"La nómina de acreedores que figura en la causa muestra un pasivo de 99.345,2 millones de pesos"
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VICENTÍN: Descalabro y rescate
OPINIÓN | POLÍTICA
Autor:
JORGE RIVAS
Publicada eljueves 18 junio 2020
Vicentín, ese gran conglomerado agroindustrial de empresas, gigantesco exportador de granos, legumbres, harinas y aceites vegetales que emplea a alrededor de 6.000 trabajadores, como suele suceder no solo en la Argentina, se ha desarrollado a la sombra de un pasado opaco.
Durante la última dictadura entregó a 16 delegados sindicales de la empresa a los represores del Terrorismo de Estado, esos trabajadores continúan desaparecidos. Como contrapartida, se benefició con la estatización de las deudas privadas que Domingo Felipe Cavallo pergeñó cuando era presidente del Banco Central en 1982, durante los últimos días de la dictadura.
A fines del año pasado, sin embargo, la empresa entró en cesación de pagos aduciendo "estrés financiero" y se presentó en convocatoria de acreedores ante un juzgado de Reconquista, provincia de Santa Fe. La nómina de acreedores que figura en la causa muestra un pasivo de 99.345,2 millones de pesos, más del 60 % corresponde a deuda financiera, el resto del tendal lo componen miles de pequeños y medianos productores agropecuarios. Solo en Córdoba adeuda 5.200 millones de pesos a 518 proveedores. El Estado argentino es el principal acreedor de Vicentín, que le debe 18.000 millones de pesos al Banco Nación y más de 1.500 millones a la Afip.
Un párrafo aparte merece la manifiesta irregularidad de los préstamos otorgados a la empresa por el Banco Nación, que derivaron en la imputación a su presidente Javier González Fraga, y a los principales directivos de la empresa por presunta defraudación al Estado. Como botón de muestra,solo voy a mencionar que en el mes de noviembre pasado, luego de haber perdido Macri las PASO, se le otorgaron 28 créditos (casi uno por día), que todos sumados equivalen a 87 millones de dólares.
Es en este contexto que el Gobierno decide rescatar a la empresa, que va camino a la quiebra y para ello va a hacer uso del remedio constitucional de la expropiación. Primero, como manda la ley, se dispuso su intervención y ahora es el Congreso, tal como establece la Constitución Nacional, el que deberá declararla sujeto de expropiación.
No es casual que tanto sus trabajadores como los productores acreedores de la empresa aplaudan la intervención del Estado. Saben que si eso no ocurriera, la quiebra sería inevitable, se perderían los 6.000 puestos de trabajo y los más de 2.600 productores jamás cobrarían sus deudas.
Además, según explicó el Presidente el día en que anunció la intervención, el objetivo de rescatar a la empresa también es que cumpla el rol de "empresa testigo en la comercialización de granos y en la producción de alimentos, que tendrá una relevancia singular luego de la pandemia".
Estoy convencido de que esta decisión del Gobierno Nacional y Popular se debe enmarcar en el trabajoso desafío de construir una sociedad mejor, más justa y más digna. Desafío que solo es realizable si empezamos por asumir con realismo el nivel de desquicio que nos ha dejado el macrismo. Vicentín es solo una muestra de ese descalabro.
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