JORGE RIVAS EN BAE DE HOY - PROYECTO - ABOGADOS

04/01/2012 BAE - Nota - Sup. Judicial - Pag. 1


LA LUCHA DE LOS ABOGADOS EN DEFENSA DE LA PROFESIÓN


El 2011 no sólo fue un año de intensa reforma judicial, sino también un período en el que el estamento de los abogados emprendió importantes luchas en pos de la revalorización de la profesión. La búsqueda de una ley de honorarios, la defensa de las incumbencias y el patrocinio jurídico obligatorio son temas sobre los cuales los letrados buscarán resolución en el 2012


SABRINA SANTOPINTO judicial@buenosaireseconomico.com


“Es impensable desconocer la necesaria importancia de la presencia del abogado como garantía del debido proceso, acceso a la Justicia y la defensa de los derechos”; así el presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, Eugenio Cozzi, sintetizó tal vez una de las mayores contiendas libradas por el estamento abogadil en el 2011: la necesaria participación de los abogados en los procesos de la Justicia.
En este plano mucho se ha hablado y debatido sobre distintos proyectos que buscan simplificar procesos jurídicos, dejando fuera de ellos la representación y asistencia por parte de los abogados.
Hace tiempo se discute en el Congreso un proyecto del diputado Gustavo Ferrari acompañado por Laura Alonso y Ricardo Gil Lavedra, entre otros, incluso desde el Consejo de la Magistratura por el consejero Ricardo Recondo, sobre la creación de juzgados de menor cuantía que tiendan a solucionar temas de resolución simple entre los ciudadanos, dejando fuera de esta secuencia la representación de los abogados, sólo rigiéndose el procedimiento judicial a través de la intervención de un magistrado.
“La discusión en torno del proyecto de pequeños juicios, en los que se pretendía prescindir del patrocinio jurídico obligatorio, mereció toda nuestra atención, pues bajo la aparente mención a la ‘menor cuantía’ se escondía una innumerable cantidad de asuntos en los que se pretendía prescindir de los abogados y de asistencia letrada a las partes, ampliando la discrecionalidad de los jueces e incluso de quien promovía la demanda, que estaban francamente plagados de arbitrariedades”, destacó Cozzi, y se manifestó en contra de esta iniciativa dado que “donde se ponen en juego derechos y obligaciones de los ciudadanos y se pretenda de ellos que asuman responsabilidades los asista o no el derecho, allí debe haber un abogado que los asesore convenientemente para que sepan qué hacer”.
PATROCINIO JURÍDICO. Lo cierto es que muchos especialistas coinciden en un punto fundamental: la necesidad de que un abogado garantice la defensa de los derechos de los ciudadanos. En este marco otra de las contiendas que protagonizaron los profesionales durante el 2011 fue contra quienes avanzaban en la instalación del patrocinio profesional gratuito.
Distintos proyectos de ley buscaron instalar el concepto de patrocinio profesional gratuito para la labor de abogados, escribanos y contadores, frente a lo cual el estamento de los letrados no tardó en reaccionar.
Lo cierto es que el sector de los profesionales de la abogacía puso el grito en el cielo ante la batería de proyectos que presentó el diputado bonaerense Iván Budassi, presidente de la Comisión de Asociaciones, Federaciones y Colegios Profesionales, quien dio a conocer dos proyectos de ley para establecer un consultorio profesional gratuito, que funcione dentro de los consejos profesionales de Ciencias Económicas de la provincia.
La iniciativa buscaba que se atendiera sin cargo a personas de limitada capacidad económica, y a entidades y asociaciones de bajos recursos que, con su tarea solidaria, contribuyan al mejoramiento de las condiciones sociales de la comunidad.
Asimismo, se buscó ampliar la cobertura gratuita que brindan actualmente los colegios de abogados departamentales, para amparar también a estas personas jurídicas de escasa capacidad económica que realicen tareas de bien público.
“Estos proyectos atentan contra la ya deteriorada demanda de trabajo para un importante universo de colegas que no tienen ingresos fijos mensuales, situación agravada por la gran sobreoferta de profesionales que existe que importa un gravísimo problema no sólo de nuestra profesión. Esto es una dura realidad insoslayable para quienes pretenden convertir en ley este tipo de proyectos legislativos que no pueden omitir evaluar antes de pedir que los profesionales trabajen gratis”, explicó Cozzi oportunamente, sobre los proyectos que finalmente quedaron en el camino.


LEY DE HONORARIOS. 


