10/01/2012 Página 12 - Nota - El País - Pag. 8
A propósito de la ley antiterrorista
Por Jorge Rivas *
En las últimas sesiones extraordinarias del Congreso Nacional, realizadas durante el pasado diciembre, el Poder Ejecutivo envió una serie de iniciativas legislativas, entre ellas una para modificar el Código Penal sobre prevención, investigación y sanción de actividades delictivas con finalidad terrorista. Para dar los principales motivos por los que el Gobierno impulsaba esta iniciativa, se hizo presente en una reunión conjunta de las comisiones de Derechos Humanos, Legislación Penal y Justicia, el ministro de Justicia y Derechos Humanos.
Los principales fundamentos que ofreció el ministro giraron en torno de la idea de que estábamos en presencia de un delito complejo y de que era necesario, para ser más eficientes a la hora de enfrentarlo, adecuar nuestra normativa interna a los más altos estándares internacionales, particularmente los de la región.Es bueno aclarar que el principal objeto de esta ley radica en el financiamiento del terrorismo internacional. Se trata de una ley eminentemente económica, que bien podríamos poner en sintonía con la 26.683, que sanciona el lavado de activos.
Como miembro de las comisiones de Legislación Penal y de Derechos Humanos, firmé el dictamen de mayoría en disidencia parcial y voté en el recinto la ley en general. Me parece bueno aclarar que mi disidencia parcial pasaba por cuestiones técnicas. Por ejemplo, no me parece feliz la idea de agregar una nueva agravante en la parte general del código y también me parece que el tipo penal podría ser más preciso, o menos abierto.
De todos modos, las razones políticas, antes mencionadas, que dio el Gobierno para impulsar esta ley me parecieron atendibles. Además, para cerrar la posibilidad de que por medio de una interpretación antojadiza algún juez pretendiera torcer el verdadero objeto o espíritu de la ley, el propio Ejecutivo accedió a agregar a la primera versión del proyecto, expresamente, el siguiente concepto: “Las agravantes previstas en este artículo no se aplicarán cuando el o los hechos de que se trate tuvieren lugar en ocasión del ejercicio de derechos humanos y/o sociales o de cualquier otro derecho constitucional”. Hasta aquí la historia objetiva del trámite parlamentario, que en la Cámara de Diputados terminó dándole la media sanción al proyecto que una semana después el Senado convertiría en ley.
Muchas fueron las voces que se hicieron oír en contra de esta iniciativa. Y si algunas de ellas expresaron opiniones muy respetables, y sus críticas resultaron muy serias y atendibles, la mayoría fue formulada por impresentables opositores, que empecinadamente cirujean por el escenario político tratando de encontrar una hendija para tratar de erosionar al Gobierno con mentiras. En ese marco he leído opiniones que, además de ofender a la inteligencia, demuestran simplemente la falta de lectura del texto de la ley.
Los disparates van desde que con está ley se pretende criminalizar y reprimir la protesta social, pasando por disciplinar a la prensa, hasta llegar a decir que es una herramienta legal para perseguir a los que tengan un pensamiento distinto del oficial. Las últimas elecciones demostraron, entre otras cosas, la suerte que corren en democracia las críticas desmesuradas, las imputaciones falsas y los brulotes mediáticos, pero evidentemente algunos no entendieron nada, e insisten, convencidos de que por ese camino les va a creer alguien. Por mi parte estoy seguro de que la ley es mejorable, como también lo estoy de que el de la infamia no es el mejor camino para corregirla.
✱ Diputado socialista del bloque del FpV.
05/01/2012
Página 12 - Nota - El País - Pag. 3
La operación en Twitter
- Amado Boudou, vicepresidente: "La intervención resultó sin inconvenientes y sin complicaciones. Gracias a todos por el apoyo".
- Alicia Kirchner, ministra de Desarrollo Social: "Agradezco a todo el pueblo que nos acompaña! Fuerza Cristina! Gracias a todos!".
- Aníbal Fernández, senador Frente para la Victoria: "Gracias a Dios concluyó sin complicación la intervención quirúrgica que se realizó en el Hospital Austral".
- Nilda Garré, ministra de Seguridad: "Fuerza Cristina, estamos más presentes que nunca. Pronta recuperación".
- Débora Giorgi, ministra de Industria: "Afortunadamente la intervención concluyó en forma exitosa, y ahora hay que seguir acompañando a Cristina y darle todo nuestro apoyo para que se recupere de la mejor manera".
- Julio Piumato, dirigente de la CGT: "Ya estaría por comenzar la operación a la Presidenta. Todo un pueblo confiado en su pronta recuperación".
