INFONEWS: Referentes políticos y sociales celebran el fallo de la Corte

El gobernador Daniel Scioli consideró que el fallo de la Corte "es la certidumbre definitiva sobre un tema que estaba pendiente". Julián Domínguez, Hebe de Bonafini, Agustín Rossi y Jorge Rivas, algunos de los que expresaron su satisfacción.

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Tras conocerse la noticia de la declaración de constitucionalidad de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, varios referentes políticos y sociales celebraron y expresaron su satisfacción por el fallo de la Corte Suprema.

En ese sentido, la titular de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, aseguró que el fallo "es un nuevo paso hacía la libertad, esa libertad tan ansiada que todos los argentinos necesitamos", por eso "las Madres estamos muy felices de haber conseguido algo por lo cual luchamos tanto y por eso decimos: Gracias Néstor, gracias Cristina, gracias Mariotto y gracias Sabbatella". 

En tanto el gobernador bonaerense, Daniel Scioli, afirmó hoy el fallo de la Corte Suprema de Justicia sobre la constitucionalidad de la ley de Comunicación Audiovisual "es la certidumbre definitiva sobre un tema que estaba pendiente".

Por su parte, el diputado socialista Jorge Rivascalificó al hecho como "una gran victoria de la democracia, de la libertad de expresión, del pluralismo sobre los mezquinos intereses corporativos que trataron de cerrar el camino a una norma ejemplarmente debatida y sancionada por las instituciones que expresan la voluntad popular”.

“Nunca tuvimos dudas acerca de la constitucionalidad de la ley de Medios, como tampoco las tuvieron los que intentaron frenarla con zancadillas, argucias insostenibles y con complicidad de ciertos sectores del Poder Judicial”, remarcó.

"Es un triunfo de todo el pueblo argentino porque la Ley de Medios es una construcción colectiva", sostuvo a su vez  el Ministro de Defensa, Agustín Rossi.

En ese sentido explicó: “Es la resultante de casi 30 años de lucha militante de la Coalición por una Radiodifusión Democrática, de muchísimos intelectuales y periodistas, de docentes universitarios, de dirigentes políticos y gremiales”.

Desde el Frente Unidos y Organizados por la Soberanía Popular y la Tupac Amaru, Milagro Salaexpresó la alegría por dicha resolución. Finalmente "la democracia le ganó a las operaciones de los grandes grupos económicos" y en cuanto al tratamiento que tuvo la norma, consideró: "Entendemos que la formulación de esta normativa es un ejemplo en lo que a participación ciudadana se refiere", dijo.

Desde la Tupac Amaru indicaron: "Compartimos esta ley por todos los avances que implica en cuanto a garantizar la preservación y promoción de la identidad y los valores culturales de los pueblos originarios; por garantizar la pluralidad y diversidad de voces gracias al acceso a las licencias por parte de las organizaciones sin fines de lucro, antes excluidas de dicha posibilidad". 

Del mismo modo lo hizo el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Julián Domínguez, quien afirmó que el fallo "configura un triunfo en la larga lucha por la democratización de la comunicación audiovisual, que es decir la democratización de la palabra y de la imagen”.

“La ley 26.522, que recorrió todos los espacios de la sociedad civil para obtener su legitimación social, previo a que el proyecto fuera enviado por Presidencia de la Nación al Poder Legislativo, y que fuera aprobado con amplias mayorías en ambas Cámaras del Congreso de la Nación, ha concluido con su legitimación jurídica”, afirmó.

La decana de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad de La Plata,Florencia Saintout, dijo que el fallo de la Corte "es para festejar". "Hay que estar muy contentos, hay que festejar que finalmente esta ley es posible. Los que luchamos para esta ley lo celebramos", dijo Saintout en diálogo con la TV Pública.

"También yo creo que hay que pensar que pasaron casi cuatro años en los que la ley ha estado parada. Hay que pensar también en una justicia que esté atenta a los derechos de los ciudadanos y menos atenta a defender los privilegios de ciertos sectores minoritarios", expresó la docente e investigadora.

