Cada cual con su argumento
“Algunos dicen querer una ley ideal. Primero hagamos una ley de la democracia”, dijo el diputado oficialista Piumato. Por la oposición, Pinedo consideró que “el objetivo es establecer un mecanismo para quedarse con los medios”.
“Que la política no ejerza el gobierno, sino que asuma el poder.” Con esta frase, el diputado de Solidaridad e Igualdad (SI) Carlos Raimundi sintetizó el mensaje que trataron de transmitir los legisladores que defendieron el proyecto de Ley de Servicios Audiovisuales en el plenario de comisiones. Raimundi tomó la palabra justo después del titular del bloque PRO en la Cámara baja, Federico Pinedo, que cumplió el mismo rol pero desde la oposición. Pinedo calificó al proyecto como “confiscatorio” y sostuvo que “está claro cuál es el objetivo: establecer un mecanismo para quedarse con los medios”.
El plenario había comenzado pasadas las 14.30 y durante tres horas se leyeron las modificaciones impulsadas por el oficialismo al proyecto original y que habían sido consensuadas con los bloques de centroizquierda (Encuentro Popular y Social, SI, el Partido de la Concertación y el socialismo). Tras una hora y media de cuarto intermedio para analizar los cambios, se retomó el debate. El diputado de Unión-PRO Francisco de Narváez aprovechó el intervalo para despotricar ante los medios porque el tiempo asignado para estudiar el nuevo texto le parecía insuficiente: “Es casi una tomadura de pelo, quieren aprobar esto a las patadas”, dijo.
Desde la mayoría de los bloques de centroizquierda elogiaron el nuevo proyecto. Los cinco representantes del bloque Encuentro Popular y Social, Ariel Basteiro, Victoria Donda, Cecilia Merchán, Vilma Ibarra y Jorge Rivas, se manifestaron a través de un comunicado en el que se mostraron “satisfechos” con los cambios incorporados respecto de la conformación de la autoridad de aplicación y la exclusión de las empresas telefónicas en el negocio de los medios. “Esto demuestra que el espacio de centroizquierda, cuando consolida propuestas unificadas, incide en el debate público y puede mejorar las iniciativas en sus aspectos centrales”, concluyeron. En el mismo sentido se expresó el diputado electo por el Nuevo Encuentro, Martín Sabbatella, que reconoció: “En estos días se mostraron claros gestos de apertura y de búsqueda de consenso por parte del Gobierno”.
Poco después de las 19 se retomaron las sesiones. Cada sector de la oposición planteó, una por una, las consabidas objeciones al proyecto, buscando estirar el plenario. A esa hora ya habían sido notificados de que el bloque oficialista había convocado a una sesión especial para hoy. “No nos conforman los cambios”, confirmó la peronista disidente Graciela Camaño, que presentó su propio dictamen en minoría. Lo mismo anunciaron, cada uno con sus propias razones, los bloques de la Coalición Cívica (CC), la UCR e incluso Miguel Bonasso, de Diálogo por Buenos Aires. El diputado Juan Carlos Morán (CC) justificó el planteo disidente en que “hay cosas que no quedan claras” y que “las reformas en muchos casos son agravantes y en otros casos claramente son insuficientes”. “El sentido de esta reforma es una trampa”, concluyó el aliado de Margarita Stolbizer.
La radical Silvana Giudici, protagonista de la sesión de ayer, dijo que el texto que presentará su bancada será “un dictamen que reúna los consensos por los cuales el radicalismo trabaja desde 1983, porque a esta ley hay que cambiarla, pero por un texto por el cual todos sepan a qué atenerse”. Giudici acusó al oficialismo de incorporar cambios a la norma “entre amigos”, refiriéndose a las bancadas de centroizquierda, mientras que con “los bloques de oposición no hubo ningún diálogo, ninguna consulta”.
Bonasso, por su parte, justificó su postura en que si bien “sin duda el proyecto supone un avance con respecto a la ley de la dictadura, es lamentable que si la dirigencia política se tomó veintiséis años para cambiar esta ley, ahora haya que aprobarla al vapor”. Más allá fue Patricia Bullrich (CC), que planteó “una discusión integral de esta ley” que “tiene una filosofía contraria a la libertad de expresión”. Bullrich hizo uso de la palabra por más tiempo que el resto de los legisladores, y cuando fue exhortada a concluir su discurso dejó en evidencia su estrategia dilatoria: “Saquen la sesión de mañana a las 10 y yo paro de hablar”, dijo la ex ministra de Trabajo de la Alianza.
Tras ella, fue el turno de Julio Piumato (Frente para la Victoria), que apuntó a los diputados a los que “no les importa el contenido de tal o cual artículo, sino que les importa mantener la ley de la dictadura”. El sindicalista sostuvo que “es muy difícil conciliar los intereses de todos, pero se ha avanzado muchísimo” en incluir la opinión de la mayoría. “Algunos dicen querer una ley ideal. Primero hagamos una ley de la democracia”, concluyó Piumato, ganándose una de las ovaciones de la noche.
