13/07/2011 - BAE - Nota - Sup. Judicial - Pág. 3
Quieren fijar la Unidad de Medida ArancelariaLos profesionales demandan la actualización de sus honorarios que quedaron regulados por una ley de la década del '80. Reclaman por montos mínimos que no se actualizan frente a los índices inflacionarios. Diputados analiza un proyecto de ley para calcular la base de lo que deben percibirAvanza en las comisiones de Justicia, Legislación General, Trabajo, Presupuesto y Hacienda un proyecto de ley del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal que fue presentado por los diputados Jorge Rivas y Ariel Basteiro y que cuenta con el aval de la matrícula de abogados del colegio, que agrupa a más de 80.000 letrados."Reclamamos una ley actualizada y con proyección en el tiempo, dado que nos manejamos con una legislación de hace más de 20 años y que estaba prevista para otra realidad.Las sumas fijas establecidas en esa ley están totalmente desactualizadas, los mínimos fijados no son acatados por los magistrados con lo cual se genera un problema de arbitrariedad e injusticia", dijo a BAE el presidente del CPACF, Eugenio Cozzi.Concretamente, el proyecto busca actualizar la regulación de honorarios establecida por una ley que rige desde la época de Martínez de Hoz –legislación 21.839, vigente desde el 20 de julio de 1978– y que fue agravada en 1991 cuando el entonces presidente Carlos Menem y su ministro de Economía, Domingo Cavallo, impusieron mediante la ley 24.432 una serie de cambios empezando por dejar sin efecto el concepto de orden público establecido en materia de aranceles, escalas o tarifas que fijen honorarios, entre otras serias modificaciones.En este marco y ante la existencia de "honorarios irrisorios que en casos han alcanzado a regularse en 50 pesos", argumenta Cozzi, se avanza sobre un proyecto de ley que busca principalmente evitar las arbitrariedades en el cálculo de un canon que tiene carácter alimentario. Para esto, la iniciativa plantea la aplicación de una unidad de medida arancelaria donde se determinarán los honorarios a través de un cálculo equivalente al 1,5% de la remuneración total asignada a un juez de primera instancia, lo cual regirá tanto para la actividad judicial como para la extrajudicial.Se plantea también la actualización monetaria, la restitución del orden público de la ley, la garantía de que los honorarios del profesional sean considerados inembargables, alimentarios; asimismo, se propone que se puedan cel e b r a r pactos de cuota litis o c o n v e - nios de honorarios en cuestiones previsionales y en asuntos que involucren cuestiones alimentarias y a menores, estableciendo para tales casos un tope máximo del 20% del monto a percibir por el demandante. Para el caso de cambio de patrocinio y representación, el profesional desplazado podrá adquirir la calidad de parte para actuar en la protección de sus derechos a la regulación de honorarios."La situación arancelaria merece especial atención dado que, como lo dijo el presidente de la Corte Suprema de Justicia, los abogados somos trabajadores y merecemos una retribución digna por nuestra labor profesional. Entonces, al remitirse a los convenios colectivos que han obtenido hasta un 30% de mejora, y eso constituye una lucha de los sindicatos, el colegio va a defender a sus matriculados y asume la obligación de luchar por los derechos de los profesionales", sostiene Cozzi y advierte que la institución lleva adelante una acción declarativa de inconstitucionalidad del artículo 61 de la ley 21.938, que fija la tasa pasiva para calcular los intereses de honorarios regulados y firmes en mora; desde el colegio se considera que "continuar aplicando una tasa pasiva sin bucear en la realidad y la actualidad, no sólo económica y financiera, sino de la labor diaria del abogado, es destruir la profesión que, por cierto, forma parte ineludible del sistema judicial argentino".La desactualización en la regulación de los honorarios de profesionales del derecho afecta, al menos en la Ciudad de Buenos Aires, a más de 80.000 matriculados."La situación se ha transformado en un disparate jurídico que los legisladores deben resolver de inmediato y desde el colegio le dimos un proyecto de ley moderno, amplio, previsible y sobre todo justo, porque es paradójico que haya una marcada inflación y los honorarios de los abogados no puedan utilizar un mecanismo que reconozca el valor remunerativo de lo que deben percibir por su labor profesional como lo merece un trabajador", concluye el presidente del colegio.
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