EL SOCIALISTA RIVAS DENUNCIÓ A LOS JUECES QUE INTERVINIERON EN LA CAUSA AFI
"El alto nivel de desprestigio social que hoy corroe a todo el Poder Judicial solo podría comenzar a atenuarse si tenemos el valor republicano de romper la lógica corporativa y sancionar a aquellas minorías de jueces que, de manera desvergonzada e impúdica, actúan al margen del derecho, enlodando a una mayoría de jueces probos", sostiene el referente de la Confederación Socialista Jorge Rivas en la denuncia que presentó hoy ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional y ante el Consejo de la Magistratura para que se investigue si los jueces que intervinieron en la causa en la que se procesó a los más altos funcionarios de la Agencia Federal de Informaciones, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, entre otros, algunos de ellos muy cercanos al ex Presidente Mauricio Macri, cometieron prevaricato u otros delitos de orden público.
"Eso debe ser obra del propio Poder Judicial – afirma también Rivas, que se desempeña como Director Nacional de Estrategias Inclusivas en el Ministerio de Transporte de la Nación - asumiéndose a sí mismo como lo que es, un poder del Estado, y no una corporación como lo han pretendido quienes lo sumieron en el innegable desprestigio referido".
En el texto de la denuncia, Rivas describe en detalle las conductas de los jueces Mariano Borinsky y Gustavo Hornos, de estrecha relación con Macri, responsables de que la apelación de los procesamientos se tramitara ante la Cámara de Apelaciones porteña que integran los jueces Eduardo Farah, Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi, y subraya que eso era lo que "claramente preferían los procesados".
Los jueces Llorens y Bertuzzi, por su parte, conformaron la mayoría de esa Cámara, que dictó el sobreseimiento de Arribas y de Darío Nieto. "La detenida lectura de los fallos de ambas instancias judiciales – sostiene la denuncia - permite inferir sin hesitación el propósito de beneficiar a esos imputados por parte de la mayoría del tribunal de apelación".
Al respecto, Rivas sostiene que "el contenido del fallo suscripto por los jueces Llorens y Bertuzzi excede lo que puede considerarse una errada o defectuosa interpretación legal, autorizándonos a sospechar de la eventual comisión del delito de prevaricato".
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