Federico Pinedo (PRO) resumió en su discurso la postura de la oposición más férrea, al denunciar que “el oficialismo quiere decidir quiénes serán los dueños de los medios por los próximos veinte años”. Raimundi le respondió planteando que no es el poder del Estado el único que debe limitarse y que este proyecto “no amordaza a los medios”, sino que les pone un coto. Para esta altura de la noche, los dictámenes ya circulaban por el anexo, recolectando firmas, lo que motivó que gran parte de la oposición se retirase, por considerar que no había quórum suficiente para aprobar el paso de un proyecto al recinto. También anunciaron que no se presentarían a la sesión especial en la que hoy el oficialismo intentará darle media sanción al texto de la ley. (Pag. 2)
Diagonales - La Plata
Críticas racionales
El análisis de Jorge Rivas
La modificación que introdujo la Presidenta en el proyecto de ley de Servicios de Comunicación Audiovisual mejora la norma en el sentido en que veníamos postulando, y demuestra que el gobierno está atento a las críticas racionales. En cuanto al anuncio de la oposición encabezada por Julio Cobos, en el sentido de que la ley, si se sanciona, será sometida a revisión por la nueva composición del Congreso después del 10 de diciembre, consideramos que es condenable por demagógico y por oportunista. Por principio y por imperio de las instituciones democráticas, cualquier ley puede ser derogada en todo o en parte por otra ley, así que el anuncio sólo puede ser entendido como un acto de miserable obsecuencia respecto de los poderes fácticos que desean que nada cambie.
Crónica
Diputados tratan hoy la ley de medios en el recinto
Por LUIS MENDOZA
La Cámara de Diputados tratará hoy desde las 10, en sesión especial, el proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que anoche tuvo el dictamen de mayoría, en medio de fuertes cruces entre legisladores del oficialismo y de la oposición sobre los alcances de la norma, en particular sobre la autoridad de aplicación.
El documento, que habilita el tratamiento de la iniciativa del Poder Ejecutivo en el recinto de sesiones, fue avalado con las firmas de diputados del Frente para la Victoria y de bancadas aliadas. El giro que le imprimió el lunes último la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, al disponer que se eliminara la posibilidad de intervención de las telefónicas en la transmisión de contenidos audiovisuales, destrabó la discusión. Ese punto era el que mayor resistencia generó en la oposición y un reclamo de los sectores dispuestos a acompañar al gobierno en su movida para sancionar una nueva ley de medios.
El plenario conjunto de las comisiones de Comunicaciones, de Presupuesto y de Libertad de Expresión, presidido por el diputado Manuel Baladrón, reanudó ayer sus deliberaciones y, tras un extenso debate sobre las modificaciones introducidas al texto original, pasó a un cuarto intermedio hasta pasadas las l9.
Ese receso derivó en fuertes críticas de la oposición. "La democracia se tomó 26 años para reformar la ley de radiodifusión. Tomarse una hora y media para discutir algunos temas me parece una burla al Poder Legislativo", se quejó el diputado Miguel Bonasso, pidiendo que el cuarto intermedio se extendiera una semana.
A1 contrario, Claudio Lozano, de Proyecto Sur, opinó que el "balance es positivo", por la eliminación del ingreso de las telefónicas.
En un comunicado del bloque Encuentro Popular y Social, los diputados Ariel Basteiro, Victoria Donda, Jorge Rivas, Cecilia Merchán y Vilma Ibarra manifestaron su satisfacción por la incorporación de la propuesta de autoridad de aplicación planteada por ellos, que prevé su integración con dos miembros propuestos por el Poder Ejecutivo, dos nominados por el Consejo Federal y tres por la primera, segunda y tercera minoría del Congreso.
La integración de la autoridad de aplicación es uno de los puntos que genera más discrepancias en la oposición dado que será el organismo que, entre otras funciones, tendrá a su cargo la distribución y control sobre las licencias.
La diputada oficialista Graciela Camaño propuso una integración con cuatro senadores nacionales, dos diputados y un miembro designado por el Poder Ejecutivo.
El radical Juan Carlos Morán rechazó que presidente y directores de la Autoridad Federal de Comunicación Audiovisual tengan un mandato de cuatro años, con posibilidad de reelección por igual período. "Eso quiere decir que el próximo gobierno deberá transitar parte de su mandato con el presidente de la autoridad de aplicación designado por el actual", agregó.
Para el diputado Francisco Ue Narváez se trata de "un intento brutal del kirchnerismo para la reelección de Néstor Kirchner".
Federico Pinedo, presidente de la bancada del PRO, ironizó sobre la adhesión de los bloques aliados al oficialismo sobre los cambios en la conformación de la autoridad de aplicación. "Ahora son siete miembros: cinco del oficialismo y dos de la oposición. Es una propuesta muy interesante que hizo el centro izquierda para mejorar la participación".
