía de esta ciudad, antaño provinciana y ahora con enormes edificios y centros comerciales, sea uno de los que más trabajadores "en negro" emplee. Así se revelan las dos caras de una ciudad que por un lado muestra la pujanza económica, proveniente en gran parte de la producción agrícola, en especial la siembra y cosecha de soja para la exportación cuyas ganancias extraordinarias han sido invertidas, en muchos casos, en departamentos y emprendimientos inmobiliarios. Y por el otro, están los trabajadores de la construcción, con precariedad laboral e informalidad, además de los riesgos que ese trabajo tiene, sobre todo si se trata de la construcción de edificios en altura.
El servicio doméstico es otro sector con alta informalidad, a pesar de las campañas que desde el Ministerio de Trabajo se han realizado, para la regularización de la situación laboral de las empleadas de casas de familia. El Sindicato de Personal de Casas de Familia (Sinpecaf) afirma que sólo 1 de cada 5 trabajadoras está registrada.
Y en cuanto a los ladrilleros, desde el sindicato que los agrupa, la Unión Obrera Ladrillera de la República Argentina (Uolra), denunciaron que el porcentaje de informalidad en su sector, alcanza hasta el 95 por ciento.
Campo rico, peones pobres.
Aunque desde la Unión Argentina de Trabajadores Rurales (Uatre) sostienen que el trabajo informal ha disminuido notoriamente en Río Cuarto durante los últimos años, gracias a las inspecciones de las autoridades del Ministerio de Trabajo de la Nación y del propio sindicato, el sector de los trabajadores rurales sigue siendo uno de los que mayor empleados "en negro" registra. Y resulta paradójico que esa irregularidad laboral se dé, tal como sucede con los trabajadores de la construcción, en un sector que ha obtenido ganancias extraordinarias en los últimos años.
Una prueba de la situación que padecen los peones rurales, a manos de los dueños de ricas explotaciones rurales, es la reciente denuncia penal que tiene al presidente de la Sociedad Rural Argentina, Luis Miguel Etchevehere, como principal acusado. La causa que investiga el fiscal Samuel Rojkin, es por "reducción a la servidumbre", en contra de dos trabajadores, los hermanos Sergio y Antonio Cornejo, que trabajan en la estancia La Hoyita, propiedad de la familia Etchevehere, desde hace 38 años.
Estos humildes trabajadores vivieron siempre en condiciones casi infrahumanas, realizando todo tipo de trabajos, sin salario ni aportes ni obra social, sólo cobrando 450 pesos "en negro".
Hace un mes, la Sociedad Rural emitió un comunicado institucional para defender a su presidente y desmentir la denuncia penal. Pero frente a la difusión de la declaración de los hermanos Cornejo en la audiencia convocada por el fiscal Rojkin, ahora la entidad no hizo ninguna defensa de Etchevehere.
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