Por su parte el abogado constitucionalista Eduardo Barcesat expresó su satisfacción por este pronunciamiento. “Es una forma de validar la tarea del gobierno, del Congreso de cambiar la ley de medios de la dictadura militar. Es una demostración de que se aplica el artículo 42 incorporado en la reforma constitucional que establece el control de los monopolios y el deber de que exista información plural y acceso a la palabra”.

El abogado consideró además que “estos valores seguramente inspiraron el fallo de la corte. No estaba en juego la libertad de expresión si no los intereses de un grupo monopólico”.

INFOBAE: El proyecto nacional, popular y democrático dio un gran paso adelante

En las sociedades contemporáneas, los grandes grupos concentrados no sólo tienen el monopolio del poder y del dinero. También tienen, inseparable, el monopolio de la información. Que es como decir el de la palabra, de la palabra que puede llegar a las multitudes e influir en sus aspiraciones, en sus temores, en sus decisiones. Sucede, por supuesto, también en la Argentina. Concretamente, con las empresas dominantes en el ámbito de los medios de comunicación de masas.

Por eso acompañamos desde el principio el proceso que desembocó en la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, más conocida como Ley de Medios. “El apoderamiento de la información por parte de unos pocos grupos monopólicos -decíamos entonces- ha sido y es un límite de hierro para la profundización de la democracia en la Argentina”.

Estábamos seguros de que la liquidación del régimen de radiodifusión impuesto por la última dictadura, y su remplazo por una norma que cerrara el camino al acaparamiento de medios por parte de un puñado de poderosos, que abriera espacios de expresión a sectores amplios de la comunidad, que protegiera el derecho de los ciudadanos a una información plural, no debía demorarse más.

En aquel momento, algunos sectores de la oposición política y de la mediática  fundaban su rechazo al proyecto oficial en una presunta defensa de la libertad de expresión, lo que constituía un evidente contrasentido. Recuerdo que una dirigente conocida por sus desatinadas profecías llegó a decir que no vacilaría en apoyar a los “llamados grupos económicos” en aras de esa libertad. Lo señalamos como una confesión disfrazada y vergonzante, y lo seguimos haciendo.

La sanción de la norma fue precedida por un largo proceso de debate público que demostró sobradamente que la ley no sería una ley K, como pretendía y sigue pretendiendo una propaganda tan insidiosa como infundada, sino una norma forjada colectivamente, con la participación y la adhesión de amplios sectores de la ciudadanía y de prácticamente todos los actores de la comunicación social que actúan con independencia de los grandes monopolios.

El Grupo Clarín, paradigma en el país de la concentración de medios, y virtual cabeza de la oposición, inició de inmediato una batalla judicial, que se sumó a la propagandística y política, para impedir la aplicación de la norma. La alegación de inconstitucionalidad fue finalmente barrida por el fallo de la Corte Suprema.

Desde ya que la mera vigencia de una norma no transforma necesariamente la realidad. Los poderes afectados van a oponer mil y un artilugios de todo orden para atenuar o anular los efectos de la ley. Va a hacer falta que una movilización ciudadana aún mayor que la que protagonizó el proceso de elaboración y sanción de la ley acompañe ahora, y empuje, su auténtica puesta en práctica.

Y va a hacer falta también que respaldemos al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner frente a los embates con que los grupos mediáticos y empresariales seguramente van a tratar de seguir embarrando la cancha. Es mucho lo que está en juego. Según la Corte, seguir permitiendo la concentración de medios audiovisuales y renunciar a su regulación, “sería simple y sencillamente un suicidio cultural”.

La aplicación de la ley, sin más dilaciones y en toda su profundidad, para que la sociedad que la respaldó desde el principio se beneficie con todos sus efectos, sería lo contrario de ese suicidio. Contribuiría, en cambio, a la ampliación de derechos y a la igualdad, objetivos centrales del proyecto nacional, popular y democrático, que acaba de dar un gran paso adelante.