“Los honorarios no sólo están devaluados sino que también hay una subestimación de nuestro trabajo por parte de los jueces que no puede continuar. Los jueces pueden discrecionalmente moverse dentro de determinados parámetros y siempre nos aplican los mínimos”, definió a BAE el titular de la Agrupación Gente de Derecho, Jorge Rizzo, y advirtió que el año entrante se espera avanzar con una ley que escape a los azotes inflacionarios.
Así, se espera que en el 2012 el diputado Jorge Rivas ponga nuevamente a consideración de los diputados el proyecto de ley que impulsa el colegio público –que cuenta con el apoyo de los colegios de abogados del interior del país, del Consejo Profesional de Ciencias Económicas y del Colegio de Escribanos– en el que se apunta, principalmente a lograr una legislación con proyección en el tiempo, que contemple sumas fijas actualizadas.
Concretamente, el proyecto de ley busca actualizar la regulación de honorarios establecida por una ley que rige desde la época de Martínez de Hoz, cuya situación fue agravada en 1991 cuando el entonces presidente Carlos Menem y su ministro de Economía, Domingo Cavallo, impusieron, mediante la ley 24.432, una serie de cambios empezando por dejar sin efecto el concepto de orden público establecido en materia de aranceles, escalas o tarifas que fijen honorarios, entre otras serias modificaciones. En este marco y ante la existencia de “honorarios irrisorios que en casos han alcanzado a regularse en $50”, argumenta Cozzi, se avanza sobre un proyecto de ley que busca principalmente evitar las arbitrariedades en el cálculo de un canon que tiene carácter alimentario.
Para esto, la iniciativa plantea la aplicación de una unidad de medida arancelaria donde se determinarán los honorarios a través de un cálculo equivalente al 1,5% de la remuneración total asignada a un juez de primera instancia, lo cual regirá tanto para la actividad judicial como para la extrajudicial permitiendo de esa forma un cálculo objetivo que no sea alcanzado por la inflación del tiempo.
Se plantea también la actualización monetaria, la restitución del orden público de la ley, la garantía de que los honorarios del profesional sean considerados inembargables, alimentarios; asimismo se propone que se puedan celebrar pactos de cuotalitis o convenios de honorarios en cuestiones previsionales y en asuntos que involucren cuestiones alimentarias y a menores, estableciendo para tales casos un tope máximo del 20% del monto a percibir por el demandante. Para el caso de cambio de patrocinio y representación, el profesional desplazado podrá adquirir la calidad de parte para actuar en la protección de sus derechos a la regulación de honorarios.
INCUMBENCIAS. Desde el colegio público destacan la necesidad de recuperar la posibilidad de ser síndicos en las quiebras así como exigir el patrocino jurídico obligatorio a los síndicos pues –advierten– ninguna razón hay para que no lo tengan como cualquier otro litigante y más aún tratándose del ámbito de un concurso o una quiebra con multiplicidad de intereses y planteos jurídicos.
También en orden a las incumbencias, Rizzo sostuvo que desde el colegio “se está analizando un proyecto para presentar ante el Gobierno de la Ciudad para que determine que cualquier persona deba presentarse ante el Tribunal de Faltas asistido por un abogado; quien no lo pueda procurar que recurra a un cuerpo de abogados defensores, o bien que el colegio se los provea”.
Desde el foco de la provincia de Buenos Aires, el presidente del Colegio de Lomas de Zamora, Diego Molea, destacó que “el resguardo y la ampliación de las incumbencias constituyen una tarea primordial que realizamos con total convicción.
Después de algunos años de peticionar por su implementación, la mediación civil obligatoria fue un gran triunfo de la abogacía.
Significa una expansión de nuestro campo laboral que ofrece más oportunidades para todos”.
En este plano, el abogado explicó que se avanzó en la creación de comisiones de seguimiento de la actividad judicial, de honorarios y de incumbencias profesionales, y señaló que desde Lomas “se dará pelea para demostrar que son las mayorías las que deben representar a los abogados en los distintos órganos de la colegiación provincial”. Asimismo, profundizó sobre la necesidad de avanzar para la democratización de la ley 5.177 –de ejercicio profesional de abogados y procuradores– “aggiornándola a los principios constitucionales que establecen la proporcionalidad y la participación de todos los sectores potencialmente involucrados, a diferencia del actual sistema vetusto y arcaico que sólo representa los viejos intereses de la colegiación”.


LEY DE MEDIACIÓN


“Entre los temas importantes que pasaron por el interés de la profesión, la reglamentación de la Ley de Mediación fue de gran relevancia porque era esperada por todos lo mediadores, fundamentalmente, pero también por todos los actores del sistema”, señaló Cozzi.
Lo cierto es que la reglamentación de la Ley de Mediación fue también un gran paso para los letrados dado que, entre otras cosas, define este proceso como obligatorio y estipula para esto la necesidad del patrocinio obligatorio de un abogado.
La ley 26.589, promulgada el 3 de mayo de 2010, establece “con carácter obligatorio la mediación previa a todo proceso judicial [?] que promoverá la comunicación directa entre las partes para la solución extrajudicial de la controversia”. No obstante, excluye del procedimiento a las acciones penales, las de separación personal y divorcio, nulidad de matrimonio, filiación, patria potestad y adopción.
La autoridad de aplicación será el Ministerio de Justicia, que establecerá los aranceles y matrícula previstos para los mediadores y creará también un “procedimiento de mediación prejudicial obligatoria gratuita” para facilitar el acceso al mecanismo a los particulares que no dispongan de recursos económicos.
Así, concluyó un 2011 de importantes luchas para la reivindicación y la defensa del rol y los derechos de profesionales que son un eslabón fundamental de la cadena judicial.
“El rol del abogado es importantísimo en el sistema, por lo tanto todas las políticas públicas que debemos llevar adelante tienen que tener una activa participación de los abogados y en eso los colegios profesionales son muy importantes. Creemos que ellos participan con nosotros activamente porque forman parte imprescindible del sistema”, sintetiza el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, marcando, tal vez, el rumbo que emprenderá el tribunal supremo en este nuevo período de gestión en el cual los abogados tienen algunas luchas aún pendientes.