- Luis D'Elía, líder de la Federación Tierra y Vivienda: "Buen día para todos y con la absoluta convicción de que la intervención quirúrgica de Cristina Fernández va a salir muy bien".
- Eric Calcagno, diputado nacional FpV: "La fuerza de un país junto a Cristina. Vamos Presidenta!"
- Ricardo Alfonsín, diputado UCR: "Nos alegra el resultado de la operación de la Presidenta. Le enviamos un saludo y nuestros deseos de una pronta recuperación".
- Sergio Urribarri, gobernador de Entre Ríos: "Se lo dije Presidenta, todo va a salir bien por usted, por su familia y por nuestro amado país. Animo! Un abrazo grande".
- José Manuel de la Sota, gobernador de Córdoba: "Le deseo a la señora Presidenta una pronta recuperación. El país la necesita. Toda mi solidaridad para ella y su familia".
- José Luis Gioja, gobernador de San Juan: "La Presidente salió bien del quirófano y es una gran alegría para todos los argentinos y en especial los miles de sanjuaninos que siempre la recibieron como una comprovinciana más".
- Horacio Rodríguez Larreta, jefe de Gabinete porteño: "Muy buena noticia! La operación fue un éxito. Ahora mucha fuerza para una pronta recuperación".
- Diego Santilli, ministro de Espacio Público porteño: "Gracias a Dios la operación fue un éxito. Le deseo una pronta recuperación".
- Margarita Stolbizer, diputada nacional GEN: "Deseos de pronta mejoría a la Presidenta. Para que pueda pronto dejar sin efecto el DNU de ajuste y atropello a los empleados públicos".
- Jorge Rivas, diputado socialista K: "Cristina enfrenta el desafío con fuerza y serenidad. Y además de sus propios recursos anímicos, sabe que tiene el afecto y el apoyo de millones de ciudadanos".
- Martín Redrado, ex presidente del Banco Central: "Dejando hoy la política de lado, le envío toda la fuerza a Cristina para una pronta recuperación".
- Luciana Salazar, cantante y vedette: "Todo mi cariño para Cristina en este día. Fuerza".
04/01/2012 BAE - Nota - Sup. Judicial - Pag. 1
LA LUCHA DE LOS ABOGADOS EN DEFENSA DE LA PROFESIÓN
El 2011 no sólo fue un año de intensa reforma judicial, sino también un período en el que el estamento de los abogados emprendió importantes luchas en pos de la revalorización de la profesión. La búsqueda de una ley de honorarios, la defensa de las incumbencias y el patrocinio jurídico obligatorio son temas sobre los cuales los letrados buscarán resolución en el 2012
SABRINA SANTOPINTO judicial@buenosaireseconomico.com
“Es impensable desconocer la necesaria importancia de la presencia del abogado como garantía del debido proceso, acceso a la Justicia y la defensa de los derechos”; así el presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, Eugenio Cozzi, sintetizó tal vez una de las mayores contiendas libradas por el estamento abogadil en el 2011: la necesaria participación de los abogados en los procesos de la Justicia.
En este plano mucho se ha hablado y debatido sobre distintos proyectos que buscan simplificar procesos jurídicos, dejando fuera de ellos la representación y asistencia por parte de los abogados.
Hace tiempo se discute en el Congreso un proyecto del diputado Gustavo Ferrari acompañado por Laura Alonso y Ricardo Gil Lavedra, entre otros, incluso desde el Consejo de la Magistratura por el consejero Ricardo Recondo, sobre la creación de juzgados de menor cuantía que tiendan a solucionar temas de resolución simple entre los ciudadanos, dejando fuera de esta secuencia la representación de los abogados, sólo rigiéndose el procedimiento judicial a través de la intervención de un magistrado.
“La discusión en torno del proyecto de pequeños juicios, en los que se pretendía prescindir del patrocinio jurídico obligatorio, mereció toda nuestra atención, pues bajo la aparente mención a la ‘menor cuantía’ se escondía una innumerable cantidad de asuntos en los que se pretendía prescindir de los abogados y de asistencia letrada a las partes, ampliando la discrecionalidad de los jueces e incluso de quien promovía la demanda, que estaban francamente plagados de arbitrariedades”, destacó Cozzi, y se manifestó en contra de esta iniciativa dado que “donde se ponen en juego derechos y obligaciones de los ciudadanos y se pretenda de ellos que asuman responsabilidades los asista o no el derecho, allí debe haber un abogado que los asesore convenientemente para que sepan qué hacer”.
PATROCINIO JURÍDICO. Lo cierto es que muchos especialistas coinciden en un punto fundamental: la necesidad de que un abogado garantice la defensa de los derechos de los ciudadanos. En este marco otra de las contiendas que protagonizaron los profesionales durante el 2011 fue contra quienes avanzaban en la instalación del patrocinio profesional gratuito.