El jefe del bloque kirchnerista, Agustín Rossi, aseguró que la decisión de retirar a las telefónicas del negocio de la comunicación audiovisual allanará el camino en ambas cámaras. (Pag. 2)
Crónica
Se suman votos a favor
El proyecto de la nueva Ley de Medios cosechó más voces a favor. El intendente de Morón, Martín Sabbatella, el ex diputado socialista Héctor Polino y el diputado nacional Jorge Rivas, entre otros, se manifestaron a favor de la iniciativa que impulsa el oficialismo en el Congreso.
"Se eliminó la posibilidad de que las telefónicas formen un futuro monopolio y se democratizó la conformación de la autoridad de aplicación. Estamos ante un muy buen proyecto enriquecido con las propuestas de centroizquierda", señaló Sabbatella.
Polino mostró coincidencias con el moronense en cuanto al veto de las telefónicas. "Ahora se impone legislar para que puedan participar las cooperativas eléctricas y de servicios públicos en general", argumentó. "Se terminó con la discriminación sufrida durante 26 años por la ley de la dictadura militar", agregó. Diputados nacionales de centroizquierda apoyaron el proyecto: Ariel Basteiro, Victoria Donda, Cecilia Merchán y Vilma Ibarra. Se sumó Patricio Echegaray, secretario general del Partido Comunista. (Pag. 3)
La Prensa
Los diputados radicales se retiraron del plenario de comisiones aduciendo irregularidades
Ley de medios: tuvo dictamen y será debatida hoy en el recinto
El oficialismo pidió una sesión especial para las 10. Presentó nuevas modificaciones al proyecto, otorgando un cuarto intermedio de noventa minutos a la oposición para su análisis, tras lo cual se reinició un extenso debate.
En medio de las críticas de la oposición, el kirchnerismo logró anoche, en el plenario de comisiones, la firma del dictamen del proyecto de ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, y lo tratará hoy en el recinto de la Cámara de Diputados en el marco de una sesión especial convocada para las 10.
La UCR y el PRO adelantaron que no darán quórum.
El plenario se inició poco después de las 14.30, con la lectura de las modificaciones impulsadas por el oficialismo, que se extendió por mas de tres horas, tras lo cual -a pedido del ex arista Carlos Raimundi- se decidió pasar a un cuarto intermedio de una hora y media para que los legisladores de la oposición tengan tiempo de analizar los cambios. La mayoría de los cambios propuestos por el oficialismo fueron consensuados con los bloques de Encuentro Popular y Social, Solidaridad e Igualdad, el Partido de la Concertación y el socialismo.
Pasadas las 19, y mientras integrantes de la CTA manifestaban frente al Congreso a favor del proyecto, los diputados de las comisiones de Comunicaciones, Presupuesto y de Libertad de expresión retomaron el debate y expusieron sus posturas en tomo a las modificaciones hechas por el oficialismo. La marcha del extenso debate generó críticas de la mayor parte de la oposición, que reclamó un mayor tiempo de análisis (ver página 3).
Pocos minutos antes de las 23, la diputada radical Silvana Giudici, junto a otros legisladores, se retiró del encuentro asegurando que no se daban las condiciones reglamentarias (no había quórum) para votar el dictamen.
COSAS POCO CLARAS
Desde la Coalición Cívica, el bonaerense Juan Carlos Morán, destacó el hecho de que "se hayan excluido a las empresas telefónicas de la posibilidad de ingresar al mercado audiovisual", aunque justificó la firma de un dictamen diferenciado al del oficialismo "porque hay cosas que no quedan claras, como por ejemplo el tema de las mayorías parlamentarias para integrar el organismo de aplicación de la ley".
Una de las aliadas del kirchnerismo, la diputada Cecilia Merchán, de LEncuentro Popular y Social, justificó el
apoyo de los cinco integrantes de se bloque al señalar que "el tema hace 26 años que se está debatiendo y fue analizado en foros encabezados por la Coalición por una Radiodifusión Democrática, que curiosamente nunca ocuparon ni dos renglones en los principales diarios del país".
ATENTO A LAS CRITICAS
Asimismo, el diputado nacional Jorge Rivas (Partido Socialista) apoyó los cambios en el proyecto al considerar que "la modificación que ha introducido la Presidenta mejora la norma en el sentido en que veníamos postulando y demuestra que el gobierno está atento a las críticas racionales". Por su parte, el intendente de Morón, Martín Sabbatella aseguró que "en estos días, se mostraron claros gestos de apertura y de búsqueda de consenso por parte del Gobierno; y eso, sin mezquindad, merece ser reconocido".
El principal cambio fue la eliminación de las empresas telefónicas
y de las concesionarias de servicios públicos en el negocio de la televisión por cable. Otra modificación apuntó a la autoridad de aplicación, que pasó de cinco miembros de la versión original a siete. También cambió la definición del espectro radioeléctrico que pasó a ser considerado como de "bien público" y se precisó que la autoridad de aplicación, de aprobarse la ley, será controlada por la SIGEN y la AGN (ver aparte) (Pag. 2)