Distintos proyectos de ley buscaron instalar el concepto de patrocinio profesional gratuito para la labor de abogados, escribanos y contadores, frente a lo cual el estamento de los letrados no tardó en reaccionar.
Lo cierto es que el sector de los profesionales de la abogacía puso el grito en el cielo ante la batería de proyectos que presentó el diputado bonaerense Iván Budassi, presidente de la Comisión de Asociaciones, Federaciones y Colegios Profesionales, quien dio a conocer dos proyectos de ley para establecer un consultorio profesional gratuito, que funcione dentro de los consejos profesionales de Ciencias Económicas de la provincia.
La iniciativa buscaba que se atendiera sin cargo a personas de limitada capacidad económica, y a entidades y asociaciones de bajos recursos que, con su tarea solidaria, contribuyan al mejoramiento de las condiciones sociales de la comunidad.
Asimismo, se buscó ampliar la cobertura gratuita que brindan actualmente los colegios de abogados departamentales, para amparar también a estas personas jurídicas de escasa capacidad económica que realicen tareas de bien público.
“Estos proyectos atentan contra la ya deteriorada demanda de trabajo para un importante universo de colegas que no tienen ingresos fijos mensuales, situación agravada por la gran sobreoferta de profesionales que existe que importa un gravísimo problema no sólo de nuestra profesión. Esto es una dura realidad insoslayable para quienes pretenden convertir en ley este tipo de proyectos legislativos que no pueden omitir evaluar antes de pedir que los profesionales trabajen gratis”, explicó Cozzi oportunamente, sobre los proyectos que finalmente quedaron en el camino.
LEY DE HONORARIOS.
“Los honorarios no sólo están devaluados sino que también hay una subestimación de nuestro trabajo por parte de los jueces que no puede continuar. Los jueces pueden discrecionalmente moverse dentro de determinados parámetros y siempre nos aplican los mínimos”, definió a BAE el titular de la Agrupación Gente de Derecho, Jorge Rizzo, y advirtió que el año entrante se espera avanzar con una ley que escape a los azotes inflacionarios.
Así, se espera que en el 2012 el diputado Jorge Rivas ponga nuevamente a consideración de los diputados el proyecto de ley que impulsa el colegio público –que cuenta con el apoyo de los colegios de abogados del interior del país, del Consejo Profesional de Ciencias Económicas y del Colegio de Escribanos– en el que se apunta, principalmente a lograr una legislación con proyección en el tiempo, que contemple sumas fijas actualizadas.
Concretamente, el proyecto de ley busca actualizar la regulación de honorarios establecida por una ley que rige desde la época de Martínez de Hoz, cuya situación fue agravada en 1991 cuando el entonces presidente Carlos Menem y su ministro de Economía, Domingo Cavallo, impusieron, mediante la ley 24.432, una serie de cambios empezando por dejar sin efecto el concepto de orden público establecido en materia de aranceles, escalas o tarifas que fijen honorarios, entre otras serias modificaciones. En este marco y ante la existencia de “honorarios irrisorios que en casos han alcanzado a regularse en $50”, argumenta Cozzi, se avanza sobre un proyecto de ley que busca principalmente evitar las arbitrariedades en el cálculo de un canon que tiene carácter alimentario.
Para esto, la iniciativa plantea la aplicación de una unidad de medida arancelaria donde se determinarán los honorarios a través de un cálculo equivalente al 1,5% de la remuneración total asignada a un juez de primera instancia, lo cual regirá tanto para la actividad judicial como para la extrajudicial permitiendo de esa forma un cálculo objetivo que no sea alcanzado por la inflación del tiempo.
Se plantea también la actualización monetaria, la restitución del orden público de la ley, la garantía de que los honorarios del profesional sean considerados inembargables, alimentarios; asimismo se propone que se puedan celebrar pactos de cuotalitis o convenios de honorarios en cuestiones previsionales y en asuntos que involucren cuestiones alimentarias y a menores, estableciendo para tales casos un tope máximo del 20% del monto a percibir por el demandante. Para el caso de cambio de patrocinio y representación, el profesional desplazado podrá adquirir la calidad de parte para actuar en la protección de sus derechos a la regulación de honorarios.
INCUMBENCIAS. Desde el colegio público destacan la necesidad de recuperar la posibilidad de ser síndicos en las quiebras así como exigir el patrocino jurídico obligatorio a los síndicos pues –advierten– ninguna razón hay para que no lo tengan como cualquier otro litigante y más aún tratándose del ámbito de un concurso o una quiebra con multiplicidad de intereses y planteos jurídicos.
También en orden a las incumbencias, Rizzo sostuvo que desde el colegio “se está analizando un proyecto para presentar ante el Gobierno de la Ciudad para que determine que cualquier persona deba presentarse ante el Tribunal de Faltas asistido por un abogado; quien no lo pueda procurar que recurra a un cuerpo de abogados defensores, o bien que el colegio se los provea”.
Desde el foco de la provincia de Buenos Aires, el presidente del Colegio de Lomas de Zamora, Diego Molea, destacó que “el resguardo y la ampliación de las incumbencias constituyen una tarea primordial que realizamos con total convicción.
Después de algunos años de peticionar por su implementación, la mediación civil obligatoria fue un gran triunfo de la abogacía.
Significa una expansión de nuestro campo laboral que ofrece más oportunidades para todos”.
En este plano, el abogado explicó que se avanzó en la creación de comisiones de seguimiento de la actividad judicial, de honorarios y de incumbencias profesionales, y señaló que desde Lomas “se dará pelea para demostrar que son las mayorías las que deben representar a los abogados en los distintos órganos de la colegiación provincial”. Asimismo, profundizó sobre la necesidad de avanzar para la democratización de la ley 5.177 –de ejercicio profesional de abogados y procuradores– “aggiornándola a los principios constitucionales que establecen la proporcionalidad y la participación de todos los sectores potencialmente involucrados, a diferencia del actual sistema vetusto y arcaico que sólo representa los viejos intereses de la colegiación”.
LEY DE MEDIACIÓN
“Entre los temas importantes que pasaron por el interés de la profesión, la reglamentación de la Ley de Mediación fue de gran relevancia porque era esperada por todos lo mediadores, fundamentalmente, pero también por todos los actores del sistema”, señaló Cozzi.
Lo cierto es que la reglamentación de la Ley de Mediación fue también un gran paso para los letrados dado que, entre otras cosas, define este proceso como obligatorio y estipula para esto la necesidad del patrocinio obligatorio de un abogado.
La ley 26.589, promulgada el 3 de mayo de 2010, establece “con carácter obligatorio la mediación previa a todo proceso judicial [?] que promoverá la comunicación directa entre las partes para la solución extrajudicial de la controversia”. No obstante, excluye del procedimiento a las acciones penales, las de separación personal y divorcio, nulidad de matrimonio, filiación, patria potestad y adopción.
La autoridad de aplicación será el Ministerio de Justicia, que establecerá los aranceles y matrícula previstos para los mediadores y creará también un “procedimiento de mediación prejudicial obligatoria gratuita” para facilitar el acceso al mecanismo a los particulares que no dispongan de recursos económicos.
Así, concluyó un 2011 de importantes luchas para la reivindicación y la defensa del rol y los derechos de profesionales que son un eslabón fundamental de la cadena judicial.
“El rol del abogado es importantísimo en el sistema, por lo tanto todas las políticas públicas que debemos llevar adelante tienen que tener una activa participación de los abogados y en eso los colegios profesionales son muy importantes. Creemos que ellos participan con nosotros activamente porque forman parte imprescindible del sistema”, sintetiza el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, marcando, tal vez, el rumbo que emprenderá el tribunal supremo en este nuevo período de gestión en el cual los abogados tienen algunas luchas aún pendientes.
Suplemento Suburbano | 03/01/2012
TRAS ENCUENTRO CON RIVAS
Organizaciones de base se suman al socialismo
Cuatro agrupaciones pertenecientes a organizaciones sociales del Conurbano bonaerense anunciaron su incorporación al Socialismo para la Victoria (SpV), tras mantener un encuentro con el diputado nacional Jorge Rivas, principal referente del espacio.
Según anunciaron desde el SpV, fuerza aliada al kirchnerismo, se trata de las organizaciones “Trabajadores de Base”, de Lanús y Lomas de Zamora; “Lanús de Pie”, de Lanús; el “MUP 20 de Diciembre”, de Florencio Varela y el “Movimiento Aníbal Verón Clasista”, con inserción en Quilmes y Almirante Brown.
Partido de unidad
Los integrantes de los distintos espacios mantuvieron una reunión con Jorge Rivas, a quien manifestaron su decisión de “incorporarse como frente a la construcción del Partido Unidad Socialista para la Victoria y llamar a los compañeros y compañeras del campo popular a sumarse a esta nueva herramienta”, según expresaron.
Durante la reunión, los integrantes de las cuatro organizaciones que se incorporan al SpV, del cual también es referente el secretario de Relaciones Parlamentarias Oscar González, reconocieron los avances del gobierno nacional y llamaron a “profundizar las políticas sociales para que de acá en adelante ningún argentino sea excluido o marginado”.
